Los partidos políticos definieron la ponencia con la que arrancará el diseño de la ley que reglamente el fuero militar. Según el documento conocido por Semana.com las Fuerzas Militares tendrán “reglas claras” en su acción contra los grupos armados ilegales. Todo para que la tropa tenga claridad en qué momento pueden atacar con seguridad a los ilegales.
La principal controversia de la reforma está en la conducta de los falsos positivos. Organizaciones defensoras de Derechos Humanos y hasta la relatora de la ONU en la materia, Navy Pillay, alertaron ante la posibilidad de que la reforma pueda favorecer la impunidad de estas irregularidades si llegaran a ser tipificadas como un acto propio del servicio. A este reclamo se añade la posibilidad de que los militares sean juzgados por los tribunales de la justicia penal militar.
La conducta denominada como “falsos positivos” no está tipificada en el actual código penal por lo que los partidos políticos acordaron definirla en esta nueva ley para que las Fuerzas Militares tengan claridad en qué casos incurrirían en esta conducta.
Los congresistas decidieron incorporar en la legislación colombiana el delito de “ejecución extrajudicial” y definieron la conducta de la siguiente forma:
“El agente del Estado que en ejercicio de sus funciones matare a una persona fuera de combate incurrirá en prisión de 30 a 50 años de cárcel. Y se entenderá como “fuera de combate toda persona que esté en poder del agente del Estado, esté inconsciente, ha naufragado, esté herida o enferma, y no pueda por ello defenderse. También la persona que se haya rendido y haya dejado las armas”.
También se tipifica como ‘ejecución extrajudicial’ la acción en que un agente del Estado ponga a una persona civil en absoluta indefensión.
El proyecto también deja claro que las ejecuciones extrajudiciales “no pueden ser de conocimiento” de la justicia penal militar. Su jurisdicción será exclusiva de la justicia ordinaria.
Con estos artículos el senador Juan Manuel Galán, coordinador del proyecto, cree haber encontrado la fórmula para evitar impunidad en los casos de falsos positivos.
“Para tratar de corregir estos efectos hemos decidido acoger los elementos esenciales de la definición del delito de ejecución extrajudicial, extraída del Estudio del Comité Internacional de la Cruz Roja y ajustarla a lo previsto en el artículo 3 Común a los Protocolos de Ginebra. Semejante remisión, creemos, envía un mensaje en la dirección deseada y solemniza un claro propósito de no impunidad, compartido sin vacilación por el Gobierno Nacional”, se resalta en el texto.
La próxima semana se conocerá la suerte de este proyecto y las posibles modificaciones a la ponencia del senador liberal quien busca cerrar con una ley el trágico capítulo de los falsos positivos en el país.
23 de mayo de 2013
©semana

http://www.semana.com/nacion/articulo/congreso-definio-delito-falso-positivo/344114-3

Col ddhh para asesinatosselectivos ejecuciones
[Colombia] [Congreso definió el delito de ‘falso positivo’. Esta es la ponencia del fuero militar que se discutirá la próxima semana en el Capitolio. El proyecto también deja claro que las ejecuciones extrajudiciales “no pueden ser de conocimiento” de la justicia penal militar.]
Los partidos políticos definieron la ponencia con la que arrancará el diseño de la ley que reglamente el fuero militar. Según el documento conocido por Semana.com las Fuerzas Militares tendrán “reglas claras” en su acción contra los grupos armados ilegales. Todo para que la tropa tenga claridad en qué momento pueden atacar con seguridad a los ilegales.
La principal controversia de la reforma está en la conducta de los falsos positivos. Organizaciones defensoras de Derechos Humanos y hasta la relatora de la ONU en la materia, Navy Pillay, alertaron ante la posibilidad de que la reforma pueda favorecer la impunidad de estas irregularidades si llegaran a ser tipificadas como un acto propio del servicio. A este reclamo se añade la posibilidad de que los militares sean juzgados por los tribunales de la justicia penal militar.
La conducta denominada como “falsos positivos” no está tipificada en el actual código penal por lo que los partidos políticos acordaron definirla en esta nueva ley para que las Fuerzas Militares tengan claridad en qué casos incurrirían en esta conducta.
Los congresistas decidieron incorporar en la legislación colombiana el delito de “ejecución extrajudicial” y definieron la conducta de la siguiente forma:
“El agente del Estado que en ejercicio de sus funciones matare a una persona fuera de combate incurrirá en prisión de 30 a 50 años de cárcel. Y se entenderá como “fuera de combate toda persona que esté en poder del agente del Estado, esté inconsciente, ha naufragado, esté herida o enferma, y no pueda por ello defenderse. También la persona que se haya rendido y haya dejado las armas”.

También se tipifica como ‘ejecución extrajudicial’ la acción en que un agente del Estado ponga a una persona civil en absoluta indefensión.
El proyecto también deja claro que las ejecuciones extrajudiciales “no pueden ser de conocimiento” de la justicia penal militar. Su jurisdicción será exclusiva de la justicia ordinaria.
Con estos artículos el senador Juan Manuel Galán, coordinador del proyecto, cree haber encontrado la fórmula para evitar impunidad en los casos de falsos positivos.
“Para tratar de corregir estos efectos hemos decidido acoger los elementos esenciales de la definición del delito de ejecución extrajudicial, extraída del Estudio del Comité Internacional de la Cruz Roja y ajustarla a lo previsto en el artículo 3 Común a los Protocolos de Ginebra. Semejante remisión, creemos, envía un mensaje en la dirección deseada y solemniza un claro propósito de no impunidad, compartido sin vacilación por el Gobierno Nacional”, se resalta en el texto.
La próxima semana se conocerá la suerte de este proyecto y las posibles modificaciones a la ponencia del senador liberal quien busca cerrar con una ley el trágico capítulo de los falsos positivos en el país.
23 de mayo de 2013
©semana
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El ministro en visita Jorge Zepeda dictó sentencia de primera instancia en la investigación por el secuestro calificado de Alfonso Chanfreau Oyarce, ocurrido a partir del 30 de julio de 1974.
A 10 años de cárcel fueron condenados ex director de la DINA, general (R) Manuel Contreras Sepúlveda, y los ex agentes, Marcelo Moren Brito, Ricardo Lawrence Mires y Miguel Krassnoff Martchenko.
