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[Colombia] [Sally Palomino] [Álvaro Villarraga, coordinador del área de desmovilización, desarme y reintegración de la CNRR, responsable del más reciente informe sobre bandas criminales, habló con Semana.com sobre el desafío que éstas representan para el país.]

¿En dónde están? ¿Quiénes las integran? ¿Son efectivas las medidas del gobierno para enfrentarlas? Son algunas de las preguntas que en los últimos días el país se hace frente a las llamadas Bacrim. Y las respuestas son tantas, como opuestas.Las autoridades insisten en decir que los esfuerzos por dar con las cabezas de estos grupos es grande y que la mejor muestra de su lucha es, hasta ahora, haber logrado acabar con la carrera delictiva de Pedro Oliveiro Guerrero, alias ‘Cuchillo’.
Mientras tanto, organizaciones no gubernamentales y la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones, señalan que hechos tan trágicos como el asesinato de los jóvenes universitarios Mateo Matamala y Margarita Gómez, ocurrido el lunes 10 de enero en Bocas de Tinajones, San Bernardo del Viento, Córdoba, pone en evidencia lo que desde hace mucho tiempo se viene advirtiendo: la fuerte presencia de grupos, conformados en su mayoría por desmovilizados, que están azotando a varias regiones del país, disputándose corredores del narcotráfico.
Álvaro Villarraga, coordinador del área de desmovilización, desarme y reintegración de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), estuvo a cargo de un reciente informe – el segundo – que publica ese organismo y que hace una radiografía del accionar de esas bandas.
La retoma de las armas por parte de algunos exintegrantes de las AUC, que no se desmovilizaron o que incluso haciéndolo decidieron retornar a la ilegalidad, deja en claro, según Villarraga, que hay rezagos del paramilitarismo que el Gobierno de Juan Manuel Santos debe saber enfrentar. ¿Cómo? Según Villarraga, la mejor forma de hacerlo es empezar a reconocer el fenómeno real que son estas bandas: “son mucho más que grupos delincuenciales”, afirma.
Semana.com: En 2008, la CNRR reveló un informe en el que advertía sobre el surgimiento de nuevas bandas y consecuencia de rearmes con diferentes raíces.

¿Cuáles eran?
Álvaro Villarraga: Se veía que habían surgido nuevas bandas como resultado de que algunos bloques o frentes de las AUC se habían quedado al margen del proceso, como disidencias de la desmovilización. También habían surgido nuevos grupos tales como redes delincuenciales con participación de algunos desmovilizados, y además se había dado el fenómeno de retomar las armas por parte de anteriores sectores paramilitares. Aunque esto último no era generalizado.

¿De cuántas miembros de estas bandas estábamos hablando en ese momento?
De casi 4 mil personas.

Aunque era claro el surgimiento de estos grupos, ¿no se evidenciaba la magnitud que tomarían?
Era más un interrogante. La cuestión era: están surgiendo, pero ¿se van a consolidar? ¿Son un coletazo delincuencial? ¿Es una nueva generación paramilitar?

En 2010 se conoció un nuevo informe, ¿qué nuevas cosas se encontraron frente al de 2008?
En el primero no había mucho detalle sobre las regiones, ni sobre las bandas. Aunque se evidenciaba la fuerte presencia de las Águilas Negras, Nevados, Nueva Generación y un poco de los Rastrojos, y se advertía sobre el tema de inseguridad que podían desencadenar y cómo podrían terminar menoscabando los logros de la reintegración.
En cambio en el segundo se abarcó una temática más amplia, y aunque se evidenciaron buenos resultados en el desarrollo de política pública, se vio cómo del conjunto de los desmovilizados hay un margen (cerca de 7 mil) que nunca se presentaron a la Alta Consejería para la Reintegración y sobre los que se desconoce su paradero. Además, algunos se marginaron del programa y otros reincidieron, justamente en estos grupos.

¿Hay una cifra sobre el número de personas que podría estar vinculado a estos grupos?
Se habla de por lo menos 6 mil efectivos vinculados a más o menos seis estructuras principales. Sin embargo, es una situación muy cambiante. Estos grupos se caracterizan porque se transforman, se fusionan y se sustituyen con gran facilidad.
En el informe se decía además que por lo menos el 17 por ciento de esos cerca de 6 mil serían exintegrantes de las AUC. Y aunque es una minoría, no puede tenerse ninguna consideración benigna. Por el contrario, porque es de ahí de donde salen los líderes, los jefes, los que reclutan, los que le dan continuidad a formas de dominio territorial armado. Y en ese sentido, la situación es preocupante.

