[Estados Unidos] [La represión de la inmigración también afecta a ciudadanos estadounidenses. Un creciente número de estadounidenses son detenidos en el marco de los programas del gobierno de Obama para detectar inmigrantes ilegales.]
[Julia Preston] En una racha de casos recientes en el país, ciudadanos estadounidenses han sido encarcelados en cárceles locales después de que agentes federales de inmigración, actuando con informaciones incorrectas de las bases de datos del Ministerio de Seguridad Interior, instruyeran a la policía a detenerlos para ser investigados y posiblemente deportados.
Los estadounidenses denunciaron que sus vehementes protestas de que eran ciudadanos no fueron consideradas por la policía local y carceleros durante días, y no les permitieron comunicarse con agentes federales de inmigración para aclarar la situación. Los casos en que se ha detenido a estadounidenses, así sea brevemente, para una investigación de inmigración, son potencialmente detenciones ilegales, porque los agentes de inmigración no tienen autoridad legal para detener a ciudadanos.
“Les dije a todos los oficiales a los que vi que yo soy un ciudadano estadounidense, y no me creyeron”, dijo Antonio Montejano, que fue detenido el mes pasado acusado de hurto en una tienda y fue retenido durante dos noches en virtud de una orden de inmigración en una comisaría de Santa Mónica, California, y dos noches más en una hacinado calabozo de la cárcel del condado de Los Ángeles, por sospechas de que era un inmigrante ilegal. Montejano nació en Los Ángeles.
Este año la agencia de inmigración ha extendido a gran velocidad su programa de deportaciones más importante, conocido como Comunidades Seguras, con el objetivo de cubrir todo el país en 2013. En el marco de este programa, las huellas digitales de las personas detenidas en cárceles locales son cotejadas con las bases de datos del Ministerio de Seguridad Interior. Si el chequeo resulta en alguna coincidencia, los agentes federales de inmigración pueden emitir órdenes de detención, pidiendo a las autoridades policiales locales que retengan a un sospechoso por un periodo de hasta 48 horas.
Las detenciones de ciudadanos son parte del impacto cada vez más amplio sobre estadounidenses, así como sobre inmigrantes, de las estrategias policiales del presidente Obama que ya han provocado más de 1.1 millones de deportaciones desde el inicio de su mandato en lo que es la cifra más alta en seis décadas.
John Morton, director del Servicio de Inmigración y Aduanas, dijo que la agencia prestaba “inmediata y detenida atención” a cualquiera que dijera que era estadounidense.
“No estamos facultados para detener a ciudadanos”, dijo Morton en una entrevista el martes. “Obviamente tomamos muy en serio los reclamos de las personas que dicen que son ciudadanos”.
Más tarde en el mes, dijo Morton, la agencia publicará nuevos cuestionarios de inmigración. Los cuestionarios, en varios idiomas, exigirán que la policía notifique a los sospechosos que estén bajo custodia de la autoridad federal de inmigración, dijo. También proporcionarán un teléfono desde el cual los detenidos puedan llamar directamente a la agencia de inmigración.
Es difícil conseguir cifras exactas de los ciudadanos detenidos erróneamente por las autoridades de inmigración, ya que no se llevan las estadísticas sistemáticamente. En un estudio, 82 personas que estuvieron detenidas para ser deportadas entre 2006 y 2008 en dos centros de detención de inmigrantes en Arizona, por periodos superiores a un año, fueron liberadas después de que jueces de inmigración determinaran que eran ciudadanos estadounidenses.
“Debido a la escala de la represión, la cantidad de personas que son encarceladas por el Servicio de Inmigración y Aduanas es simplemente muy alta”, dijo Jacqueline Stevens, autora del estudio y profesora de ciencias políticas en la Universidad de Northwestern en Evanston, Illinois.
Stevens concluyó que un porcentaje “bajo pero persistente” de casi 400 mil personas detenidas para ser deportadas cada año, son ciudadanos.