Chanfreau, estudiante de filosofía de la Universidad de Chile y dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fue detenido por agentes de la DINA en su casa de la comuna de Independencia y trasladado al recinto de torturas de Londres 38.
Por su origen francés, fue uno de los casos que investigó la justicia de ese país europeo, que finalizó con un juicio en ausencia y condenas contra el fallecido general Augusto Pinochet y otros 18 militares chilenos.
En la sentencia del ministro Zepeda además aparece una pena de tres años de cárcel contra el ex agente de la DINA, Basclay Zapata Reyes, en calidad de cómplice, y se absolvió a otro ex uniformado, Gerardo Urrich González.
La causa comenzó con la ministra Gloria Olivares, que la investigó entre 1990 y 1992. En ese periodo llegó a citar e interrogar a 25 agentes de la DINA.
En ese periodo es trabada una contienda de competencia con la justicia militar y en diciembre de 1992 el caso pasa a la justicia militar, donde se sobresee, hasta que queda en manos del ministro Juan Guzmán Tapia.
23 de mayo de 2013
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Damos las noticias buenas sobre perros buenas junto con las malas y las feas, pero puede ser realmente impresionante leer una historia como la siguiente en el New York Times de hace algunas semanas . El reportaje describía la muerte de Ape, un perro adiestrado para trabajar con el FBI. La carrera profesional del perro sólo duró tres semanas.
El pastor alemán checo de dos años recibió un tiro en el pecho cuando un hombre armado le disparó. El autor murió en la descarga de defensa que disparó el equipo de Ape. Pese a ser llevado a toda prisa a urgencias de un hospital veterinario en un vehículo blindado, Ape murió poco después de llegar. Ape estuvo en servicio activo para el FBI por algo más de dos semanas.
“Ape estaba haciendo lo que había sido adiestrado para hacer e hizo el sacrificio último por su equipo”, dijo la agencia en una declaración. “Sus actos fueron heroicos e impidieron que sus colegas quedaran gravemente heridos o murieran”. Ape fue sepultado el lunes en la sede de la agencia en Quantico, Virginia; su nombre será agregado a una muralla conmemorativa en homenaje de perros muertos en la línea del deber.
Para algunos amantes de los perros, la declaración de que Ape “hizo el último sacrificio” es consuelo de tontos. “Es una tragedia”, dice Chris Hulbert, de Los Angeles, publicista y productor de cine, que se entristeció al enterarse de que los perros paramilitares y militares sean clasificados como equipamiento. “Estos perros no son equipamiento, y no son héroes: son víctimas”.
Hulbert tiene razón, porque el perro no hizo un sacrificio: fue sacrificado. ¿Somos una cultura tan primitiva que nuestros agentes policiales realizan sacrificios animales durante el trabajo? Estados Unidos, líder en ciencias y tecnología, puede hacerlo mejor.
Para hacer que la gente hable sobre el problema, Hulbert abrió una cuenta en Facebook que bautizó como la Unión Canina Americana de Libertades Civiles (ACCLU). Su motivación, dice, fueron “múltiples conversaciones con amigos de agencias policiales y las fuerzas armadas, que estuvieron reticentemente de acuerdo conmigo cuando abordé el tema de estos perros y de cómo son tratados. Este problema apenas si está saliendo a la luz ahora, pese a una mayor cobertura en la prensa”.
Los perros hacen tanto por los humanos, ofreciéndoles consuelo y compañía, bajando nuestra presión sanguínea y usando su asombroso sentido del olfato para detectar explosivos. ¿Es el estado de la tecnología estadounidense tal en 2013 que no podemos construir robots para remplazar a perros en situaciones altamente peligrosas? ¿No es urgente convertir en prioridad el tema para que los perros dejen de morir como Ape?
Al menos, ¿qué tal si les ponemos armadura para protegerlos mejor? De acuerdo al artículo en el Times, Ape fue enviado a la cabeza de su equipo “equipado con una cámara”. Los periodistas no mencionaron el dispositivo protector que el perro puede o no haber llevado.
¿Lo entregaron al perro con un chaleco antibalas? Los periodistas ni siquiera tocaron el tema, y eso fue un lapsus serio –aunque el artículo afirma que “la policía y el FBI se negaron a discutir los detalles de por qué y cómo fue desplegado en el allanamiento”. Cuando la prensa establecida informa sobre perros, preguntas cruciales como esta deben ser respondidas, incluso si no pueden responder.
Nota para los periodistas de plataformas de medios, impresiones y emisoras: por favor mantengan las mismas altas normas periodísticas investigativas y cuando informen sobre perros lo hagan del mismo modo que como informan sobre otros tópicos. Los perros merecen que sus vidas y muertes sean recordadas con respeto y atención por el detalle: especialmente cuando realizan trabajos tan nobles en nuestro servicio.
Incluso si no le preocupan los perros ni su bienestar o cómo se cubren las noticias en los medios, quizás como contribuyente estadounidense, probablemente le interesa cómo gasta el dinero el gobierno. ¿Qué piensa usted cuando miles de dólares de cursillos de adiestramiento y esfuerzo se convierten en magníficos perros de servicio, sólo para ser desperdiciados solo después de semanas de completado el curso? ¿Hay alguna forma de impedir que esto vuelva a ocurrir?
El 28 de octubre de 2009, otro perro táctico del FBI, un Malinois belga llamado Freddy, cayó abatido en la línea del deber. Su carrera había empezado hace trece meses.
RIP, Ape y Fredddy. Ojalá no hayan muerto en vano.
¿Qué piensa usted sobre el uso de perros como equipamiento militar y paramilitar? Por favor, comparta sus comentarios.