¿Qué tanto?
De alguna manera hay una retoma de iniciativa por una franja de exintegrantes de las AUC, que no se desmovilizó o que haciéndolo ha retornado a la ilegalidad y a las armas. Por eso decimos que hay rezagos del paramilitarismo que se deben afrontar.

El gobierno ha bautizado a estas nuevas bandas como Bacrim, un concepto con el que muchos no están de acuerdo, incluida la CNRR. ¿Por qué?
El término es infortunado. Ojalá este Gobierno acogiera las recomendaciones de la CNRR en el sentido de que decir bandas criminales es inexacto, demasiado vago y no corresponde al verdadero fenómeno.
No se trata de solo un asunto de delincuencia común. Hay presentes rezagos del paramilitarismo porque tienen estructuras militares, dominio territorial y, lo que es peor, aún subsisten algunos vínculos con sectores estatales, fuerza pública y, en menor proporción, hay redes con aliados políticos.

Así las cosas, ¿cómo se ve el panorama de cara a las elecciones regionales que se avecinan?
Aunque ya no es una situación generalizada ni de un nivel tan grande como en el pasado, donde hubo departamentos controlados por el paramilitarismo, el fenómeno persiste. Sin duda, hay áreas en las que se podrán dar circunstancias de arbitrariedad y de presión a los electores, intimidación que no va a permitir el derecho al sufragio.

¿Cuáles?
Principalmente en la Costa Norte, Chocó, Bajo Cauca, Córdoba, Meta, Guaviare, Nariño y Medellín. Además en la Sierra Nevada de Santa Marta, Alta Guajira, Sur de Bolívar, zonas claves en el tema del narcotráfico.

En el segundo informe se habla de las grandes diferencias entre lo que eran las AUC y estas nuevas bandas. ¿Cuáles son?
Pueden ser las mismas raíces, pero se están dando en nuevas circunstancias. Ya no existe una federación coordinada, una vertebración marcada, existen expresiones de eso, pero más parcializadas, debilitadas.

¿Qué pasa con la presencia de estas bandas en las ciudades?
También están. Hay un elemento de presencia urbana nuevo y expresiones de eso se ven en ciudades como Cúcuta, todas las de la Costa Caribe, Montería, Urabá, Bajo Cauca y Medellín, en donde la situación se ha consolidado luego de que ‘Don Berna’ saliera y quedaran redes fracturadas.

Hace unos días se conoció un nuevo anuncio del obispo de Montería, monseñor Julio César Vidal, en el que miembros de estas bandas le habrían manifestado su deseo por entregarse al gobierno…
Es positivo. No se deben cerrar esos canales. Si se quieren someter a la justicia, bienvenidos. Eso sí, habría que recomendar al Gobierno revisar cuáles salidas jurídicas se les podría dar y el tipo de tratamiento que recibirían, porque su entrega no se daría en el mismo sentido de un proceso de paz, es más un sometimiento a la justicia.

¿Cuál es el gran reto al que se enfrenta el Gobierno de Juan Manuel Santos en la lucha contra estas bandas?
Aún está a tiempo de revisar políticas, de revisar circunstancias, de redefinir líneas de actuación. El presidente Juan Manuel Santos tiene una visión más realista sobre el conflicto. El vicepresidente Angelino Garzón está haciendo un trabajo muy fuerte en derechos humanos, ha hecho un llamado muy franco a las autoridades por no ser tolerantes frente a la presencia de estos grupos.
Para hacer frente a estos grupos es importante que se empiece por reconocer los avances que hubo en materia de seguridad en la anterior administración, pero también las limitaciones. Hay que reformular líneas de actuación. La lucha no puede ser solo una competencia de la Policía, se necesita que sea también del Ejército.
Además, es necesaria una política más eficaz frente al narcotráfico, que está muy vinculado a estas bandas. Mientras siga la base material, así se acabe con estos grupos, se reproducirá el fenómeno.
Las Bacrim van mucho más allá. Está claro que no son simples bandas delincuenciales.
31 de enero de 2011
18 de enero de 2011
©semana

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