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[Denver, Estados Unidos] [Ponen a prueba política de deportaciones. Uno de cada seis candidatos a la deportación se pueden quedar, pero sin permiso de trabajo, ni licencia de conducir ni becas para estudiar.]

[Julia Preston] Una revisión ordenada por el gobierno de Obama de prácticamente 7 mil novecientos casos de deportación en tribunales de inmigración locales ha identificado a cerca de mil trescientos extranjeros –el dieciséis por ciento- que no representan ningún riesgo de seguridad y serán autorizados a permanecer en Estados Unidos, aunque sin un estatus legal nuevo, dijeron el jueves funcionarios de inmigración.Se trató de una rápida prueba de la primera revisión comprehensiva de la lista de casos en los tribunales de inmigración del país. Funcionarios del Ministerio de Seguridad Interior planean extenderla en los próximos meses a los trescientos mil casos que se tratan en tribunales en todo el país.
La revisión judicial es parte de un amplio esfuerzo del gobierno –en  momentos en que el presidente Obama inicia su campaña de relección- para aliviar el impacto de la implementación [de la ley de inmigración] en las comunidades de inmigrantes y latinas cancelando algunas deportaciones mientras se reducen los enormes atrasos que agobian a los tribunales de inmigración. Sobre la base de tempranas proyecciones de los resultados de proyectos pilotos locales y en Baltimore, hasta 39 mil inmigrantes en todo el país podrían ver suspendidos sus juicios por violación de la ley de inmigración.
Los funcionarios dijeron que esa cifra, aunque es sólo una fracción de las casi 1.2 millones de deportaciones de los últimos tres años, sería suficiente para demostrar que Obama ha oído las amargas quejas de organizaciones de inmigrantes por la separación de familias desde que se implementaran las deportaciones después de que asumiera la presidencia.
Aunque la estrategia del gobierno ha sido en general acogida positivamente por las organizaciones de inmigrantes, sus miembros dijeron que se sentían frustrados por el hecho de que muchos de los que se podrán quedar vivirán en una suerte de limbo indefinido en el que no pueden trabajar legalmente ni obtener licencias de conducir y podrían tener dificultades para sobrevivir.
“Vivirán en el purgatorio de la inmigración”, dijo Hans Meyer, abogado de inmigración de Denver.
Por otro lado, los republicanos dicen que Obama está tratando de evadir al Congreso con su política de discreción judicial. “Es parte de una trama para otorgar una amnistía de facto a más de once millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos por la negativa del presidente a implementar las leyes de inmigración de Estados Unidos”, dijo el representante Elton Gallegly, el republicano de California que es presidente de la subcomisión judicial de inmigración de la Cámara de Representantes.
Este mes funcionarios federales también propusieron uniformar los procedimientos por los que los inmigrantes ilegales con familiares estadounidenses solicitan la residencia legal.
En una intensa campaña iniciada el 5 de diciembre, dieciséis fiscales de inmigración en Denver, trabajando horas extras y durante los fines de semana, leyeron las impresionantes pilas de documentos para cumplir con la fecha cierre de mediados de enero fijada por el Ministerio de Seguridad Interior en Washington.
Pese a la inmensa carga de trabajo, los fiscales dijeron que les agradaba la nueva flexibilidad en la investigación de los casos –más parecida a lo que hacen sus colegas en tribunales penales. Cada caso menor cerrado, deja tiempo en el apretujado calendario del tribunal para que un juez de inmigración expulse a un delincuente sexual o a un pandillero, dijeron los fiscales.
“Nos hace sentir bien saber que algunos de estos casos de baja prioridad pasarán a segundo plano”, dijo Corina Almeida, la que, como fiscal jefe del Servicio de Inmigración y Aduanas en Denver, es aquí la fiscal más antigua. “Estos casos permiten que otros casos avancen al frente: los grandes infractores, los que se burlan del sistema o cometen fraude”.
Bajo la política comunicada en junio por John Morton, director del Servicio de Inmigración y Aduanas, o ICE, los funcionarios de la agencia deben ser más cautos con sus recursos, usando la discreción judicial para acelerar la deportación de delincuentes mientras se evita a los inmigrantes ilegales acusados sólo de infracciones civiles, y que tienen fuertes lazos familiares en el país.
“Si lo único que hicieron fue entrar ilegalmente y han creado vínculos, tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses, son miembros productivos de la sociedad, no tienen antecedentes penales, los fiscales se sienten bien cuando sabes que puedes hacer algo”, dijo Almeida. “No tienen que preocuparse de que alguien golpee a la puerta”.
Pero a medida que se desarrollaba aquí el proyecto piloto, quedó en claro que los fiscales del ICE, mientras impiden las deportaciones, no ofrecen ningún estatus legal que permitiría que los inmigrantes trabajen o conduzcan legalmente o reciban becas de estudio.
