[Colombia] [La justicia condenó al ex jefe paramilitar por alrededor de 300 crímenes y le otorgó una pena alternativa de ocho años.]
Édgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’, desmovilizado jefe del Frente José Pablo Díaz, fue condenado por su responsabilidad en los delitos de homicidio en persona protegida, reclutamiento ilícito de menores, porte ilegal de armas, desplazamiento, desaparición forzada, acceso carnal violento, secuestro simple, tortura y extorsión, los cuales fueron cometidos entre marzo de 2003 y marzo de 2006.
El Tribunal que condenó a ‘Don Antonio’ señaló que por medio de la investigación realizada por la fiscal de Justicia y Paz, Dayci Jaramillo, reconstruyó lo que ocurrió en la época más violenta del departamento de Atlántico y se esclarecieron numerosos crímenes que estaban en la impunidad.
También condenó a ocho años de prisión a Andrés Mauricio Torres, un patrullero desmovilizado del Frente Mártires de Cesar, en el que delinquió con los paramilitares durante 13 meses.
En este informe especial VerdadAbierta.com presenta un perfil de alias ‘Don Antonio’, una reseña de la historia del Frente José Pablo Díaz, los crímenes que fueron esclarecidos, la reparación a la que accederán las víctimas y una selección de artículos que este portal web ha publicado sobre el terror que generaron ‘Don Antonio’ y ‘Jorge 40’ en la Costa Caribe.
Fue Condenado a 8 Años
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Cundinamarca condenó a Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio, por 290 hechos delictivos que cometieron hombres bajo su mando. Entre ellos hay 170 casos de homicidio, uno de violencia de sexual y 562 víctimas de desplazamiento forzado.
‘Don Antonio’, quien fue jefe del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte, fue sentenciado por su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado, terrorismo, tortura, reclutamiento ilícito, hurto calificado, acceso carnal violento, extorsión, amenazas y daño al bien ajeno, cometidos entre el 2003 y 2006 por sus subordinados en los departamentos de Atlántico y Magdalena.
Mientras que en la justicia ordinaria ‘Don Antonio’ tendría que pagar 40 años de cárcel, los magistrados del Tribunal Superior de Cundinamarca le otorgaron el beneficio de la pena alternativa al considerar que el postulado cumplió con los requisitos dentro del proceso de Justicia y Paz.
Además en la decisión también se advierte la responsabilidad que tiene el desmovilizado de seguir colaborando con el proceso de desmovilización y reparación integral de las víctimas. De no ser así y de incurrir en cualquier tipo de conducta inapropiada a Fierro Flórez se le retirará el beneficio de la pena alternativa y tendrá que pagar la pena máxima estipulada en el sistema penal colombiano por los hechos de los que es responsable.
Prontuario de ‘Don Antonio’
Entre los años 2003 y 2006, durante el proceso de expansión y consolidación del Bloque Norte, ‘Don Antonio’ y los hombres que estaban bajo su mando en el Frente José Pablo Díaz, dejaron miles de víctimas a lo largo y ancho del departamento de Atlántico, siguiendo las órdenes impartidas por ‘Jorge 40’.
Fierro Flórez, como cabeza de ese frente que delinquió en Atlántico y algunos municipios de Magdalena, fue el responsable de cientos de asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, extorsiones y otros crímenes que los paramilitares cometieron contra sindicalistas, académicos, estudiantes, políticos y comerciantes en esa región del Caribe.
Por esta razón, los magistrados de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Cundinamarca lo sentenciaron por los crímenes que bajo su consentimiento y aprobación, cometieron los hombres que estaban bajo sus órdenes.
En este sentido, sobre el delito de concierto para delinquir agravado, los magistrados del tribunal condenaron a ‘Don Antonio’ por su pertenencia a la organización armada ilegal de las Autodefensas Unidas de Colombia, hecho que lo agravaba, su condición de ex militar.
“Dada su formación militar, el postulado ningún reparo tuvo el poner al servicio de la organización ilegal la formación adquirida durante el tiempo en el que perteneció a las fuerzas armadas de Colombia, lo que materializó un agravante”, indica la sentencia.
Adicionalmente, ‘Don Antonio’ fue condenado por su responsabilidad en 129 homicidios de los cuales 13 fueron homicidios tentados. Los asesinatos selectivos ocurrieron entre los años 2003 y 2006, en una gran mayoría por sicarios o ‘gatilleros’ del frente paramilitar.
