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[Hace unos días se supo que el ministerio de Educación introduciría cambios en los textos de historia, remplazando la palabra “dictadura” por “régimen militar”.]

[Claudio Lísperguer] De los programas de estudio para la asignatura de historia, el Consejo Nacional de Educación ha determinado que se remplace la palabra “dictadura” por “régimen militar”. Pero no es el único cambio. El diputado Sergio Ojeda informó que también se remplazaría “violaciones a los derechos humanos” por “excesos”, y “derechos humanos” por “derechos esenciales”. Más que un cambio insensato e inoportuno de terminología, se trata de implantar en los niños una visión torcida de la historia. Digo visión o interpretación torcida de la historia porque creo que hay una verdad que imponen los hechos, que son más difíciles de desarmar, pese a que su descripción misma pueda estar teñida por alguna ideología o por alguna rutina.
Testarudas opciones ideológicas llevan a muchos a tratar el tema de las causas del golpe de estado (o pronunciamiento), pasando por alto el ahora pintoresco Plan Z, y hasta incluso el Libro Blanco, o empiezan ese periodo sin mencionar el asesinato del general Schneider. Otros pretenden que el periodo del presidente Allende fue una taza de leche. No hay para qué pretender que nos vamos a poner de acuerdo.
Pero en la descripción y enseñanza de la historia de ese periodo (1973-88, 1973-90), en lo que se refiere a los capítulos pertinentes, debiesen tomarse como punto de partida las descripciones y conclusiones de los informes de nuestras propias comisiones de la verdad y en los fallos de los tribunales, que todos o casi todos aceptamos porque creemos que representan el más objetivo acercamiento a la verdad que se ha logrado definir consensualmente y que no puede refutar ni siquiera la extrema derecha.
Por el tenor del debate, es más que evidente que los que idearon y redactaron la reforma no han tomado en cuenta ni esos informes ni fallos de tribunales que, por ejemplo, han descrito a la policía política del régimen militar como una asociación ilícita, los delitos que cometieron como de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles e inamnistiables, y las violaciones a los derechos humanos como sistemáticas, y no excesos –lo que además evidencia que no debe tratarse de profesionales. Y esto último es muy preocupante, porque aparentemente los programas de estudio son redactados por personas no idóneas o que creen que la verdad se la chupa uno del dedo. En las democracias las comisiones de investigación se forman precisamente para establecer la verdad, que es el mismo objetivo que persiguen tribunales y las clases de historia, justamente para que obstaculizar que se interpreten los hechos de cualquier manera.

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