23 de mayo de 2013
1 de abril de 2013
©care2
cc traducción c. lísperguer

Según el informe anual de Amnistía Internacional (AI), en las Américas existen avances en la lucha contra la impunidad. Sin embargo, para el organismo aún persisten la tortura, la violencia contra la mujer y otras violaciones a los derechos humanos. El fracaso de los intentos por llevar ante la Justicia a los responsables había colocado una larga sombra sobre muchos países de la región. Pero juicios de gran trascendencia en Argentina, Brasil, Guatemala y Uruguay marcaron importantes avances en el camino hacia la justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en décadas pasadas. De todas maneras, AI ratifica que en algunos Estados del continente la lucha para el acceso a la Justicia persistió. En Haití, el proceso contra el ex presidente Jean Claude Duvalier continuó estancado en los tribunales. Y en Estados Unidos se hicieron pocos progresos para que rindan cuentas los responsables de abusos cometidos como parte del programa de detenciones secretas de la CIA durante la administración de George W. Bush, que incluye a quienes están encerrados sin juicios justos ni garantía alguna en la prisión de Guantánamo.
Aunque la situación en términos generales continuó mejorando en los últimos años, el continente sigue afrontando numerosos desafíos en el campo de los derechos humanos. “Además de los problemas crónicos en la región como la impunidad, la tortura y los malos tratos a los detenidos, ataques contra periodistas, violencia contra la mujer, discriminación hacia los más vulnerables y los miles de casos de desaparecidos y ejecuciones extrajudiciales que quedan sin aclarar, en 2012 se pueden destacar una cantidad de situaciones delicadas, como la situación de discriminación que viven los pueblos indígenas y los ataques contra el sistema interamericano de derechos humanos”, dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Los ataques contra el sistema interamericano de derechos humanos, en particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por parte de algunos Estados tuvieron el propósito de debilitar su mandato. Sin embargo, gracias a la movilización de las organizaciones de derechos humanos y otros Estados, el sistema superó esa crisis. Los pueblos indígenas continuaron enfrentando ataques a su derecho a sus tierras ancestrales por parte de terratenientes o empresas interesadas en los recursos naturales. En una sentencia histórica, la CIDH reafirmó el derecho de los indígenas a ejercer su derecho al consentimiento previo libre e informado en relación con proyectos de desarrollo.
La inseguridad y la violencia ligada a grupos criminales, pero con frecuencia generada por las propias fuerzas de seguridad, afectó a numerosos países de la región, como México, Guatemala, Honduras y Brasil. En Colombia estas amenazas provienen de las acciones de las fuerzas de seguridad, grupos paramilitares que frecuentemente operan en asociación con las últimas y grupos guerrilleros. “Las acciones de delincuencia común y de las bandas delictivas constituyen importantes desafíos para todos los países de la región. Y los gobiernos están fracasando en contenerlas”, destacó el informe. Además, señaló, “están aprovechando de modo sistemático estas preocupaciones legítimas para justificar o ignorar las violaciones de derechos humanos cometidas por sus fuerzas de seguridad al responder a actividades ilícitas o de grupos armados”.
En el informe, AI destaca que no ha habido cambios en relación con la violencia contra las mujeres y las niñas y la falta de reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos. Hubo algunos progresos en países como Uruguay, que dio a todas las mujeres el derecho a abortar dentro de las primeras semanas de embarazo, y en Argentina, donde se autorizó el aborto sin permiso judicial si el embarazo fuese el resultado de una violación. Sin embargo, en países como Chile, El Salvador, Nicaragua y la República Dominicana, el aborto aún en casos de violación o cuando el embarazo representa una amenaza para la salud de la madre continuó prohibiéndose. A contramano de lo que sucede en la mayoría de los países desarrollados, América latina cuenta con una legislación anticuada en lo que a derechos reproductivos se trata.
AI registró e investigó abusos contra los derechos humanos en 159 países y territorios de todas las regiones del mundo durante 2012. El informe arroja cifras alarmantes en relación con la sistemática violación de garantías individuales y derechos básicos: 112 países torturaron a sus ciudadanos, 101 reprimieron el derecho de su ciudadanía a la libertad de expresión, 80 sometieron a personas a juicios injustos, en 57 se detuvo a presos de conciencia y 155 votaron a favor de la adopción del Tratado sobre el Comercio de Armas en la Asamblea General de la ONU en abril de 2013. Sin embargo, destaca que sólo 21 Estados llevaron a cabo ejecuciones en 2012 y que, a finales de dicho año, más de dos tercios de los países del mundo, cerca de 140, habían abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica. Por conflictos armados entre Estados, guerras civiles o persecución política, 12 millones de personas eran apátridas a principios de 2012 y 15 millones están actualmente registradas como refugiados. Por las mismas razones, en 36 países, hombres, mujeres y niños fueron desalojados de sus viviendas y en 31 se registraron desapariciones forzadas.
23 de mayo de 2013
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[Alejandra Dandan] ¿Qué pasa con un cuerpo que nadie quiere? Durante el día, los 22 paneles con las imágenes de los desaparecidos de Mercedes siguieron levantados, protegiendo la entrada del cementerio municipal. La bóveda de los Videla convive ahí adentro con los restos de los cuerpos recuperados de Stella Maris Bojorge, desaparecida el 2 de julio de 1977; los de Carmen María Carnaghi, secuestrada el 4 de agosto de 1976, y de Rosa Haydée Cirullo de Carnaghi, llevada ese mismo día. Están también los tres padres palotinos asesinados en la masacre de San Patricio: Pedro Duffau, Alfredo Leaden y Alfredo Kelly. Las noticias sobre la posible llegada de Jorge Rafael Videla a Mercedes fueron varias veces confirmadas y desmentidas a lo largo del día. Como en el panteón donde está su padre ya no hay lugar, se especulaba con que colocarían un caballete para hacer entrar el cadáver del dictador. A las siete de la tarde, cuando el cementerio cerró las puertas, el cuerpo todavía no había llegado. A esa hora, la plaza central de la ciudad congregó a las organizaciones políticas y a vecinos que se reunieron a repudiarlo. Una mujer escribió con marcador un cartel: “Ni vivo ni muerto”, decía: “Que no descanse en paz”.
Adelante, en la plaza, se reunieron los tres hermanos de Stella Maris: Patricia, Marcelo y Arturo Bojorge. Los huesos de Stella Maris reaparecieron el 8 de marzo de 2008, luego de una impresionante búsqueda de su familia. “No puede descansar en paz una persona que mató a treinta mil compañeros”, dijo Marcelo.
