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[Informe sobre inmigrantes ilegales en prisión revela alarmante cifra de abusos sexuales cometidos contra los detenidos por autoridades penitenciarias.]

En 2009, después de informes sobre malos tratos crónicos -detenidos golpeados y muertos por la falta de cuidados de lesiones y enfermedades no tratadas-, el gobierno de Obama juró cambiar el sistema de detención de las autoridades de inmigración del país, el enorme mosaico de prisiones e instituciones parecidas que confinan a casi cuatrocientas mil personas al año mientras esperan su deportación o el asilo.
“El paradigma estaba equivocado”, dijo la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, reconociendo que los centros de detención operaban mucho menos como instituciones correccionales y que la mayoría de los detenidos no están siendo detenidos por haber cometido delitos y no representan ningún peligro. Prometió hacer menos penal el sistema, con mayor libertad y dignidad para los que se encuentran en él.
Pese a ese juramento, los últimos dos años han visto sólo magros progresos hacia la reforma. Los detenidos no están siendo castigados por sus delitos, pero de acuerdo a un reciente informe de Human Rights First, la mitad de ellos están retenidos en cárceles, la misma proporción que en 2009. El resto permanece en un mundo de uniformes de prisión y alambre de púa. Las nuevas normas para orientar a los funcionarios en cuanto a las reformas, todavía no han sido elaboradas.
Muchos críticos también han observado la deplorable ausencia de protecciones legales y la transparencia en el sistema, que se encarga de los trámites de los detenidos a través de tribunales de inmigración sobrecargados, a menudo sin representación.
Un reciente informe de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU; American Civil Liberties Union), basado en documentos obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información, reveló casi doscientas acusaciones de abuso sexual de inmigrantes detenidas. La ACLU ha instado al Ministerio de Justicia a abandonar una regla propuesta que eximiría a los centros de detención de inmigrantes de la Ley para Eliminar la Violación en las Cárceles, una ley federal que define normas para detectar y prevenir el abuso sexual de personas privadas de libertad.
El gobierno federal debe cumplir con sus promesas de reformar sus centros de detención y hacer mayor uso de alternativas para personas que no representan un peligro para la sociedad. Los detenidos deberían tener más acceso a tribunales para impugnar su detención, y las leyes rígidas que exigen la detención automática u obligatoria deberían ser revisadas. Es el paradigma equivocado. El sistema está peligrosamente roto.
5 de diciembre de 2011
4 de diciembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

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