Durante la legalización de cargos dentro del proceso de juzgamiento del paramilitar, a ‘Don Antonio’ también se le responsabilizó de 112 casos de desplazamiento forzado, de los cuales la Fiscalía tiene registradas 576 víctimas directas.
Con relación al delito terrorismo, el tribunal condenó al desmovilizado argumentando que durante su estancia en los departamentos de Atlántico y Magdalena, los paramilitares del Frente José Pablo Díaz, asesinaron personas selectivamente generando “sentimientos de angustia y zozobra en la población civil”.
“En el proceso se evidenció un gran número de personas que se vieron obligadas a migrar en más de una oportunidad. Esto da cuenta la intensión del desmovilizado de producir en la población un estado generalizado de temor para así asegurar la expansión y consolidación del grupo ilegal armado, buscando el sometimiento y el dominio de la comunidad”, aseguró en lectura de la sentencia la magistrada Léster González Romero.
Así mismo, en referencia a un delito de acceso carnal violento en persona protegida por el que fue condenado, la Sala seguro que ‘Don Antonio’ fue responsable por no ejercer “los controles debidos frente a sus subalternos para evitar ese tipo de comportamientos”.
Según lo dieron a conocer las investigaciones, se pudo constar que el jefe paramilitar mantuvo vinculado en grupo paramilitar al responsable material del hecho, sin sanción mediante.
En cuanto a los delitos de extorsión y contribuciones arbitrarias, según lo estipulo el tribunal, como comandante de Frente Fierro Flórez, el sentenciado fue el responsable de los porcentajes exigidos sobre la contratación pública de los municipios de Atlántico y algunos del Magdalena.
La instancia judicial también comprobó la intervención que el paramilitar hizo sobre los recursos del Hospital Materno Infantil de Soledad, Atlántico, y las extorsiones arbitrarias que realizó en la zona.
También se le condenó por seis casos de reclutamiento forzado que realizaron los paramilitares de su frente, aprovechando las precarias condiciones económicas y académicas de los menores de edad que ingresaron a las filas del grupo paramilitar.
Finalmente a Fierro Flórez también se le condenó por los delitos de tortura, secuestro, hurto, amenazas y daño al bien ajeno.
De Militar a Jefe Paramilitar
El que se convirtiera en uno de los más sanguinarios jefes paramilitares, fue capitán del Ejército y recibió la medalla José María Córdoba. Tras salir por la puerta de atrás de las FF.AA., se convirtió en la mano derecha de ‘Jorge 40’.
El nombre de Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio’, saltó a la luz pública en 2005 porque en su computador medios y autoridades encontraron detallados informes sobre asesinatos de sindicalistas y civiles a manos de los paramilitares en el norte del país del país.
Sin embargo, antes de convertirse en el subalterno de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, jefe del Bloque Norte de las Auc, ‘Don Antonio’ tenía otra historia que contar. A sus 17 años de edad, Fierro Flórez, nacido el 18 de septiembre en Campo Alegre, Huila, entró al Ejército Nacional, institución en la que con su desempeño alcanzó el grado de capitán en 2002.
Con 19 años, y toda una vida por delante, el 12 de enero de 1994 ingresó a la Escuela Militar de Cadetes, en donde además de hacerse profesional en Ciencias Militares y de las Armas, se desempeñó en los cargos de comandante de pelotón y de compañía, en los que se le destacó por su excelente ejercicio.
En 1995 fue trasladado a Barrancabermeja como oficial adscrito del Batallón Nueva Granada. En este lugar, conoció a su esposa, con quien se casó en marzo de 2002, en la Jagua de Ibirico, Cesar. Su compañera sentimental aseguró que después del retiro de Ejército, siempre estuvo convencida de que Fierro Flórez era un comerciante de vehículos, hasta el momento en que le fue incautado el computador.
Cuando fue militar ‘Don Antonio’ también fue enviado al sur de Bolívar, a las comunas de Medellín y en Cesar, en la fecha para la cual ‘Jorge 40′ empezaba a consolidar su poderío paramilitar en el Caribe colombiano.
Durante su permanencia en El Ejército se hizo acreedor a la medalla José María Córdoba, como reconocimiento a su buen desempeño dentro de la institución. Sin embargo, el 4 de diciembre del 2002, Fierro Flórez inicialmente fue expulsado del Ejército por haber hecho un allanamiento ilegal y, meses después por su omisión en la masacre de Micoahumado, cometida por las autodefensas en el sur de Bolívar. Luego de su retiro, el ex militar se quedó viviendo en Valledupar.
