[Muchos acusados no pueden pagar un buen abogado. Editorial NYT.]
En la mayoría de los condados estadounidenses, algunos acusados en causas criminales son representados por un defensor público, y otros por abogados privados nombrados por la corte. Un nuevo estudio de RAND sobre Filadelfia revela una enorme diferencia en la manera en que son tratados los clientes dependiendo del tipo de abogado que les son asignados.Los sorprendentes hallazgos muestran que con limitarse a otorgar un abogado a un indigente, como lo exige la Constitución en casos de delitos graves, no es suficiente para garantizar justicia. Si ese abogado no es evaluado en cuanto a su idoneidad, instruido para manejar el tipo de caso del cliente o pagado convenientemente para dedicar a la causa el tiempo que se necesite, es poco probable que el defendido reciba un juicio justo –sea en Filadelfia o en cualquiera otra parte.
El estudio analizó los casos de homicidio de acusados indigentes con perfiles similares en la ciudad entre 1994 y 2005. La tasa de condena de los clientes representados por abogados de la asociación de defensores públicos, una organización sin fines de lucro que el ayuntamiento paga por sus servicios, fue de un 19 por ciento más baja que la de los representados por abogados que trabajan solos. Su promedio de sentencias de prisión fue de un 24 por ciento más bajo, y era mucho menos probable que fueran condenados a perpetua.
Los defensores públicos de Filadelfia, que son asignados aleatoriamente para representar a uno de cada cinco acusados indigentes procesados por homicidio, reciben sueldos decentes, tienen dinero para contratar a testigos expertos y trabajar con equipos con experiencia. Los abogados nombrados por la corte, representando al resto, son mal pagados, tienden a llevar más casos de los que pueden llevar y generalmente ejercen sin retroalimentación de otros abogados. Como resultado, concluye el estudio, los acusados con abogados nombrados por la corte a menudo reciben asesoría inadecuada, en violación de la Sexta Enmienda de la Constitución, y son vulnerables a castigos más pesados, en contravención de la Octava Enmienda.
Se sabe que Pensilvania –y Filadelfia en particular- proporcionan asesoría inadecuada en casos en los que se puede dictar la pena de muerte. Pero claramente, el problema es más amplio. Una solución sería pagar más a los abogados nombrados por la corte o hacer que los defensores públicos defiendan a todos los acusados indigentes. Puede ser difícil encontrar el dinero, ya que Pensilvania es el único estado que no destina fondos al gobierno para la defensa de indigentes.
Pero como señala el estudio RAND, si el estado ayudara a mejorar la calidad de la defensa, se lograrían resultados más justos, y posiblemente se reducirían los costes penitenciarios en más de doscientos millones de dólares. Los ciudadanos de Pensilvania cosecharían los frutos, así como los acusados en la indigencia.
7 de enero de 2012
24 de diciembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer
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