[Dan Kaufman] [Una acusación sin mucho sustento jurídico corrobora que el juez Garrzón es víctima de una intriga política de la derecha española.]
En octubre de 1998, agentes de la policía británica arrestaron al general chileno Augusto Pinochet mientras se recuperaba de una cirugía en un hospital de Londres. Actuaban en cumplimiento de una orden de captura internacional emitida por el juez español Baltasar Garzón, que buscaba la extradición de Pinochet para llevarlo a juicio en España por cargos de torturas y asesinatos. Después de una batalla legal de diecisiete meses, el general Pinochet fue liberado por razones médicas. Pero la orden de captura del juez Garzón allanó el camino para despojar al ex dictador de inmunidad y enjuiciarlo en Chile.
Desde la detención de Pinochet, el juez Garzón ha llevado a juicio a violadores de los derechos humanos en todo el mundo. Sus acciones ayudaron a perseguir a expatriados ruandeses por su participación en el genocidio de 1994 y el ex dictador del Chad, Hissène Habré, que fue acusado por crímenes contra la humanidad por un juez senegalés.
Sin embargo, el juez Garzón está él mismo bajo un ataque legal por confrontar la propia oscura historia de España. Esta semana será procesado por la Corte Suprema española por atreverse a investigar crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil Española y la dictadura de casi cuatro décadas del general Francisco Franco. La acusación contra Garzón la alimentan vendettas políticas domésticas antes que argumentos jurídicos substantivos y podría ser un dramático retroceso en los esfuerzos internacionales para llevar a justicia a los violadores de los derechos humanos.
En octubre de 2008, en respuesta a una petición de víctimas y familiares de los que fueron asesinados o torturados por las fuerzas de Franco, el juez Garzón ordenó la exhumación de diecinueve fosas comunes y acusó a Franco y sus cómplices póstumamente por el asesinato y desaparición de más de 114 mil personas.
Poco después de que el juez Garzón emitiera su edicto, el fiscal jefe de España, Javier Zaragoza, lo impugnó, afirmando que violaba la amplia ley de amnistía de 1977. Esta ley, que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha instado a España a derogar, fue aprobada después de la muerte de Franco en 1975 con el apoyo de las fuerzas armadas y prohibió el enjuiciamiento por cualquier delito “de naturaleza política” cometido durante los años de Franco.
Una corte de apelaciones falló contra el juez Garzón a fines de 2008 y el caso pareció estar resuelto. Pero varios meses después del fallo, dos pequeños grupos de extrema derecha demandaron al juez Garzón por “prevaricato” al violar la ley de amnistía.
A medida que aumentaban las críticas internacionales, y sus partidarios montaban enormes protestas en respaldo al juez Garzón, la Corte Suprema aceptó otras dos espurias demandas en su contra, pese a la oposición del fiscal nacional.
Aunque las acciones del juez Garzón han sido siempre polémicas, han sido útiles en la lucha global contra la impunidad. Su persecución del general Pinochet se basaba en la jurisdicción universal, un principio jurídico que dice que los crímenes de lesa humanidad, como la tortura y el genocidio, pueden ser juzgados en cualquier país, independientemente de quiénes fueron víctimas o perpetradores. En realidad, la acusación actual contra el juez Garzón muestra lo necesaria que es la jurisdicción universal cuando los países son incapaces de enfrentarse a sus propios pasados.
Acusar criminalmente a los jueces por prevaricación es extremadamente raro en España, y una condena podría inhabilitar al juez Garzón por veinte años, poniendo un fin efectivo a su carrera.
El celo que ha puesto la Corte Suprema en su enjuiciamiento no tiene muchas bases legales; más bien, refleja el intenso descontento de la elite española con la aplicación de principios jurídicos internacionales a la conflictiva historia de España y a una enraizada animosidad contra el juez Garzón que es tanto política como personal.
Aunque la Corte Suprema tiene numerosos jueces nombrados por el derechista Partido Popular (fundado por uno de los ex ministros de Franco), el juez Garzón también tiene poderosos enemigos en la izquierda, porque a fines de los años ochenta investigó los escuadrones de la muerte del gobierno creados para combatir a la organización separatista vasca ETA. En 1996, sus hallazgos ayudaron a derribar al gobierno socialista.
El juicio del juez Garzón ya ha tenido un escalofriante efecto sobre intentos globales de hacer rendir cuentas a los violadores de derechos humanos, y una condena podría ser interpretada como una advertencia todavía más fuerte. De acuerdo a Reed Brody, de Human Rights Watch, el juez haitiano Carvès Jean está estudiando intensamente las dificultades legales del juez Garzón mientras considera si imputar a Jean-Claude Duvalier por crímenes contra la humanidad o adherir a la ley de prescripción de Haití, que haría imposible juzgarlo por esos delitos.
Más inquietantemente, debido a los problemas legales del juez Garzón, la acusación entablada contra Franco por las víctimas y sus familiares, ahora languidece en tribunales. (La única excepción es en Argentina, donde un prominente abogado de derechos humanos, recurriendo a la jurisdicción universal, recientemente presentó una demanda contra Franco por crímenes contra la humanidad.)
En su libro de memorias de 2005, el juez Garzón escribió: “Un sistema levantado sobre los cuerpos de los que están todavía esperando justicia de modo que puedan descansar en paz, es un sistema ilegítimo y está condenado a sufrir el mismo destino”.
Se enviaría a esas víctimas, y otras como ellas en el mundo, un trágico y decidor mensaje, si la persona condenada por los crímenes de Franco es el juez que se atrevió a investigarlos.
[El autor es escritor y músico.]
27 de enero de 2012
25 de enero de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer
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