La marcha logró nuclear a todas las organizaciones políticas luego de un largo debate. Estaban el Frente Mercedino para la Victoria, La Cámpora, el PJ, pero también el Partido Socialista, el Partido Comunista, la UCR, el PO, el MST, el GEN, la CTA y la Coalición Cívica, entre otros espacios. Muchas de esas organizaciones mantienen posiciones distintas en torno de la pregunta de qué hacer con el cuerpo del hombre que nadie quiere. Aun así, firmaron un documento en común con las líneas que pudieron consensuarse. Y el documento fue la pieza política que se leyó durante el acto.
“Frente a la muerte del dictador Jorge Rafael Videla, el conjunto de fuerzas políticas, sociales y culturales decidimos convocar lo más urgente posible a una reunión de la cual surgiera alguna actividad en conjunto”, dijeron. “Los distintos participantes fuimos dando las visiones de cada uno y en pos de mantener la unidad de acción se decidió realizar el presente acto con una consigna clara y concisa: ante la muerte del dictador y genocida Jorge Videla invitamos a un encuentro de repudio a su figura y su significancia.” Y agregaron en voz alta: “Estamos acá para reforzar la idea de la democracia, más allá de las diferencias políticas y estratégicas de cada espacio vinimos todos porque necesitamos decir que Jorge Rafael Videla Nunca Más”.
“La familia de Videla recibirá el cuerpo, no interpuso hábeas corpus, no recorrieron instituciones buscando paradero, su cuerpo no fue arrojado de un avión, no fue enterrado en una fosa común. Hubo un juicio justo. Se llevó mucha información y no fue torturado como los desaparecidos y sus familiares deciden enterrar el cuerpo en Mercedes, nosotros vamos a seguir trabajando por memoria, verdad y justicia, retomando la bandera de los desaparecidos”, dijo Juan Ignacio Ustarroz, hermano de Wado de Pedro, hijo de Lucila Révora de De Pedro, desaparecida el 11 de octubre de 1978.
Mercedes es una ciudad que aún ahora se piensa en términos de pueblo chico. Beatriz llegó sola y sin banderas temprano a la plaza. “Uno no está de acuerdo con que lo traigan a este asesino a Mercedes, no lo queremos.” Frente a ella, en una esquina, estaban otra vez los carteles de los desparecidos. “Toda esta gente era vecina nuestra, todos conocidos, de las familias conocidas de Mercedes… ¡Y en su momento estábamos contentos porque teníamos un presidente! Yo siempre me pregunto qué nos pasó en ese momento. Jamás me han parado en la calle, pero a medida que se fue descubriendo esto… ¿cómo van a traer los restos de una persona que no es grata acá?”
Mercedes declaró a Videla Ciudadano Ilustre durante la dictadura. Luego de un intento fallido, en 1998 la Comisión de Familiares y Amigos de Desaparecidos logró impulsar un nuevo proyecto en el Concejo Deliberante que lo declaró como ciudadano indeseable junto a Emilio Massera. Hasta 1992 en la ciudad funcionó ese pivote de poder que les dio vida a los Videla: la sede del Regimiento 6, comandado por el padre de Videla y años más tarde por Reynaldo Benito Bignone. Javier Casaretto, de detenidos-desaparecidos y sobreviviente, suele decir que ésta es la ciudad de las paradojas. El lugar donde nació Videla, también el lugar de Orlando Agosti y Julio César Caserotto, el hombre que cobijó la maternidad clandestina de Campo de Mayo. Fue a la vez lugar de Adolfo Servando Tortolo, refugio de Raúl Guglielminetti y, a la vez, territorio de esos demasiados 22 desaparecidos, la mayoría militantes de la JP.
“Mercedes estuvo muy dormida, tuvimos a Videla, Agosti, Caserotto, y en general es un lugar dormido y ortodoxo”, dijo Mariana San Martín, de La Cámpora. La pregunta que se abría a esa hora era qué es lo que cada uno pensaba que era necesario hacer con el cuerpo. Los acuerdos del documento no incluyeron ese punto porque las posturas son distintas. “Nos manifestamos en contra de Videla, pero toda persona merece un entierro”, explicaron desde La Cámpora. En el espacio del MST, una bandera decía: “Videla acá No”. Vilma Ripoll estuvo presente. “Junto a los desaparecidos no –decía sus consignas–, que lo entierren en el Ejército.”
23 de mayo de 2013
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[Horacio Cecchi] El crimen de un chico de 16 años, Bladimir Matías Garay, baleado el sábado pasado en La Plata, determinó la presentación ante la Suprema Corte bonaerense de un pedido de investigación de una seguidilla de asesinatos semejantes de adolescentes, todos perseguidos en los papeles o en las sombras por la Bonaerense, lo que ya indica un registro de alarma. Algunas muertes fueron justificadas como enfrentamientos por las autoridades policiales, sin que la Justicia iniciara una investigación (sobre las actividades del brazo armado de la ley); otros, simplemente aparecieron fusilados en descampados, sin que se sepa (ni se quiera saber) quién o quiénes participaron en esos crímenes. Una especulación no lejana a la historia reciente trabaja sobre la existencia de escuadrones parapoliciales de la muerte, tal como se comprobó en la zona de Don Torcuato. Un fiscal platense ya llevaba adelante una investigación al respecto. Otra posibilidad planteada es que grupos de vecinos armados hayan tomado justicia por mano propia. La denuncia, realizada por Julián Axat, quien fue defensor oficial de todos los casos presentados, busca determinar responsabilidades tanto directas por los crímenes, cuanto por abandono previo del Estado.
La denuncia es gravísima, porque se trata de chicos de entre 17 y 11 años, y peor porque esas muertes están naturalizadas. De hecho, son conocidas por la Justicia, pero inmunes a sus investigaciones, si es que son investigadas. El texto de Axat sostiene que “desde hace menos de un año a la fecha, en esta ciudad de La Plata, han venido ocurriendo distintos hechos que tienen como víctimas a niños-adolescentes, quienes han sido víctimas de homicidios de características muy similares”, y registra:

- El caso de Maximiliano De León, de 14 años, ocurrido el 1º de agosto de 2012, con IPP (Investigación Penal Preparatoria, investigación que inicia una fiscalía) 28548-12.

- La IPP 48275-12, por homicidio de Franco Quintana, de 16, ocurrida el 27 de diciembre pasado.

