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[Estados Unidos] [Una punzante opinión de la jueza Elena Kagan para una Corte Suprema unánime reforzó el mes pasado el mensaje que los tribunales inferiores han estado enviando durante muchos años: la ley que se aplica en casos de inmigración a menudo no cumple con las normas mínimas de la justicia.]

En el caso Judulang v. Holder la incapacidad fue total: un fallo a favor de una deportación que no tiene ningún sentido. Como escribió pertinentemente la jueza Kagan: “Debemos revertir la política implementada por una agencia [oficial] cuando no podamos discernir sus motivos”. Desafortunadamente, ese juicio se aplica demasiado a menudo a los engorrosos y absurdos procesos que se siguen en los tribunales de inmigración.
El caso gira sobre la política que aplica la Junta de Apelaciones de Inmigración al decidir cuándo un extranjero residente cuya deportación ha sido ordenada por un tribunal de inmigración puede solicitar al fiscal general que anule esa orden. Joel Judulang, nativo de Filipinas, ha sido residente permanente de Estados Unidos desde 1974, cuando tenía ocho años. A los catorce se declaró culpable y fue condenado a una sentencia remitida por homicidio después de participar en una riña en la que uno de los participantes disparó y mató a otra persona. En 2005, después de declararse culpable de robo, el gobierno empezó un procedimiento de deportación basándose en la condena por homicidio, y un juez de inmigración decretó su deportación.
A la hora de determinar si Judulang podía imputar su deportación, la junta utilizó una ley derogada que tenía que ver con extranjeros que no debían ser admitidos en el país. Si las bases para deportar a un extranjero son “esencialmente equivalentes” a las bases para excluir a alguien, dijo la junta, el deportado podía solicitar su dispensa. Pero falló que Judulang no podía impugnar su deportación porque los fundamentos para su deportación no eran comparables a los que se aplican a la exclusión.
La juez Kagan señaló justamente que este análisis es esencialmente arbitrario. La junta hizo “una comparación irrelevante entre disposiciones legales”, que no tenían nada que ver con la adecuación de Judulang para permanecer en Estados Unidos. En lugar de eso, convirtió la decisión de deportarlo en un “juego de azar”, como “tirar una moneda: si cae cara, el extranjero puede impugnar la deportación, si cae cruz, no puede”.
En este caso el fallo de la junta fue irracional, pero al menos emitió su decisión por escrito. A menudo, los fallos ordenando la deportación van solo provistos del sello de la junta, sin ninguna explicación ni justificación, haciendo casi imposible que se los recurra en los tribunales federales. El proceso de toma de decisiones de la junta refleja la disfuncionalidad de un sistema judicial de inmigración superado que debe ser reformado completamente.
3 de enero de 2012
©new york times

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