Cuatro meses después de ser retirado, en mayo del 2003, el ex oficial no decidió irse a trabajar a una compañía de seguridad privada ni rehacer su vida en cualquier otro oficio. Lo suyo era la guerra. Un día tomó una chiva que conduce al municipio de La Meza en el piedemonte de la Sierra Nevada, y se le presentó a un viejo conocido, el ex mayor del Ejército, David Hernández, alias ’39’, quien era segundo al mando de ‘Jorge 40′ en la zona de Cesar, y le dijo que quería enrolarse en las autodefensas.
Con unas cuantas llamadas, alias ’39’ aceptó en las filas de las Auc al ex capitán y lo envió como inspector del Frente Mártires del Valle de Upar del Bloque Norte, que delinquía en la zona de El Alto, Badillo y Las Raíces, entre Cesar y La Guajira.
Sin embargo, rápidamente y por su formación militar, fue nombrado comandante del Frente José Pablo Díaz, grupo que ‘Jorge 40′ instaló en el departamento de Atlántico en 2003. Fierro Flórez estuvo al mando de ese frente del Bloque Norte hasta el 8 de marzo de 2006, fecha de la entregó las armas y participó en la desmovilización.
‘Don Antonio’ se ganó la confianza de ‘Jorge 40’ muy rápido. Esto, si se tiene en cuenta que, según él, apenas llevaba tres meses en la Auc y paradójicamente recibió la misión de expandir al Bloque Norte a nuevos territorios, cuando se suponía que las Auc estaban en pleno desmonte de sus maquinarias de guerra y participaban en un acuerdo de paz en Santafe de Ralito, con representantes del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez.
Así, con sólo 28 años, Fierro pasó de ser un intendente que hacía informes sobre actos de indisciplina en las filas de un frente en Cesar, a ser el que mandaba en un frente que recaudaba millones de pesos en extorsiones y colaboraciones económicas de empresarios, contratistas, ganaderos y hasta de narcotraficantes.
‘Don Antonio’ fue el encargado de incursionar en departamento de Atlántico, por órdenes de ‘Jorge 40’. El jefe paramilitar del Bloque Norte, quien fue el último y más reacio de los líderes en desmovilizarse, diseñó una estrategia para mantener el control político y ampliar fuentes de riqueza, consiguiendo nuevos ingresos en Atlántico, Sucre y Magdalena. Una de las cabezas de ese plan de consolidación fue ‘Don Antonio’.
El grupo de ‘Antonio’ (él dice que el ‘Don’ se lo puso una fiscal) se hizo sentir. Pronto empezaron los asesinatos selectivos y por extorsiones en Atlántico, según lo documentó un informe de la Sijín presentado ante jueces de Sabanalarga que abrieron un proceso de investigación en octubre de 2003. En los municipios de Repelón, Malambo, Soledad, Sabanalarga y Barranquilla, en un fin de semana caían asesinados un promedio de 15 personas. Al principio parecían crímenes sin conexión. Pero con el tiempo quedó claro que era una estrategia de una organización criminal: las víctimas iban desde ladronzuelos o viciosos de barrio, hasta líderes comunitarios, académicos, sindicalistas, comerciantes y ganaderos.
Tras las Rejas
El 11 de marzo a las 5:30 de la tarde, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía llegaron hasta el conjunto residencial Villa Canaria, cerca del aeropuerto de Santa Marta y capturaron a Édgar Ignacio Fierro Flórez, ‘Don Antonio’, el hombre que buscaban desde hacía varios meses. Ese mismo día las autoridades incautaron el controvertido computador.
‘Don Antonio’ creyó que se trataba de un error pues apenas cinco días atrás se había desmovilizado en El Copey, Cesar, en presencia de ‘Jorge 40’, del entonces alto comisionado Luis Carlos Restrepo y de todos los medios de comunicación. Por eso sacó el carné que lo acreditaba como reinsertado. Creía que en la versión libre que rindió al momento de desmovilizarse había ocultado todos sus delitos.
Durante las versiones libre realizadas entre 2007 y 2008, el ex jefe paramilitar reconoció su responsabilidad por cadena de mando, en los crímenes que los hombres a su mando cometieron en los departamentos de Atlántico, Magdalena y Cesar.
Después de finalizadas las versiones libre, la fiscalía responsabilizó a ‘Don Antonio’ de 137 casos de desplazamiento forzado, con 570 víctimas directas; 86 homicidios, con un total de 133 víctimas directas, 9 extorsiones, 7 amenazas, 5 extorsiones, 3 robos, 1 reclutamiento de menores, una violación, una tortura, un secuestro, un daño a bien ajeno, porte ilegal de armas y concierto para delinquir.