Uno era Montejano, cuando una salida a comprar durante las vacaciones el 5 de noviembre en un mall de Los Ángeles con sus cuatro hijos terminó mal. Después de que su hija le rogara que comprara un frasco de agua de colonia de diez dólares, contó Montejano, inadvertidamente lo dejó caer en una bolsa con cosas que ya había comprado. Fue detenido cuando salía de la tienda.
Sin antecedentes criminales, Montejano, 40, pensaba pagar rápidamente una fianza en la comisaría de policía de Santa Mónica por un cargo menor y marcharse a casa. Tenía su licencia de conducir y otros documentos de identificación, pero debido a una orden de detención de inmigración le negaron la fianza y lo mantuvieron retenido incluso después de que un juez de un tribunal penal cancelara su multa y ordenara a la policía que le dejaran marcharse.
Montejano fue dejado en libertad el 9 de noviembre después de que abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles enviaran al Servicio de Inmigración y Aduanas su pasaporte norteamericano y su certificado de nacimiento.
“No creo que simplemente porque cometí un error”, dijo Montejano, “tengan derecho a hacerme todas esas cosas”.
Dijo que cree que la policía no creyó que era estadounidense debido a su apariencia. “Me veo cien por ciento mexicano”, dijo.
Montejano había resultado en una coincidencia positiva en las bases de datos del Ministerio de Seguridad Interior, descubrieron los abogados de la ACLU, debido a que los funcionarios de inmigración ya habían desconocido su condición de ciudadano anteriormente y lo habían deportado a México en 1996. Sus antecedentes no habían sido corregidos.
Una estudiante universitaria estadounidense, Romy Campos, también fue encarcelada en una cárcel californiana el mes pasado durante cuatro días por una orden de inmigración. Después de su detención en Torrance el 12 de noviembre por un delito menor, a Campos, 19, le negaron la fianza y fue trasladada a la cárcel del condado de Los Angeles. Un defensor público que le había asignado la corte del estado le dijo que no había nada que pudiera hacer para anular la orden de inmigración.
“¿No pueden ver en mi expediente o en algo que soy una ciudadana?”, le preguntó Campos al abogado. “Me dijo: ‘Lo lamento, pero este es un tribunal del estado. No puedo hacer nada’”.
Después de cuatro días Campos recuperó su libertad poco después de que Jennie Pasquarella, una abogado de la ACLU, entregara a la agencia de inmigración su certificado de nacimiento en Florida.
Campos dijo que la experiencia fue espeluznante. “Me sentí completamente maltratada, sentí que no valía nada, me sentí violada en mi propio país”, dijo.
Campos, ciudadana estadounidense y española, se enteró más tarde que tenía un expediente en el Ministerio de Seguridad Interior porque había entrado antes a Estados Unidos con su pasaporte español.
Los ciudadanos estadounidenses también pueden ser sometidos a un control de huellas digitales de Comunidades Seguras debido a fallas en las bases de datos del ministerio. A diferencia de las bases de datos criminales federales administradas por el FBI, los archivos de seguridad interior incluyen todas las transacciones, no solamente delitos. Un inmigrante que haya mantenido siempre su condición legal, incluyendo los que se naturalizaron para convertirse en ciudadanos estadounidenses, puede todavía proporcionar una coincidencia positiva.
De acuerdo a Margaret Stock, un abogado de inmigración de Alaska, debido a las complejas leyes de ciudadanía del país muchas personas nacidas en el extranjero se convierten automáticamente en estadounidenses por sus padres estadounidenses o por adopción. A menudo su nacionalidad no es ingresada en las bases de datos de seguridad interior, dijo Stock.
Otros casos de detenciones posiblemente ilegales de ciudadanos han sido recientemente denunciados en Allentown, Pensilvania, Indianápolis y Chicago.
Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas generalmente cancelan las órdenes de detención inmediatamente cuando determinan que el sospechoso es ciudadano. Últimamente no se han conocido casos de estadounidenses siendo deportados.
Pero Stevens advirtió: “Es como el canario en la mina. Si los que tienen derecho a un debido proceso como ciudadanos estadounidenses, eso quiere decir que hay muchas personas potencialmente ilegales que no cuentan con esas protecciones”.
30 de diciembre de 2011
13 de diciembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer
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