- El crimen de Lucero Axel, también de 16 años, ocurrida el 27 de febrero pasado, y en la que Axat sostiene que “no se advierte existencia de IPP en la base del SIMP La Plata”, que es la base de datos de la Procuración General bonaerense. Es decir, el asesinato de un adolescente que pasó de largo para la Justicia.

- La muerte de Rodrigo Simonetti, de 11 años, ocurrida el 6 de junio de 2012, en la que tampoco hay registrada investigación fiscal alguna.

- El homicidio de Omar Cigarán, de 17, ocurrida en La Plata el 14 de febrero pasado con la investigación IPP 5860-13.

- Y la IPP 19834-13, que investiga el crimen de Bladimir Garay, de 16 años, ocurrida en La Plata el 19 de mayo pasado, que fue la que determinó finalmente la presentación de la denuncia.

Axat sostiene que en menos de un año se sucedieron seis crímenes de niños que guardan características similares: son muertes violentas; se trata “de niños y adolescentes marginales atendidos por esta defensoría” (Nº 16 del Fuero Penal Juvenil platense); ocurridos en la misma zona geográfica; y “existe algún grado de participación o relación policial”. El caso de Bladimir (con B, al menos le dejaron el nombre sin correctivos) Garay es presentado por Axat como el que permite “una ilación” de los otros. Garay participó aparentemente en un “raid delictivo ingresando –más tarde– con una bala (de la que no se sabe la procedencia) al Hospital de Niños falleciendo en forma inmediata, sin ninguna explicación”, señala en el texto Axat.
Como patrones comunes en los hechos denunciados, todos los casos tenían “antecedentes en la Justicia Penal Juvenil”, en la que Axat fue defensor de la mayor parte de ellos. En todos los casos hay un “fracaso evidente de medidas de protección o seguimientos pautadas por la propia Justicia Penal o Civil o de Familia”, lo que el denunciante denominó “historias de muerte anunciada”, citando al juez de la Corte Eugenio Zaffaroni. “En todos los casos existían antecedentes de un circuito de ingresos a seccionales policiales de esta ciudad de La Plata, por presuntas infracciones penales, permanencían en una comisaría por un tiempo, y traslado a los Servicios de Protección de Derechos de la órbita de Infancia”, señala el escrito.
Determina además que “pertenecen a las mismas zonas: Villa Elvira y Aeropuerto (Garay, De León y Lucero); Cigarán y Simonetti (Tolosa); es decir, ámbitos de la comisaría 8ª y de la comisaría Tolosa 6ª.
Y ocurren “en circunstancias confusas, con participación de civiles o de las fuerzas de seguridad en actos de servicio o fuera de ellas, bajo la etiqueta de ‘enfrentamientos’ (Cigarán o De León) y supuesta ‘legítima defensa’ (Quintana). Hay casos en los que se desconoce el autor del homicidio, pues los cuerpos aparecen en descampados (Rodrigo Simonetti), o bien ingresan a hospitales en grave estado de salud (Bladimir Garay)”.
Sugestivamente, Franco Quintana había denunciado hostigamientos de la Bonaerense. También Omar Cigarán había presentado hábeas corpus por hostigamiento policial, ambos casos publicados por este diario. Axat cita 16 presentaciones por hostigamiento en el caso de Cigarán. Y está claro que nadie denuncia a la Bonaerense para darse chapa. En el caso de Maximiliano De León, 24 causas abiertas en su contra por la Bonaerense en menos de dos años dan la pauta por sí mismas de una persecución con final escrito. La denuncia sostiene, además, que “en la mayoría de las causas judiciales”, la investigación fiscal de hostigamiento no muestra avances significativos y “las personas directamente implicadas (policías) recuperan la libertad de inmediato una vez que realizan su descargo (legítima defensa o cumplimiento del deber)”. Para colmo, no se cumple la resolución de la Procuración General, que ordena a los fiscales apartar a la Bonaerense de las investigaciones. Es decir, los fiscales y jueces aceptan que la Bonaerense se autoinvestigue.
Agrega además que durante 2011, el fiscal platense Rubén Sarlo denunció ante la Fiscalía General de La Plata la posible existencia de vecinos o parapoliciales preparados para ejercer justicia por mano propia.
Además, la denuncia avanza sobre los “aspectos anteriores a los crímenes, “la responsabilidad que les cabe a los organismos encargados de Niñez y Adolescencia –ausencia de protección debida como servicio–, posición de garante del Estado” y refirió la serie de presentaciones realizadas por su defensoría ante los órganos del Estado responsables de la Niñez y Adolescencia, sin que eso se haya reflejado en contención de ningún tipo.
En pocas palabras, el Estado se les ausenta desde que nacen, y entre 11 y 17 años después los mata porque no son reclutables.
23 de mayo de 2013
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La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala canceló la condena a 80 años de cárcel que un tribunal había impuesto once días atrás al ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt por genocidio y delitos de lesa humanidad. Tras cumplir anteayer el último día de análisis de las acciones legales interpuestas por la defensa, los cinco magistrados de la CC concluyeron, en una decisión dividida, que durante las audiencias no se siguió el debido proceso, por lo que decidieron anular lo actuado desde el 19 de abril.
Montt fue hallado culpable de genocidio el viernes 10 de mayo pasado por el asesinato, durante su mandato de facto entre 1982 y 1983, de 1771 indígenas de la etnia maya ixil en el departamento Quiché, en el norte del país, en 15 matanzas documentadas. La condena llega a 80 años de prisión: 50 por el genocidio contra indígenas ixtiles y 30 por crímenes contra la humanidad.
Pero ayer las partes procesales fueron notificadas de una resolución de la Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal que ordenó suspender de forma provisional el juicio. “Anule todo lo actuado en la fase del debate a partir del 19 de abril de 2013; quedando anulado todo lo actuado en ese proceso con posterioridad a esa fecha, por ser que ésta en la que fue notificada el Tribunal Primero de Mayor Riesgo A”, declaró la resolución de la Corte.
La decisión correspondió a un amparo planteado por la defensa de Montt después de que el 19 de marzo el abogado a cargo de su defensa, Francisco García, fuera expulsado por el tribunal, con lo que el ex dictador quedó en indefensión. Entre otros alegatos que la defensa planteó ante la CC, se incluía una queja por la decisión del tribunal de continuar con el juicio pese al amparo provisional dictado por la Sala. El tribunal continuó adelante sobre la base de una resolución de la propia CC, que ordenó la reinstalación de García como abogado de Montt –hecho que se concretó–, pero sin pronunciarse sobre la suspensión del juicio.