Entre los crímenes más reconocidos del ex paramilitar se encuentran los asesinatos del ex presidente del sindicato de Electricaribe, Adán Pacheco; el del profesor universitario Alfredo Correa De Andreis; el del ex secretario de gobierno del Distrito de Barranquilla y defensor de derechos humanos Pedro Pérez Orozco; el de Eislen Escalante Pérez, quien había llegado de Cúcuta once años atrás perseguido por el ELN y asesoraba a un grupo de desplazados que habían tomado posesión de una isla en el río Magdalena apetecida por ganaderos, empresarios y políticos; el asesinato del sindicalista del Tránsito José Mendivil; y el también líder de desplazados Miguel Espinosa Rangel, que se había dedicado a luchar por la legalización de predios ocupados por personas en situación de desplazamiento.
Actualmente Fierro Flórez se encuentra recluido en el centro penitenciario en Barranquilla, en donde, dentro de su programa de resocialización, se encuentra estudiando a larga distancia ingeniería industrial.
Crímenes de la Condena
En Atlántico ‘Jorge 40’ y ‘Don Antonio’ asesinaron, desaparecieron, extorsionaron y desplazaron a sindicalistas, académicos, estudiantes, políticos y comerciantes para imponer su «ley».
Sindicalistas
Los líderes de sindicatos y trabajadores afiliados a organizaciones obreras se convirtieron en el principal blanco de los paramilitares dirigidos por alias ‘Don Antonio’. En Justicia y Paz, el ex jefe paramilitar aceptó que ordenó asesinarlos con el pretexto de que las víctimas supuestamente eran afines a la guerrilla o a los movimientos políticos de izquierda. Uno de los crímenes más emblemáticos fue el cometido contra Adán Alberto Pacheco Rodríguez, ex presidente del Sindicato de Electrocaribe.
Según un informe de riesgo de la Defensoría del Pueblo de diciembre de 2004, para ese año los paramilitares amenazaron a 63 sindicalistas afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), así como integrantes de Anthoc, Sintrahoincol, Sintraimargra, Sintranaviera, Sutimac, Sintrabancol, Sinthol, Sintrainal Barranquilla, Sindicato de Galapa, Sintracarne, Sintraelecol, Atlco, Sintraelecol Corelcal, Sutimac, Sintracolechera, Sintraagrícola, Sintrago y a los educadores de Fecode.
Ese mismo año, la Vicepresidencia de la Republica advirtió que 107 personas, entre sindicalistas, profesores y estudiantes, fueron amenazados. Cuarenta de ellos abandonaron la región por miedo.
En la audiencia, la Fiscalía narró como el Frente José Pablo Díaz asesinó entre 2001 y 2003 a Ricardo Orozco, Carlos Barrera Jiménez, Luis Torres, integrantes de Anthoc; a Carlos Barrero, activista de Anthoc y ex trabajador del Hospital de Barranquilla, y a José Mendivil Cárdenas, miembro de la cooperativa de transportadores Cootrab y de Amnistía Internacional.
Otro de los crímenes fue el del abogado Miguel Antonio Espinosa, quien se había caracterizado por su trayectoria en organizaciones sociales, ocupando los cargos como el de Presidente del Sindicato del Dane, presidente de la CUT, militante de la UP y presidente ad honorem de la Liga del Usuario de Servicios Públicos Domiciliarios. Como abogado había ayudado a víctimas de desplazamiento que vivían en el barrio La Pradera, y al sindicato Anthoc.
Universidad del Atlántico
La principal universidad pública del departamento también estuvo en la mira de alias ‘Don Antonio’ y sus hombres. Tildándolos arbitrariamente como supuestos colabores de la guerrilla o afines a movimientos políticos de izquierda, el Frente José Pablo Díaz envió amenazas a través de panfletos contra sindicalistas, estudiantes y profesores.
Según informes de riesgo de la Defensoría Regional, los años 2005 y 2006 fueron los más críticos, con 300 personas y 590 personas amenazas de forma respectiva. La Vicepresidencia de la República advirtió en un informe de 2006 que ese año fueron asesinados tres sindicalistas.
En versiones libres y en el juicio que adelantó la Corte al ex director del DAS Jorge Noguera, alias ‘Don Antonio’ confesó que los paramilitares se aliaron con el organismo de inteligencia del Estado para perseguir y asesinar a personas que fueron consideradas un obstáculo para las Auc. El caso más emblemático, por el que Noguera fue condenado a 25 años de prisión, fue el asesinato de Alfredo Correa de Andreis, un profesor de la Universidad de Atlántico que investigaba los desplazamientos masivos en la Costa Caribe.
