[Muchos inmigrantes son deportados por carecer de abogados o por ser representados por abogados mediocres. Editorial NYT.]
En la decisión sobre quiénes se pueden quedar y quiénes deben marcharse del país, el proceso de deportación de los inmigrantes tolera injusticias en todas sus fases.
Las leyes actuales han negado a las personas detenidas por las autoridades de inmigración las garantías básicas del debido proceso. Y ahora un nuevo informe en la Cardozo Law Review revela una aguda escasez de asistencia jurídica competente de decenas de miles de personas que corren el riesgo de ser deportadas. El estudio examina la situación en Nueva York, pero Nueva York no es la única en este predicamento.
El informe encuestó a los jueces en cinco cortes de inmigración y constató evidencias de asistencias jurídicas mediocres. De acuerdo a las respuestas de los jueces, en casi la mitad de los casos de Nueva York, los inmigrantes que tenían jueces fueron defendidos inadecuadamente. En el 14 por ciento de los casos, dijeron que la preparación y conocimiento de la ley y los hechos de parte de los abogados era “groseramente inadecuada”.
Peor aun, un alto número de inmigrantes en Nueva York no tienen defensa alguna. Aunque los acusados de escasos recursos en tribunales penales tienen derecho a una defensa asignada por la corte, las personas en tribunales de inmigración no tienen ese derecho. Entre octubre de 2005 y julio de 2010 cerca de quince mil inmigrantes (el 27 por ciento del total) llegaron a tribunales sin un abogado. Cerca de dos tercios de los inmigrantes en centros de detención no tenían defensa jurídica. Otras jurisdicciones proporcionan incluso menos acceso a asesoría jurídica: el 79 por ciento de los arrestados y transferidos a centros de detención en otros estados carecían de abogados.
Como en otras áreas, las personas con abogados corrieron mejor suerte. Cerca del 67 por ciento de los detenidos con abogados durante el periodo estudiado pudieron quedarse, mientras que sólo el ocho por ciento de los detenidos sin abogado pudieron evitar la deportación.
Estos problemas son sólo una parte de una crisis mucho más amplia de los servicios jurídicos que está obligando a un enorme número de estadounidenses a presentarse a tribunales sin abogados en asuntos civiles como ejecuciones hipotecarias, desalojos y casos de alimentación. Contra toda lógica, el Congreso ha respondido a la creciente necesidad de asistencia jurídica recortando drásticamente el presupuesto de la Corporación de Servicios Jurídicos federal. Pero la asistencia jurídica financiada por el gobierno para personas que impugnan su deportación no parece ser la prioridad de nadie.
Incluso así, algunas mejoras sí son posibles. La evaluación de todos los casos de deportación en cortes de inmigración anunciada el mes pasado por el gobierno de Obama debería extenderse a casos en las cortes de apelaciones federales. Desestimando los numerosos casos en ese nivel que caen fuera del interés del gobierno en inmigrantes que han cometido delitos graves o representan riesgos para la seguridad nacional podría liberar a abogados competentes para casos más serios. Las fundaciones privadas y los colegios de abogados también podrían ayudar a mejorar la representación [de los inmigrantes indocumentados] creando programas que pongan a trabajar a tiempo completo a abogados jóvenes en problemas de inmigración.
25 de diciembre de 2011
24 de diciembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer
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