El fallo de la Corte fue dado a conocer en horas de la noche de anteayer por el secretario del órgano colegiado, Martín Guzmán, quien se limitó a dar lectura a lo resuelto después de unas 10 horas de debate de los cinco magistrados que la integran. La decisión estuvo dividida, con tres votos contra dos aceptando los recursos que había presentado la defensa del general por supuestas irregularidades. Los dos votos en contra correspondieron a los magistrados Mauro Rodrigo Chacón y Gloria Porras. Según el diario español El País: “Los magistrados se habían visto presionados por los poderes fácticos, en esta ocasión representados por la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), que llegó a amenazar con movilizar hasta 50.000 paramilitares de la tenebrosa Patrulla de Autodefensa Civil (PAC) y de la todopoderosa patronal, aglutinada en el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif)”.
Medios de prensa intentaron conocer la reacción de Ríos Montt, quien permanece desde el viernes pasado en el Hospital Militar de la capital, pero no se les permitió el ingreso. Tras anunciarse por la radio el fallo de la Corte, frente a la sede del organismo se hicieron estallar petardos en señal de alegría por parte de simpatizantes de la causa del ex dictador.
Por otro lado, la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Guatemala y Cooperativas (Congcoop) deploró la resolución de la CC. La entidad señaló como una actitud desleal a la democracia, la legalidad y la memoria de las víctimas del conflicto armado interno, la anulación de la sentencia de Montt. “Si bien se trata de un fallo esperado dada la influencia política y económica que opera sobre la Corte de Constitucionalidad, nada justifica esta acción”, declaró.
Otras asociaciones y ONG reaccionaron también a la decisión, como Amnesty Internacional (AI), que la condenó: “Este fallo judicial es un duro golpe para las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto”, declaró, en un comunicado, Sebastián Elgueta, investigador de AI en Guatemala. Por su parte, el director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhag), Nery Rodenas, declaró: “Es una burla al sistema de justicia, al pueblo ixil, a la comunidad internacional, a la vez que manda un mensaje muy claro: en Guatemala hay sectores que no pueden ser tocados”. En la misma línea, el presidente de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, destacó el vacío de justicia en una declaración al diario español El País al declarar que la impunidad sigue siendo la única ley que rige en Guatemala.
23 de mayo de 2013
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[Eduardo Febbro] Dominique Venner eligió uno de los lugares más emblemáticos del cristianismo, la Catedral de Nôtre Dame, para dejar un último mensaje contra la decadencia de la civilización blanca y pura en la que creía: a las cuatro de la tarde, este ensayista y militante de la extrema derecha francesa se suicidó a los 78 años con un tiro en el altar de la Catedral. Figura influyente de la ultraderecha y hombre clave en la consolidación ideológica y programática de esta corriente política, Dominique Venner era la eminencia marrón de la ultraderecha contemporánea: estaba considerado como el pensador de la renovación del nacionalismo francés y el actor decisivo en su renacimiento luego de la Segunda Guerra Mundial. Su suicidio tiene una clara lectura política que él mismo se encargó de distribuir antes de quitarse la vida. En una carta entregada a la radio francesa Courtoisie, Venner dice: “Siento la obligación de actuar mientras me quedan fuerzas. Creo que mi sacrificio es necesario para romper el letargo que nos aplasta. Elijo un lugar muy simbólico, al que respeto y admiro. Mi gesto encarna una épica de la voluntad. Me mato para despertar las conciencias adormecidas. En momentos en que defiendo la identidad de todos los pueblos en sus propios lugares, me revelo contra el crimen que apunta al reemplazo de nuestras poblaciones”.
Ese “reemplazo” era, para Venner, la inmigración. En un último post publicado en su blog este ensayista e historiador autor de una obra prolífica se dirige a los opositores a la ley que autorizó el casamiento entre personas del mismo sexo –fue aprobada por la Asamblea y luego validada por el Consejo Constitucional– diciéndoles que “no pueden ignorar la realidad de la inmigración afro-magrebí. Su combate no puede limitarse al rechazo del matrimonio gay”. Desde luego, Venner consideraba esa ley como una cosa “infame”. Rasgo común de la extrema derecha francesa y Europa, Dominique Venner era de un racismo radical, sobro todo contra los árabes y los negros. Habitado por una obsesión poderosa sobre la identidad nacional, los valores occidentales y la decadencia de Occidente, Venner convocaba de manera vigorosa e inequívoca a pensar nuevas formas de acción contra los “musulmanes” que, decía, estaban sumergiendo a Occidente: “Harán falta gestos nuevos, espectaculares y simbólicos para hacer cimbrar las somnolencias, sacudir las conciencias y despertar la memoria de los orígenes”. De toda evidencia, se eligió a sí mismo para encarnar esa acción. Aunque se mató en la Catedral de Nôtre Dame, Venner no la frecuentaba con asiduidad.
Dominique Venner fue un compendio ilustrado de lo que es la extrema derecha y su razón de existir, la idea tenaz según la cual el mestizaje constituye el preludio del fin de la civilización europea. Venner escribió numerosos libros de historia y dirigió dos revistas de historia ligadas a la extrema derecha: Enquête sur l’histoire y La Nouvelle revue d’histoire. De hecho, este ensayista politemático nunca salió de las ideas que lo envolvieron desde su pasado colonial. En los años ’50 formó parte del movimiento extremista Joven Nación y durante la guerra de Argelia se sumó a los comandos de los terroristas de la OAS que luchaban contra la independencia de Argelia y contra el mismo general De Gaulle, que la había promovido. Encarcelado en los años ’60, cuando salió en libertad fundó el movimiento Europa Nación y más tarde participó en la creación del Agrupamiento de Investigaciones y Estudios por la Civilización Europea (Grece), un círculo de “estudios” de la extrema derecha que elaboró una estrategia de combate político y cultural para la conquista de las mentalidades. Venner y los miembros del Grece eran adeptos a la idea “de las raíces y la sangre” como zócalo de la identidad y ese principio tan occidental y erróneo según el cual sólo existe una jerarquía dominante: la de Occidente. A los casi 80 años, Venner eligió ser un mártir de esa causa. Con camperas negras o sin ellas, con corbatas o sonrisas resbalosas, la extrema derecha no ha variado sus convicciones. La líder del ultraderechista Frente Nacional, Marine Le Pen, publicó en Twitter tras la muerte de Venner que su suicidio era un “último gesto eminentemente político” y con el cual Venner “intentó despertar al pueblo de Francia”.
