[Colombia] [El presidente se disculpó en nombre del Estado con víctimas y sus familias, por los hechos perpetrados por paramilitares a fines de los 90 en Putumayo.]
El mandatario Juan Manuel Santos habló desde Mocoa, en el departamento de Putumayo, a donde acudió para inaugurar el comité departamental de atención de víctimas del conflicto armado.«Quiero aprovechar hoy que están muchas de las víctimas por ejemplo de la masacre de El Tigre, para decirles, para ofrecerles disculpas nuevamente como presidente de la República, a nombre del Estado», dijo Santos quien en varias oportunidades presentó sus disculpas a los parientes de las víctimas.
«Esa masacre nunca ha debido suceder, eso yo les decía al principio (del discurso) cuando uno lee los testimonios (de la masacre) se le arruga a uno el corazón», agregó el mandatario en el acto, transmitido en vivo por la página de internet de la Presidencia.
Ya Santos ha pedido disculpas a nombre del Estado por masacres como la del Salado, ocurrida en el departamento de Bolívar, donde unidades paramilitares asesinaron a por lo menos 60 personas entre el 16 y 21 de febrero del 2000, según informes de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).
Según la CNRR, en la matanza de El Tigre, en Putumayo, un ejército de unos 150 paramilitares irrumpió en la zona urbana del territorio y dio inicio a un ataque indiscriminado contra la población civil que dejó como resultado el asesinato de 28 hombres el 9 de enero de 1999. Lo ocurrido en El Tigre fue una «caravana de sangre», dijo el presidente.
Los pedidos de perdón así como la apertura de oficinas en las capitales de los 32 departamentos del país y que atiendan a víctimas del conflicto armado interno son parte de una de las principales políticas del gobierno de Santos: la atención a personas que han sido golpeadas por la violencia de los actores armados en el país, ya sea por asesinatos, secuestros, desplazamiento, entre otros crímenes.
Santos reiteró en la jornada que la indemnización económica que reciban las víctimas en virtud de una ley que entró en vigencia el 1 de enero pasado es sólo simbólica porque «los recursos son limitados» por parte de la arcas nacionales.
Las indemnizaciones, que tienen un tope de 40 salarios mínimos mensuales vigentes por persona o el equivalente a unos 22,6 millones de pesos (unos 11.930 dólares) llegarían a unos 130.000 colombianos en el primer año de vigencia de la ley, de acuerdo con el Ministerio de Justicia.
Con la de Putumayo -donde se han inscrito al menos 140.000 personas como víctimas de distintos delitos- ya se han abierto 13 oficinas o comités departamentales de atención, según el Ministerio de Justicia.
24 de enero de 2012
23 de enero de 2012
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