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[Arizona, Estados Unidos] [Después de una investigación de tres años, el Ministerio de Justicia ha acusado a Joe Arpaio, sheriff del condado de Maricopa, Arizona, y durante largo tiempo el favorito del partido contra la inmigración, de conductas inconstitucionales y de crear una “generalizada cultura de prejuicios” contra los latinos.]

¿Así que qué tenía que decir el gobernador Rick Perry, de Tejas, el candidato que el sheriff quisiera tener como presidente? “Esa gente quiere la cabeza del sheriff Joe”, dijo a Fox News cuando hacía campaña en Iowa. Dijo que no había leído el informe, pero prometió que si era elegido impediría que el gobierno federal se metiera con los estados, condenando al Ministerio de Justicia por demandar a Arizona, Alabama y a otros estados por sus extremistas leyes contra la inmigración.
Las conclusiones del Ministerio de Justicia son horribles, pero no sorprendentes. En una carta dada a conocer el jueves, Thomas Pérez, el vice-fiscal general de la división de derechos civiles, dijo que la oficina del sheriff del condado de Maricopa se hizo culpable de conductas inconstitucionales en todos los niveles, desde los alguaciles hasta el sheriff mismo, implementando un perfil racial de los latinos y efectuando chequeos, detenciones y arrestos ilegales de latinos.
Respaldaba los cargos con decenas de miles de páginas de evidencias y entrevistas con más de cuatrocientas personas, incluyendo 75 actuales y antiguos empleados de la oficina del sheriff.
La carta decía que era cuatro a nueve veces más probable que los conductores latinos fueran parados que los no latinos en los caminos del condado de Maricopa. Mencionaba numerosas instancias de represiones arbitrarias e ilegales contra inmigrantes, de redadas policiales iniciadas no debido a la comisión de algún delito, sino porque la oficina había recibido informes sobre “gente de piel oscura” o que hablaban español. (Un allanamiento fue realizado en Sun City, una urbanización de jubilados, dos semanas después de que el sheriff Arpaio recibiera una carta quejándose de que un empleado del McDonald´s local no hablaba inglés.)
Concluía que el departamento de policía había utilizado fuerza excesiva contra latinos y había maltratado a reos latinos en sus cárceles. Que se negó a investigar más de cuatrocientas denuncias por abuso sexual. Y que se vengó ilegalmente de las personas que se quejaron o criticaron al departamento y obstruyó la investigación del Ministerio de Justicia.
Arpaio no ha sido un favorito de los republicanos. El Ministerio de Seguridad Interior ha sido durante largo tiempo un aliado y habilitador de Arpaio a través de sus programas de policía local: 287 (g) y Comunidades Seguras. El jueves, horas después de que la carta de Pérez fuera liberada, finalmente terminó con el programa de supervisión de prisiones 287(g) y le negó acceso a los datos de Comunidades Seguras. Esto debería haber ocurrido hace mucho tiempo. Es difícil imaginar que el Servicio de Inmigración y Aduanas pudo haber ignorado durante tanto tiempo la opresión en el condado de Maricopa.
Janet Napolitano, la secretaria de seguridad interior, no debió esperar tres años para romper relaciones con el sheriff Arpaio. Si es eso lo que se necesita para actuar, podemos temer por los que viven en otras jurisdicciones que pueden estar haciendo caso omiso de los derechos de los inmigrantes y la Constitución, y que simplemente no hacen ruido sobre ello.
21 de diciembre de 2011
17 de diciembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

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