23 de mayo de 2013
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[Alejandra Dandan] Entrado el otoño de 1976, Gladys Estévez recibió un “papelito arrollado de diario, que era como se mandaban las cosas, no era una carta”, dijo ayer. En el papelito le pusieron dos palabras. “El Tropezón”. Ella vivía en Montevideo, pero andaba en Buenos Aires. Su marido, Ari Cabrera, y sus dos hijas vivían escondidas en Argentina, eran parte del Partido para la Victoria del Pueblo y se habían escapado de la dictadura uruguaya sin saber que iban a ser buscados y encontrados por la coordinación represiva de las fuerzas del Plan Cóndor.
“Tuve que buscar qué era ‘tropezón’”, dijo ayer en la primera audiencia de testigos sobre el Cóndor que empezó a oírse en Buenos Aires. “El dato estaba en un papelito y yo me fui a buscar, pregunté porque nadie me sabía decir qué era. Pero donde me decían a mí que había un ‘tropezón’, allá iba. Estuve recorriendo todo Buenos Aires, anduve en las quintas, después no me podía volver, me trajo un camión que llevaba a las maestras, anduve preguntando de un lado para otro la dirección exacta, hasta llegar a la estación Tropezón, que es antigua, por eso fue difícil encontrarla.”
“Así como recorrí todas las quintas donde no había gente, me subí al camión, anduve por las carreteras y después de las carreteras en ómnibus, iba para todos lados y seguía preguntando con la foto de Ari.” Así llegó a una casa. “La casa de esos señores era una casa sencilla, típica de ustedes, y me acerqué porque vi movimiento adentro y salió el hombre, la mujer no, como que se escondió. La mujer tenía alrededor de la puerta y en la pared las huellas de disparos de armas grandes. No me quisieron dejar pasar.” Gladys encontró a otras dos mujeres. Les mostró la foto. Y las mujeres finalmente le dijeron que sí, que habían visto a Ari ahí: “Que era un muchacho muy bueno, me dijeron que había otra persona con él, y que salía siempre a hacer los mandados. Los vecinos habían escuchado el tiroteo, las balas de afuera hacia adentro, y vieron arrastrar a una de esas personas, a ellos les pareció que era Cabrera, pero no lo podían confirmar”.
Gladys declaró desde el Consulado argentino en Uruguay. Tiene 81 años, la edad que imagina que esas mujeres tendrían en ese 1976 y sobre las que dijo que deben estar “requetemuertas” cuando uno de los defensores intentó preguntarle algo en la hipótesis de convocarlas.
Ari Cabrera es uno de los “casos” del juicio que se inició en Buenos Aires. Había militado como gremialista en el Banco de Brasil, donde trabajaba y luego integró el PVP y se fue al exilio. Como todas las víctimas de este juicio, está desaparecido. Las hipótesis indican que pudo haber estado en el centro clandestino Automotores Orletti o en una casa operativa vinculada con el centro que se usó como sede del Cóndor o incluso en Campo de Mayo.
Ayer se realizó la primera audiencia del juicio sin la presencia de Jorge Rafael Videla, uno de los principales acusados. Y fue la primera audiencia luego de su última declaración y de su muerte. En el juicio nadie lo recordó, ninguno de los jueces del TOF1 mencionó su nombre. No hubo banderas de luto. Durante el fin de semana se había dicho que 44 de los 106 “casos” de esta causa podían caer porque el único acusado era él; fiscalía y querellas, sin embargo, trabajan para que esas 44 historias logren actualizarse y revisarse en el juicio, dado que consideran que no sólo se busca una condena sino que éstos son espacios de “verdad”.

Gladys
–¿Usted tenía alguna relación con Ari Cabrera? –le preguntaron a Gladys al comenzar.
–Fue mi primer esposo –dijo ella–. Las fechas me son muy difíciles de recordar, pero Ari Cabrera era un excelente hombre, y por los años ’70 o más atrás, cuando empezó el problema en Uruguay trabajaba en el Banco de Brasil, era muy querido por todo el mundo. No había corrientes políticas en mi casa en ese momento, yo lo conocía desde los 14 años, nos casamos a los 20. Ninguno sabía mucho de política, estábamos muy lejos de todo eso, teníamos 20 años cuando nos casamos, vino mi hija mayor y después la segunda.

Ari había sido criado por una familia rica que lo hizo ingresar al Banco de Brasil. “No eran sus padres biológicos, sino los que lo habían criado. Eran gente de Brasil. Alguna vez comentó que no dejaba de ser el ‘criadito’, pero le dieron todo. Todo dentro de ese ambiente, correcto y fino, diría yo. Yo me asombré cuando fui a verlo de novia porque cuando me presentaron prepararon una mesa fabulosa.”
En ese momento, el presidente del Tribunal la paró. No hubo más mesas fabulosas. La mujer entró de nuevo al banco y a los años de militancia. El trabajo en el banco lo llevó a militar. “Se puso en una lista del gremio y ahí fue que, por supuesto, salió primero. Empezó a llevar a casa unas hojas escritas que me daba a leer y yo decía que parecían ‘armas’ (…) El leía y le interesaba, supongo. Un poco más adelante empezaron a hacer reuniones en mi casa, en las cuales yo estaba descompartimentada y cuando en el Uruguay y en Argentina se declara ya rotundamente y la dictadura empieza a hacer atentados, verdad, lo que uno sabía era que apretaban acá a un grupo y apretaban a otro grupo en la Argentina en el mismo momento. Eso hizo que la gente del PVP resolviera irse a la Argentina porque acá era como que les pisaban los talones, se fueron a la Argentina y… ¡fue peor! –dijo– ¡Porque allá les requetepisaban los talones! Estaba todo organizado. De esa manera fue detenido.”