Defensores de Derechos Humanos
Así como ocurrió con los sindicalistas y miembros de la Universidad del Atlántico, alias ‘Don Antonio’ y sus cómplices persiguieron a las organizaciones sociales, líderes, comunidades religiosas y académicos que trabajaban en defensa de la población desplazada.
Según la Comisión Nacional de Juristas, entre 2000 y 2005 se registraron cinco casos de violaciones de derechos humanos contra defensores sociales. Aunque la Procuraduría General advirtió en su informe que no existen registros de un gran número de asesinatos contra esta población, eso no significó que no fueran amenazados y limitados para defender los derechos humanos.
Entre los casos más emblemáticos estuvieron los asesinatos de José Castillo Bolívar, ex candidato a la Alcaldía de Soledad; Nelson Mejía Sarmiento, ex alcalde de Santo Tomás, y las amenazas contra Carlos Zambrano, ex alcalde de Baranoa.
Población LGBT
Los paramilitares del Bloque Norte, incluido el Frente José Pablo Díaz, persiguieron y asesinaron a cualquier persona que perteneciera a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT).
“La mayoría de violaciones a los derechos humanos de la población LGTB por parte de la autodefensas se encuentran ligadas a este tipo de prejuicios y creencias que subrayan las actitudes u orientaciones sexuales diversas como comportamientos inmorales que deben ser rechazados en cualquier orden social”, señaló el reciente informe que la Procuraduría General le envió al Tribunal de Justicia y Paz para que en su sentencia contra alias ‘Don Antonio’ tenga en cuenta el daño colectivo que perpetró el Frente José Pablo Díaz contra estas comunidades.
La Reparación de las Víctimas
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Cundinamarca ordenó la reparación integral y colectiva de casi 600 víctimas directas del Frente José Pablo Díaz, comandado por alias ‘Don Antonio’.
En la sentencia condenatoria a Édgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’, los magistrados del ordenaron la reparación integral de un gran número de víctimas que los paramilitares dejaron en los municipios del Atlántico y Magdalena.
El Tribunal ordenó que ´Don Antonio’ indemnizara con sumas entre los 16 millones hasta los 53 millones de pesos a las víctimas directas, de los más de 126 homicidios cometidos por el Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte.
También el órgano judicial aprobó la entrega de 17 millones de pesos por víctima de desplazamiento, dejando claro que el tope de dinero que reciba una familia de desplazados como reparación del daño moral será de 120 millones de pesos.
Adicional al dinero que será entregado de manera individual, la sentencia ordena la aplicación de medidas de reparación simbólica que, según lo contempló la Sala, buscan subsanar el impacto psicológico a las comunidades, a causa de la incursión que el Frente hizo en la región mediante la utilización de estrategias de terror que convirtieron al miedo en su forma de vida.
Según la Sala, el daño psicosocial a las comunidades se tradujo en: el asesinato de personas que eran un referente en de la comunidad como sindicalistas y defensores de derechos humanos, y que sus comunidades no pudieran realizar duelos colectivos, funerales y manifestaciones de rechazo por la presencia del grupo armado en la zona, que tampoco se pudieran solidarizar con las víctimas.
Las casos más dramáticos, según lo estipuló la magistratura, se dieron en Sitio Nuevo (Magdalena), Sabanagrande, Baranoa, Ponedera, Galapa, Palmar de Varela, Piojó, Soledad, Malambo, entre otros municipios de Atlántico.
Para el Tribunal de Justicia y Paz, el daño emocional interrumpió también en las prácticas culturales y políticas, alterando la vida de las comunidades, que debe ser reparado mediante la publicación de verdad, la aplicación de la justicia y el trabajo de las instituciones por las comunidades afectadas.
Para que se dé este proceso, el Tribunal ordenó la creación de un paseo peatonal con placas que tengan la el nombre de las víctimas asesinadas, en cada uno de los municipios donde residían, como garantía para la reparación simbólica. Esta orden deberá concertarse entre los gobiernos locales, La Cnrr y Acción Social, y la obra deberá iniciarse máximo en un año.
Así mismo, como medidas de reparación simbólica, el tribunal ordenó a las autoridades garantizar el regreso a las víctimas que así lo decidan; a las secretarias departamentales hacer jornadas para evaluar las condiciones físicas y sicológicas de las víctimas y otorgarles atención gratuita por el tiempo que sea necesario; a Acción Social diseñar e implementar programa de acompañamiento para las poblaciones afectadas, que traten colectiva e individuales a las víctimas.
