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[Santiago, Chile] [La Corte Suprema acogió un recurso de amparo, presentado en contra de Carabineros de Chile por un operativo policial donde se afectó a un menor de edad de la comunidad de Temucuicui, en la Región de La Araucanía.]

En fallo dividido los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y los abogados integrantes Domingo Hernández y Luis Bates, ratificaron el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco que había acogido la acción cautelar.En primera instancia, la Corte de Apelaciones de Temuco había acogido la acción basada en la vulneración de los Derechos del Niño y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En lo esencial el fallo, aunque reconoce la “legitimidad formal” de las incursiones y operativos policiales al interior de la comunidad de Temucuicui, cuestiona la “necesidad y la racionalidad de los medios empleados para llevarlas a cabo”, ya que sitúan a Carabineros frente al riesgo “permanente de vulnerar disposiciones del Convenio 169 de la OIT”, en cuanto a que no deberá emplearse ninguna forma de fuerza o coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados”.
La resolución de primera instancia, ratificada por la Corte Suprema, agrega que para cautelar que no se produzcan excesos “se ordena a la Prefectura de Carabineros Malleco efectuar los procedimiento policiales en dicho sector con estricta sujeción a la normativa constitucional y legal vigente, absteniéndose, en lo sucesivo, de afectar los derechos fundamentales de las personas amparadas, teniendo una especial consideración respecto de los menores de edad”.

Menor Detenido
Los hechos que motivaron el recurso de amparo y el fallo de este jueves ocurrieron  la tarde del pasado 8 de diciembre, cuando un gran contingente de Carabineros ingresó a la comunidad mapuche Temucuicui, contexto en cual el menor “fue esposado y subido a un carro policial, medio en el cual fue conducido a la comisaría de Collipulli, permaneciendo en calidad de detenido por varias horas”, hasta ser dejado en libertad durante la madrugada del día siguiente, tal como lo reflejó el parte policial emitido en ese momento.
Todos estos antecedentes fueron explicados ayer a los ministros de la sala penal por el defensor público Claudio Fierro, abogado de la Unidad de Corte de la Defensoría Penal Pública, durante los alegatos en que Carabineros solicitó a la Corte revocar el fallo que acogió el amparo.
Consultado sobre la decisión de la sala penal, el abogado Fierro señaló que el fallo tiene una “relevancia especial” para generar un nuevo escenario de respeto riguroso a las garantías y derechos fundamentales de las comunidades indígenas, específicamente para la de Temucuicui.
“Esto, porque si bien la acción policial tiene respaldo legal en el contexto de investigaciones que realiza el Ministerio Público, tales procedimientos deben efectuarse dentro de un marco de legalidad y respeto a normas constitucionales y de derecho internacional como el Convenio 169 de la OIT”, agregó Fierro.

Fallo Textual
“Aun  cuando no se advierte otra arbitrariedad que la señalada en el motivo anterior, lo cierto es que las incursiones y operativos policiales en el interior de la Comunidad Temucuicui constituyen hechos públicos y notorios que, si bien se encuentran legitimados formalmente, mediante el cumplimiento de los requisitos impuestos por el Código Procesal Penal, motivan el legítimo cuestionamiento de este Tribunal respecto de la necesidad de tales incursiones y de la racionalidad de los medios empleados para llevarlas a cabo, y sitúan a Carabineros frente al riesgo permanente de vulnerar  no sólo lo dispuesto en el artículo 19 N° 7 de nuestra Carta Fundamental, sino que también las disposiciones que sobre la materia contiene el Convenio 169 de la OIT, particularmente su artículo 3.2, que dispone:  No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio. Teniendo presente que esa acción constitucional ha sido interpuesta en carácter de preventiva y con la sola finalidad de cautelar la posibilidad real y cierta de que funcionarios de la recurrida lleguen a cometer excesos en los operativos desplegados al interior de esta Comunidad Indígena –o de cualquier otra- (…) se ordena a la Prefectura de Carabineros Malleco efectuar los procedimiento policiales en dicho sector con estricta sujeción a la normativa constitucional y legal vigente, absteniéndose, en lo sucesivo, de afectar los derechos fundamentales de las personas amparadas, teniendo una especial consideración respecto de los menores de edad”, argumentaba el fallo de primera instancia, ratificado por la mayoría de la Sala Penal de la Corte Suprema.
La resolución se adoptó con el voto en contra de los abogados integrantes Hernández y Bates, quienes fueron partidarios de rechazar el recurso de amparo, basados en que el actuar de Carabineros se ajustó a la ley.
“Del examen de la sentencia apelada que acoge el presente recurso de amparo, se aprecia que contiene un considerando a modo de marco, el que da cuenta de una actuación legítima de Carabineros de Chile, es decir, sujeta estrictamente al ordenamiento jurídico vigente en los hechos que registra. (…) Que, en el contexto del marco precitado, los hechos específicos que se atribuyen a la policía uniformada en relación con el menor FM, carecen de la claridad suficiente en cuanto a su origen y desarrollo para dar por establecida alguna infracción concreta a normas de derecho interno como internacional que se conformen con los requisitos exigibles y propios de un recurso de amparo”, dicen los disidentes.
6 de enero de 2012
5 de enero de 2012
©la nación

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