[Niterói, Brasil] [Agentes de la ley, fuera de la ley.]
[Simon Romero y Taylor Barnes] Patricia Acioli, una jueza conocida por encarcelar a agentes de policía corruptos, entró a su casa una noche de agosto en esta ciudad al otro lado de la bahía de Río de Janeiro. Sus perseguidores llegaron al mismo tiempo. Entonces hicieron su trabajo y le dispararon veintiuna veces, hasta que su cuerpo dejó de moverse en el asiento de su coche.“Corrí afuera después de oír los tiros”, dijo su hijo, Mike Chagas, 20, estudiante universitario. “Nadie debería vivir la experiencia de ver la muerte de su madre, asesinada a balazos en la puerta de su casa.
“Supe de inmediato que la habían matado por su trabajo”, dijo.
Horas antes de su asesinato, la jueza Acioli había emitido órdenes de arresto contra tres agentes de policía acusados del asesinato de un hombre de dieciocho años, desarmado, en una favela –que formaban parte de un grupo de agentes que están siendo investigados por formar un escuadrón de la muerte. Los mismos tres agentes serían arrestados más tarde en relación con su asesinato, junto con otros ocho agentes.
Sus declaraciones aquí en tribunales describiendo con espeluznantes detalles cómo persiguieron a la jueza Acioli y planearon su asesinato durante meses, han revelado un inquietante aspecto de las nuevas políticas de seguridad asertivas de Río de Janeiro, una piedra angular de sus intentos por controlar la ciudad antes de convertirse en la anfitriona de la Copa Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos de Verano de 2016.
Los funcionarios han sido elogiados por recuperar esas áreas de los narcotraficantes en varias favelas de una extensa zona metropolitana con 11.8 millones de residentes. Pero la imagen de una ciudad recuperándose ha sido socavada por las acciones de sus propias fuerzas de seguridad, particularmente las crecientes milicias compuestas en gran parte por agentes de policía retirados y en servicio activo, gendarmes de prisiones y soldados.
Estos grupos funcionan como una rama criminal del estado. De acuerdo a investigaciones judiciales, extorsionan dinero de sus residentes, operan en el transporte público ilegalmente, cobran una comisión por contratos inmobiliarios, castigan a los que se les cruzan en el camino y, y esto es lo más alarmante, realizan ejecuciones extrajudiciales.
Alba Zaluar, antropóloga de la Universidad de Río de Janeiro que estudia seguridad pública, ve a las milicias ocupando un rol paramilitar porque va mucho más allá de la vigilancia policial legítima. Su poder es cada vez mayor, de acuerdo a la investigación que supervisa, con el 45 por ciento de las favelas de Río bajo el control de las milicias en 2010 –un aumento del doce por ciento en 2005.
“Están invadiendo, vigilando, comprándole favelas a los traficantes”, dijo Zaluar.
Mientras las milicias se han expandido recientemente con vigor, su control de varias partes de Río, especialmente de la franja occidental de la ciudad, no es nuevo. Llamadas originalmente “policía minera”, un guiño a las tácticas policiales agresivas en Minas Gerais, un estado fronterizo de Río, las milicias llevan tres décadas operando en Río.
En 2008 una investigación parlamentaria de las milicias de Río condujo a la detención de varios funcionarios vinculados a estos grupos, incluyendo legisladores, concejales y altos funcionarios policiales. Las milicias de Río, junto con los escuadrones de la muerte formados por la policía en el vecino estado de San Pablo, ha sido responsables de cientos de asesinatos todos los años y la impunidad en estos casos fue la norma, de acuerdo a un informe de Human Rights Watch de 2009.
Funcionarios de Río, incluyendo a Fábio Galvão, el subsecretario de inteligencia del estado, dice que están conscientes del problema, afirmando que después de que crecieran las milicias a mediados de la década pasada, también subió el número de sospechosos de ser miembros de esas milicias, de apenas cinco detenciones en 2006 a 250 en 2009 y 143 en 2010.