También se dispuso difundir la verdad de lo sucedido, lo que incluye la declaración pública de los postulados reconociendo su responsabilidad y pidiendo perdón por lo ocurrido, que deberá realizarse en un acto público.
La disculpa por parte de ‘Don Antonio’, que fue unas de las primeras exigencias de las víctimas, será, como lo ordena la sentencia, publicada en diario de alta circulación nacional.
Como medidas de reparación simbólica también se ordenó publicar la investigación de la Fiscalía que documenta los procesos de origen, consolidación y accionar de las autodefensas en los departamentos de Atlántico, Magdalena y Cesar, en medio de comunicación de amplia circulación. Esta medida pretender fomentar el derecho fundamental de las víctimas de conocer y hacer pública su verdad.
Regreso de las Víctimas y las Garantías de No Repetición
Aunque, según lo dieron a conocer los magistrados del Tribunal de Cundinamarca, las solicitudes oficiales del retorno presentadas por las víctimas del Frente José Pablo Díaz han sido pocas, los responsables de la seguridad de las victimas serán las autoridades locales, nacionales y regionales.
Así mismo, la institución encargada de que las víctimas accedan a los programas para el adecuando retorno a sus hogares será la Cnrr.
Este esfuerzo por reconstruir las vidas y reparar el daño causado a cientos de víctimas de los paramilitares en Atlántico, irá de la mano del compromiso de ‘Don Antonio’ de nunca ser partícipe de violaciones al derecho internacional humanitario ni a cometer ningún tipo de crimen. Al igual que las disculpas públicas, el compromiso del ex paramilitar tendrá que ser publicado en un circulado medio de comunicación.
Sin embargo, más allá de todo acto, organización estatal, en la sentencia es claro que las responsabilidad de que las víctimas no sean de nuevo objeto de algunas violación de sus derechos recae sobre el Estado.
Así mismo, en la Cnrr recae la responsabilidad de elaborar un estudio sobre el impacto que los paramilitares tuvieron sobre las distintas organizaciones sociales de la costa norte colombiana.
También y con el fin de que no se presenten nuevos casos de institucionalidad permeada por la criminalidad, el tribunal ordenó la creación de un comité interinstitucional, con el fin de que se evalúen los recursos públicos para la salud en los distintos municipios del Atlántico.
Finalmente, cumpliendo con la decisión, deberán realizarse ceremonias póstumas de graduación de los estudiantes que fueron asesinaron por los paramilitares del frente al mando de ‘Don Antonio’.
En el proceso de Justicia y Paz, al Bloque Norte de las Auc se le atribuyen 15.700 homicidios, la desaparición de 2.100 personas, el desplazamiento de 81.700 personas, 341 masacres, 410 reclutamientos forzados de menores de edad y de lo cual resultó un registro de 111.000 víctimas.
Frente José Pablo Díaz
Entre los años 2003 y 2006 el Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Auc cometió más de 100 homicidios y más de mil víctimas directas en los municipios del Atlántico.
Bajo las órdenes de ‘Jorge 40’, jefe del Bloque Norte de las Auc y con su pretensión de continuar delinquiendo, aun cuando el país hablaba del desmonte del paramilitarismo, el Frente José Pablo Díaz se consolidó en varios municipios de Atlántico y en algunos de Magdalena.
Entre 2003 y 2006, el Bloque Norte de las Auc incursionó en el departamento de Atlántico como parte de una estrategia de expansión que orquestó el jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, con el objetivo de ampliar su control sobre las rentas públicas de la salud y la educación, además de manejar a su antojo negocios ilegales como el narcotráfico y otros legales a través de testaferros y cómplices.
Para lograr su propósito, el paramilitar envió a la región al ex mayor del Ejército José Pablo Díaz, quien fue asesinado por el frente 19 de las Farc en 2003 en la carretera troncal del Caribe. Posteriormente, con este nombre se bautizó este grupo y el lugar del mayor Díaz, fue sucedido en el 2003, por Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio’, a quien ‘Jorge 40’ encargó de la expansión y consolidación del paramilitarismo en Atlántico.
Alias ‘Don Antonio’ fue la cabeza de una estructura militar, política y financiera, hasta la desmovilización del frente en marzo del 2006. Bajo sus órdenes el Frente José Pablo Díaz actuó con una clara y definida división del trabajo mediante la cual asignaba tareas y exigía resultados a sus subalternos para poder financiar las actividades del grupo ilegal armado que dirigía.
