[Estados Unidos] Las inyecciones letales de California. Editorial NYT.]
En 2006, un tribunal de distrito federal ordenó que California dejara de ejecutar a personas debido a que el protocolo de tres fármacos del estado, que regula las inyecciones letales, carecía de “fiabilidad”. Seis de los once hombres ejecutados por inyección letal en el estado desde 1978 pueden haber sufrido un cruel e inusual castigo, y en violación de la Constitución, debido a que la inyección provoca un “dolor excesivo”, concluyó el juez Jeremy Fogel. Dijo que el estado podía solucionar el problema constitucional actuando con transparencia a la hora de formular un nuevo protocolo y recurriendo exclusivamente al método que emplea un solo fármaco -un anestésico (como ya ocurre en Ohio y Washington).
Ahora, cinco años después, un tribunal del estado ha resuelto que la manera en que California revaluó las reglas para la aplicación de la inyección letal no tiene validez. La jueza Faye D’Opal dijo que el estado ignoró su propia jurisprudencia administrativa, que define el proceso que debe observarse. El proceso que utiliza caracteriza al sistema del castigo capital en California como un sistema en mal estado y que debe ser suspendido permanentemente.
La jueza D’Opal criticó a los funcionarios por adoptar de manera impropia y apresuradamente una evaluación de 2007 y luego por no responder a los comentarios públicos y por no explicar por qué adoptó básicamente el mismo y viciado protocolo de los tres fármacos en su propuesta final de 2010. También reprendió al estado por ignorar el protocolo de un fármaco recomendado por su propio experto y por no incluir una “evaluación del impacto fiscal” de la propuesta del estado, ya que había “evidencias preliminares” de que el método haría subir el precio de las ya onerosas ejecuciones.
Un exhaustivo estudio dado a conocer el último verano concluyó que desde 1978 la pena capital ha costado a California cerca de cuatro mil millones de dólares. El estado podría ahorrar billones de dólares si eliminara la pena capital, como intuyen muchos ciudadanos: ahora están en camino a reunir el medio millón de firmas que se requiere para llevar a las urnas, en 2012, la iniciativa que remplazaría la pena capital por reclusión perpetua a firme.
El sistema de gobierno de California, ratificado por referendos, quiere decir que sólo los electores del estado pueden abolir la pena de muerte. California debería poner fin a esta locura de tratar de reformar algo que es inmoral y que simplemente no puede ser enmendado.
1 de enero de 2012
21 de diciembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer
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