Pero Galvão dijo que combatir el problema era más exigente debido al crecimiento de las milicias y la capacidad de los líderes milicianos encarcelados de coordinar las actividades desde la cárcel.
Galvão dijo que la gran expansión de las milicias ocurrió hace seis años, antes de que episodios de alta connotación, como el asesinato de la jueza Acioli llamaran la atención de la prensa. “Estaba creciendo un monstruo”, dijo. “Cuando empezaron a defenderse, ya era un gran negocio”.
En los últimos meses han emergido signos de que las milicias se están expandiendo más allá de sus bastiones en Río. Un informe en el diario O Globo describe cómo las milicias se han expandido a once de los veintiséis estados de Brasil, a menudo ganando inicialmente el apoyo de los vecinos de barrios bajos, asesinando a narcotraficantes antes de imponer sus propios métodos de coerción y control.
Galvão, el funcionario de inteligencia, repitiendo a académicos que han estudiado las milicias, dijo que aunque los homicidios tienden a bajar en las áreas bajo control de las milicias, otros delitos, como golpizas y violaciones, a menudo aumentan.
El uso de la tortura por parte de las milicias fue descrito con horrorosos detalles en 2011 por Nilton Claudino, ex fotógrafo de un diario de Río que fue descubierto con un periodista por una milicia cuando trabajaban de manera encubierta en Jardim Batan, una favela de Río.
Describió siete horas de dolorosas torturas, con métodos como descargas eléctricas y asfixia temporal con bolsas de plástico. Dijo que sus torturadores, de una milicia llamada Águila, también eran agentes de policía. Más tarde escapó de Río y vive en la clandestinidad.
“Uno de mis torturadores me dijo: ‘Nunca serás el mismo’”, escribió Claudino en el informe. “Tenía razón”.
Ni los funcionarios públicos ni los investigadores tienen cálculos fiables sobre cuántos milicianos operan en Río, aunque se piensa que superan los cientos y quizás más.
La osadía de los capos milicianos, incluyendo a los arrestados o encarcelados recientemente, ha sido notable. Ricardo Teixeira da Cruz, capo de una milicia llamada Liga de Justicia, comandaba a sus subordinados desde la cárcel. Otro líder de la misma milicia escapó de la cárcel el septiembre, un día después de que agentes de policía cayeran sobre su grupo.
Durante un día de testimonios en noviembre en el juicio por la jueza Acioli, Cláudio Luiz de Oliveira, un alto oficial arrestado en el caso y acusado de haber ordenado su asesinato, sonrió frente a los fotógrafos. La jueza Acioli había estado investigando su participación de él y sus subordinados en decenas de asesinatos en que los decían que los muertos se habían resistido a la autoridad.
Otros agentes de policía arrestados en el caso de Niterói describieron cómo se habían acercado a una milicia al otro lado de la bahía para ejecutar la orden de asesinato. Pero entonces los policías, furiosos por haber emitido órdenes de captura contra ellos, decidieron asesinarla ellos mismos. Los investigadores todavía están tratando de determinar si sus asesinos pertenecían a una milicia específica o a un escuadrón de la muerte organizado más sueltamente.
“Me sentí víctima de una injusticia y decidí ejecutarla”, dijo Sérgio Costa, uno de sus asesinos. Dijo que en la emboscada usó dos armas. “Como no estaba seguro de que estuviera muerta, tomé otro arma y le volví a disparar varias veces”.
El asesinato de la jueza en agosto provocó indignación. Otros jueces denunciaron amenazas de muerte. Los manifestantes crearon incluso una capilla en la playa de Niterói en recuerdo de la jueza, colocando expresiones de pesar en un árbol, incluyendo uno con las palabras algo desvanecidas, “guerrera contra la impunidad”.
En diciembre, Djalma Beltrami, el nuevo comandante del batallón de policía que había investigado la jueza Acioli, fue arrestado por cargos de corrupción. Funcionarios lo acusaron a él y a más de diez agentes de recibir casi cien mil dólares en sobornos de narcotraficantes de una favela no muy lejos de donde fue asesinada la jueza Acioli.
12 de enero de 2012
9 de enero de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer
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