A Ari le decían el Viejo. Está desaparecido desde comienzos de abril de 1976. Una hipótesis sobre las que se diseñó la causa Cóndor es que los uruguayos que estaban ya escondidos en Argentina y fueron secuestrados por el Cóndor no militaron acá. Gladys encontró los datos del Tropezón; un abogado la acompañó a hacer una denuncia en una comisaría de la zona. Uno de sus yernos estuvo secuestrado en Orletti, el centro clandestino del Cóndor. Allí, él, que es sobreviviente, dijo que uno de los torturadores sugirió que “su suegro” se había muerto producto de la tortura y un paro. Gladys también supo que estaba tratándose del corazón.
En las costas uruguayas aparecieron muertos producto de los vuelos de la muerte. A Gladys le pidieron que fuera a reconocer unas fotos. Ella llamó a una hermana para que fuera. Alguna gente decía que “eran coreanos o algo así por la forma de los ojos”, dijo. “En realidad tenían piedras en los pies y los habían tirado al río, los recogieron y estaban totalmente hinchados por el tiempo que habían pasado en el agua.”
Hicieron preguntas la fiscalía, las defensas y el tribunal. Muchas sobre el Tropezón, el reconocimiento de la casa. Y luego, uno de los jueces le preguntó qué significaba aquello de “apretar” en Argentina y Uruguay que había mencionado. “¿Quiere decir detener?”, dijo. “Si usted quiere suavizarlo”, respondió la mujer.
23 de mayo de 2013
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Miles de uruguayos salieron ayer a las calles de Montevideo para reclamar el fin de la impunidad. Bajo la consigna “En mi patria no hay justicia, ¿quiénes son los responsables?”, marcharon hacia la sede de la Corte Suprema de Justicia en reclamo de castigo para los responsables de crímenes cometidos durante la dictadura militar 1973-85. La Marcha del Silencio se hace cada 20 de mayo, en conmemoración del asesinato en esa fecha, en 1976, de Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz, y de los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, quienes fueron secuestrados en Buenos Aires. Este año, la marcha estuvo marcada por los últimos fallos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que declaró inconstitucional la norma interpretativa de la Ley de Caducidad y apartó de la investigación por causas de delitos de lesa humanidad a la jueza Mariana Mota. La Justicia uruguaya se había pronunciado en febrero pasado contra una norma aprobada en 2011 que impedía la prescripción de los delitos cometidos por uniformados durante los años de plomo, por lo que aquellos crímenes podrían quedar impunes y las causas, archivadas. Además, el propio presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, había expresado meses atrás que los casos que prosperaran se iban a chocar contra una muralla al llegar al Supremo.
Las entidades organizadoras insistieron en que se avanzó poco en el esclarecimiento de lo ocurrido, renovaron su reclamo en favor de la verdad y la justicia y cuestionaron el comportamiento de la SCJ, frente a cuya sede cerró la marcha con un cacerolazo. “No queremos que la condena quede circunscripta solamente a la SCJ, porque hay otros responsables, como los ex presidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle, por ser los personeros más visibles, pero en Uruguay hay una cultura de la impunidad”, expresó Ignacio Errandonea, integrante de la organización Familiares de Desaparecidos. “Luego de avances y compromisos de la población, en esta última etapa la Suprema Corte de Justicia resuelve un retroceso en el proceso que llevó a los procesamientos de varios de los responsables de la tortura, y al traslado de la jueza Mariana Mota. Pero también hay retroceso por la incidencia de actores políticos que quieren que no se haga justicia en nuestro país”, explicó Washington Beltrán, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la central sindical PIT-CNT.
Para Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, la Marcha del Silencio estuvo signada por lo ocurrido recientemente en relación con los procesos judiciales. “Más allá de los operadores individuales, desde la dictadura hasta ahora, la Justicia no ha hecho un papel acorde al espíritu democrático del país”, enfatizó. Además, resaltó que el recientemente fallecido dictador argentino Jorge Rafael Videla fue enjuiciado con las garantías del caso y sentenciado a cadena perpetua, y destacó que en Argentina los familiares tuvieron la oportunidad de que se hiciera justicia, y la sociedad la tranquilidad de que el torturador muriera cumpliendo su pena. “Cuando Ruibal Pino dijo que se van a chocar con una muralla, por fin dice las cosas por su nombre. Ese es el tipo de pensamiento que hay que combatir”, concluyó.
En relación con la muerte de Videla y el estado de los juicios a los responsables de la última dictadura en Argentina, Rafael Michelini, senador del Frente Amplio e hijo del diputado asesinado en Buenos Aires en 1976 Zelmar Michelini, dijo que el ex dictador argentino fue el símbolo del horror y del Plan Cóndor. “Lo de Videla es perverso y termina con él una etapa. En la Argentina se ha avanzado más en el tema de la Justicia y casi todos los represores responsables de crímenes de lesa humanidad están presos”, agregó, trazando un paralelismo con lo que ocurre en Uruguay.
En su decisión de febrero pasado, la SCJ declaró la inconstitucionalidad de los dos primeros artículos de la Ley 18.831, que restablecieron el “pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos por la aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985”, considerados de lesa humanidad. El principal argumento esgrimido fue que la ley penal no puede aplicarse retroactivamente. La ley de “imprescriptibilidad” de los casos de violaciones a los derechos humanos en la dictadura uruguaya, declarada ahora inconstitucional, había sido promovida por el gobierno del FA, aunque con alguna disidencia interna entre sus distintas facciones. También había sido cuestionada por la oposición política con el argumento de que desconoció dos pronunciamientos populares, que en 1989 y 2009 optaron por mantener la ley que a la salida de la dictadura amnistió a los policías y militares que participaron en secuestros, violaciones y asesinatos de opositores durante el régimen de facto. La SCJ había expresado que a partir de ese momento las causas judiciales abiertas en las que hubiera militares procesados por delitos cometidos durante la dictadura debían ser archivadas, al entenderse que prescribieron. La senadora Lucía Topolansky, dirigente y esposa del presidente José Mujica, había manifestado que por el fallo quedaba planteada la posibilidad de realizar un juicio político a los jueces de la Corte.
23 de mayo de 2013
21 de mayo de 2013
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