Entre los primeros en beneficiarse con la revisión de Denver había un estudiante de México cuyos padres lo trajeron a Colorado cuando tenía nueve. El estudiante, Jesús Gerardo Noriega, ahora de 21, tuvo que pensar por el procedimiento de deportación después de ser parado porque tenía el foco de la matrícula en mal estado. Una ley de Colorado de 2006 exige que la policía local y estatal informe al ICE sobre todo sospechoso de ser un inmigrante ilegal.
Noriega cumplía con los requisitos de la discreción judicial de varias maneras: sus padres son residentes legales, y sus tres hermanos son ciudadanos estadounidenses. Su solicitud de residencia permanente se estancó en el sistema. Terminó la escuela secundaria y quiere ir a la universidad –a estudiar ingeniería automotriz para diseñar coches eficientes en cuanto a la energía, especificó.
Noriega fue detenido doce días antes de que cumpliera diez años viviendo en Estados Unidos, momento en que habría sido elegible para suspender definitivamente su deportación, dijo Meyer, su abogado.
“Mis padres no quieren enviarme de vuelta, y querían volverme a ver”, dijo Noriega, recordando los días que estuvo detenido. “Siempre hemos sido una familia unida, y tener a tu hijo en la cárcel y separado de ti definitivamente llevó tristeza y pesar a la casa”.
Poco antes de las vacaciones, se enteró de que su deportación había sido suspendida. “Pensé que era un milagro”, dijo Noriega.
Pero le preocupa que sin poder trabajar ni conducir, tampoco puede inscribirse en los cursos que necesita para su diploma de ingeniería automotriz.
“Definitivamente es un paso adelante”, dijo. “Pero al mismo tiempo, no creo que sea la solución”.
Funcionarios de gobierno dijeron que trabajaban tan rápido como posible bajo la legislación vigente y continuarían presionando al Congreso para que otorgue estatus legal a los inmigrantes ilegales.
Después de ser elegido para el programa de discreción judicial, un inmigrante debe pasar los controles de antecedentes en las bases de datos criminales federales y seguridad nacional. Luego los fiscales del ICE ofrecen presentar una moción conjunta con el inmigrante para cancelar el caso de deportación. Si las dos partes acceden, la aprobación de un juez de inmigración es relativamente rápida.
La deportación se convierte en una “bella durmiente”, como declaró un fiscal del ICE; se cancela y saca de la lista, pero en teoría puede ser reabierta en cualquier momento.
Jueces y administradores de la corte aquí estaban felices con la perspectiva de tener menores cargas de trabajo atrasado. Con sus jueces de inmigración para manejar un promedio de más de mil trescientos casos cada uno, los tribunales de Denver están entre los más atascados en el país, y los inmigrantes esperan hasta dieciocho meses por una audiencia.
Otro caso cerrado en Denver fue el de Raúl Cárdenas, que entró ilegalmente desde México. Lleva diez años casado con una ciudadana estadounidense, y él y su esposa, Judy, están criando a tres hijos, todos ciudadanos.
Después de ocho años en un trabajo manejando maquinaria pesada para cavar túneles, Cárdenas fue detenido en 2009 cuando el ICE determinó que el número de la Seguridad Social que había presentado pertenecía a otra persona. Los cargos criminales contra él fueron desechados, pero fue colocado en la lista de los candidatos a la deportación.
“Fue una violación absoluta de la seguridad de mi familia”, dijo la señora Cárdenas, maestra de kindergarten en una escuela pública. Con la ayuda de su iglesia Unitaria Universalista, organiza manifestaciones, entrega peticiones a legisladores y busca apoyo en YouTube.
El señor y la señora Cárdenas dijeron que estaban enormemente aliviados de que su deportación fuera cancelada. Pero se sienten frustrados, porque él no puede obtener una autorización para trabajar.
“Es un limbo lleno de ansiedad”, dijo Cárdenas.
En casos en los que se niega la discreción, dijeron fiscales y abogados, el ICE se inclina hacia la cautela, pasando por alto a muchos inmigrantes que no tienen antecedentes penales pero tampoco han mostrado lazos muy profundos con Estados Unidos.
En muchos casos, los abogados de inmigrantes ilegales no aceptan las ofertas de los fiscales porque los inmigrantes tienen buenas posibilidades de obtener residencia legal en tribunales. Laura Lichter, presidenta electa de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, que practica en Denver, dijo que el ICE podría haber hecho mucho más para reducir la carga de trabajo atrasado si completaba rápidamente los casos fuertes.
“Es una empresa importante”, dijo sobre la revisión de las listas. “Pero también es una pérdida de una oportunidad importante”.
21 de enero de 2012
19 de enero de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer

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