Este grupo paramilitar dejó a su paso una escalada de violencia sin precedentes en los municipios de Atlántico. Según lo dieron a conocer los magistrados que emitieron condena contra Fierro Flórez, no cabe duda que el accionar del frente tuvo desde siempre, como objetivo a la población civil.
“Independientemente del discurso antisubversivo, todas las acciones completadas por el frente José Pablo Díaz, se dieron en el marco de actos unilaterales frente a los cuales no había oportunidad de resistirse (…) En el desarrollo de estas políticas delictivas se pretendió enviar un mensaje de terror generalizado, que se desenvuelve en un control territorial efectivo, disolviendo la cohesión social de la comunidad, y fomentando su imposibilidad tomar la legítima opción de la salvar la vida y la integridad”, aseguraron en la sentencia los magistrados del Tribunal Superior de Cundinamarca de la Sala de Justicia y Paz.
Entre el 2003 y el 2006, el frente cometió un centenar de homicidios y desplazó a un número aproximado de 136 familias de sus lugares de residencia. Hechos durante los cuales las autodefensas de ejercieron su poder en la región y generaron una irreparable tragedia humanitaria en la región.
Tanto así que a comienzos del nuevo siglo, el departamento de Atlántico parecía mantenerse al margen del conflicto armado que padecía el litoral Caribe, pese a que su capital, Barranquilla, era punto de llegada de miles de desplazados de la región. La situación comenzó a complicarse en el año 2003, cuando llegaron los paramilitares a la ciudad.
Según un informe de la Procuraduría General de la Nación, reseñado en la sentencia contra el postulado, el arribo de los paramilitares comandados por ‘Don Antonio’, jefe del Frente José Pablo Díaz en Atlántico, Magdalena, Cesar, Sucre y Córdoba, influyó en el aumento de los homicidios en todo la región.
Solo en 2004 en Atlántico ocurrieron 730 asesinatos, mientras que en 2005 y 2006, aunque bajaron un poco, la cantidad de homicidios siguió siendo alta, con 637 y 609 casos respectivamente. Barranquilla fue la ciudad más afectada con la presencia paramilitar con 1.664 asesinatos entre 2003 y 2006, seguida por Soledad con 572 y Malambo con 116.
Durante el juicio a alias ‘Don Antonio’, la fiscal Daicy Jaramillo, de Justicia y Paz, logró esclarecer cientos de crímenes que enlutaron a la región y que fueron cometidos por los paramilitares por el simple objetivo de entrar a una zona que no presentaba los síntomas del conflicto armado que se vivió en el Caribe.
Pero más que combatir a la guerrilla, los paramilitares buscaban apoderarse, fundamentalmente, del negocio del narcotráfico. Por lo menos así lo establecieron varios informes de entidades estatales como la Policía, el Ejército, la Vicepresidencia de la República y la Defensoría del Pueblo.
Si bien el negocio ilegal estaba bajo el dominio desde la década de los ochenta por grupos como el Cartel de la Costa, del extraditado Alberto Orlandez Gamboa, alias ‘El Caracol’; el Clan Nasser Arana, y los mellizos Mejía Múnera, el jefe paramilitar ‘Jorge 40’ encargó a Miguel Villareal Archila, alias ‘Salomón’, subintendente retirado de la Policía, para que controlara todo el narcotráfico que saliera entre las ciudades de Barranquilla y Cartagena.
Fue así como entre 2003 y 2006 los narcotraficantes, según un informe de la Dijin, “lograron sacar más de 100 toneladas de cocaína con permiso de miembros de la Policía del Atlántico, que se cobraba por transitar por (el) territorio bajo su control»; además, se logró establecer que en esos años los paramilitares lograron cobrar dos millones de dólares de “impuestos” a los embarques de narcóticos que pasaban por Atlántico.
La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía tiene documentado del grupo paramilitar comandado la comisión de 245 asesinatos selectivos, del desplazamiento forzado de por lo menos 592 personas, así como de reclutamiento forzado y de concierto para delinquir, todo esto sin que en ese departamento se haya dado un solo combate entre las Auc y la guerrilla. La sentencia indicó que todos estos crímenes fueron cometidos en razón del conflicto armado interno y se constituyeron graves violaciones de derechos humanos, crímenes guerra y delitos de lesa humanidad.
Cómo Asesinaban los Paramilitares en Atlántico
Según se puedo establecer en las diferentes investigaciones de la Fiscalía y como lo señala la sentencia condenatoria a ‘Don Antonio’, el Frente José Pablo Díaz mantuvo tres políticas criminales en el departamento del Atlántico.
Una primera política antisubversiva, la de homicidios selectivos, se tradujo en la persecución y asesinato de civiles, en muchos de los casos líderes sindicales o defensores de derechos humanos, que eran señalados como auxiliadores de la guerrilla.
Además de intentar controlar todos los ámbitos económicos legales e ilegales de esta región, las Auc golpearon con fuerza a las organizaciones sociales. El Frente José Pablo Díaz empezó una ofensiva contra defensores de derechos humanos, académicos, estudiantes, políticos, comerciantes, ganaderos, líderes sindicales y comunitarios, miembros de las comunidades LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) a quienes amenazaron, desplazaron y asesinaron, para encubrir la verdadera razón de su presencia en Atlántico.
Según un informe de la Defensoría del Pueblo de diciembre de 2003, la estigmatización de los paramilitares contra los miembros de los sindicatos llegó a tal punto que amenazaron a 63 sindicalistas afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Anthoc, Sintrahoincol, Sintraimargra, Sintranaviera, Sutimac, Sintrabancol, Sinthol, Sintrainal Barranquilla, Sindicato de Galapa, Sintracarne, Sintraelecol, Atlco, Sintraelecol Corelca, Sutimac, Sintracolechera, Sintraagricola, Sintrago y Fecode.
De acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo expuesto en la audiencia, entre 2005 y 2006 los paramilitares amenazaron a 890 sindicalistas, estudiantes y docentes de la Universidad del Atlántico. En este último año los paramilitares asesinaron a 3 sindicalistas.
Para lograr esa afectación, y como se conoció tras la captura de ‘Don Antonio’ en marzo de 2006 en Santa Marta y la incautación de su computador personal, los paramilitares contaban con el apoyo de miembros de organismos de seguridad como el DAS y la Policía para identificar a sus víctimas y posteriormente obligarlas a desplazarse o asesinarlas. En esencia, esa macabra integración, llevó a los paramilitares a hacer el trabajo «sucio» contra líderes sociales en Barranquilla y el Atlántico.
Así quedó en evidencia una vez se analizaron los contenidos del computador de ‘Don Antonio’. La máquina tenía decenas de archivos con información del bloque paramilitar, entre ellos cómo funcionaban las diez comisiones que se implementaron en la región, detalles de todas las actividades delictivas del frente, listas de sindicalistas, supuestos guerrilleros, políticos, académicos y funcionarios que fueron asesinados por los hombres de ‘Don Antonio’.
Este computador, más las confesiones hechas por ‘Don Antonio’ a la Fiscalía, permitieron iniciar numerosas investigaciones contra cómplices de las Auc en esta sección del país y esclarecer cientos de crímenes cometidos por el ex jefe del José Pablo Díaz y sus hombres, en especial contra personas inocentes sin ninguna justificación, entre ellas los sindicalistas, tanto de base como directivos.
De acuerdo con su declaración ante la Corte Suprema de Justicia, Fierro Flórez se reunió en una oportunidad con Rafael García, ex funcionario de informática del DAS, con el fin de conocer la información clave que éste tenía sobre presuntos colaboradores de la guerrilla en el Atlántico.
Al parecer se trataba de listas con información de líderes sindicales, profesores, estudiantes universitarios y activistas de izquierda elaboradas por el organismo de inteligencia para ser entregadas al Bloque Norte de las autodefensas. Según ‘Don Antonio’, el ex funcionario del DAS contaba con las hojas de vida de estos líderes sociales a quienes el DAS presuntamente había identificado como miembros del Partido Comunista Clandestino (PC3) de las Farc.
Por otro lado, el Frente José Pablo Díaz lideró la política denominada de ‘limpieza social’, con la que estos hombres buscaban hacer justicia por su propia cuenta, tildando a varías de las víctimas de delincuentes comunes o drogadictos, como una manera de tomar el control de la criminalidad de Barranquilla y sus alrededores.
Finalmente una tercera forma de operar que se denominó, por el tribunal, como el homicidio retributivo. Durante su accionar en el Atlántico, los paramilitares asesinaron indiscriminadamente a comerciantes y personas que no cumplían con las extorsiones exigidas por el grupo.
Fue así como en Barranquilla y otros municipios del Atlántico, ‘Don Antonio’ enviaba a sus subalternos a extorsionar a tenderos.
28 de diciembre de 2011
16 de diciembre de 2011
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