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[Un anteproyecto probablemente viola el derecho a defensa y pone en peligro el progreso alcanzado en revertir el legado de Guantánamo como un “hoyo negro jurídico”.]

[Kal Raustiala] De todas las pesadillas de los años de George W. Bush, la más tenaz debe ser qué hacer con el campo militar de concentración de prisioneros de Estados Unidos en Bahía Guantánamo, Cuba. Todavía hay 171 detenidos y escaso consenso en cuanto a qué hacer con ellos. La primavera pasada, el presidente Obama anunció la reanudación de los juicios militares para algunos de los acusados de participar en los atentados del 11 de septiembre de 2001.Esos juicios, conocidos como comisiones militares, se han estancado durante años debido a problemas jurídicos. Hace poco, el oficial a cargo de la prisión de Guantánamo, el contralmirante David Woods, emitió un anteproyecto que agrava esas dificultades. El anteproyecto exige que toda la correspondencia entre el acusado y sus abogados militares designados sea revisada por funcionarios federales.
El proyecto propuesto es un error, que pone en peligro el progreso hecho en cuanto a revertir el manchado legado de Guantánamo como un hoyo negro jurídico. Probablemente viola las garantías de la Sexta Enmienda sobre el derecho a defensa, que ha sido interpretada durante largo tiempo como el permiso para que los abogados puedan comunicarse confidencialmente con sus clientes.
El proyecto no es solamente una mala ley. Es también una mala política que podría manchar los juicios militares más publicitados realizados en nuestro país desde la Segunda Guerra Mundial.
Los derechos que poseen los detenidos en Guantánamo son fuertemente disputados. El gobierno de Bush argumentó durante largo tiempo que Guantánamo era territorio cubano, no estadounidense, y por tanto los detenidos no tenían derechos constitucionales. Esa visión fue repudiada por la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Boumediene vs. Bush de 2008. Al decidir que al menos algunos derechos constitucionales se extendían a los detenidos en Guantánamo, la corte reconoció la naturaleza altamente inusual de la base.
Guantánamo ha estado bajo control estadounidense desde que las tropas estadounidenses prevalecieran en la Guerra Hispano-Americana de 1898. Cuba no tiene el control efectivo sobre la base, que se gobierna por un contrato que no puede ser cambiado sin el consentimiento de Estados Unidos y que otorga a este país la “jurisdicción y control completos” sobre ese territorio. Esta historia lleva a la Corte Suprema a declarar que cualquiera fueran las formalidades legales, es un “hecho obvio e indisputable” que Estados Unidos es el soberano de facto.
En breve, Bahía Guantánamo es técnicamente Cuba. Pero en la práctica forma tanto parte de Estados Unidos de la misma manera que Tampa Bay.
Boumediene no mencionó la Sexta Enmienda. Y la Corte Suprema no ha declarado nunca expresamente que la Sexta Enmienda se aplique a extranjeros juzgados en el extranjero. En el caso más parecido –que implicaba a saboteadores nazis capturados durante la Segunda Guerra Mundial en las playas de Long Island y Florida y juzgados en Estados Unidos-, la corte sostuvo que no tenían derecho al juicio de jurado de la Sexta Enmienda porque las leyes de guerra no establecen ninguno para los combatientes ilegales.
Pero la decisión de 1942 no dice deliberadamente nada sobre los otros aspectos de la enmienda, incluyendo el derecho a defensa.
A la luz de estos precedentes, no es de ningún modo implausible que el derecho a defensa se extienda a los detenidos en Guantánamo. La Corte Suprema dejó en claro en el caso Boumediene que estaba profundamente afectada por la idea de que el gobierno federal podía evadir las restricciones constitucionales simplemente trasladando a los prisioneros a altamar. Ese razonamiento se aplica igualmente a los juicios en ultramar.
El proyecto de Wood, sin embargo, no plantea solamente inquietudes legales. Al violar la santidad del privilegio de confidencialidad entre abogado-cliente, pone en peligro la percepción de las comisiones militares estadounidenses como justas y honestas, una percepción que es crucial si estos juicios deben llegar a alguna parte.
Para ver por qué, consideremos el propósito fundamental de esos juicios. ¿Por qué no, simplemente, encarcelar de por vida, y sin juicio, a los sospechosos de terrorismo? La principal razón, que se remonta al histórico tribunal de Nuremberg, es la creencia de que un juicio justo y honesto de incluso nuestros peores enemigos es la mejor reivindicación de los valores de nuestro país, y el mejor modo de asegurarse de que los ciclos de venganza pierdan fuerza, es que los individuos deban rendir cuentas para que emerja la verdad.
Los juicios por crímenes de guerra han sido manchados por denuncias de la aplicación de la “justicia de los vencedores”. Es sólo con la adhesión escrupulosa a procedimientos justos, neutrales y santificados por el tiempo que podemos refutar vigorosamente esas críticas.
Para algunos críticos, por supuesto, ninguna dosis de debido proceso puede salvar a las comisiones militares. Ven los resultados como predeterminados y el proceso judicial como maquillaje. Pero las comisiones, aunque rara vez empleadas en nuestra historia, se derivan de una larga y honorable tradición de justicia militar. Pueden y deben ser juicios justos. Si son percibidos como injustos, pondrán en peligro todos los juicios por crímenes de guerra –lo que, en las famosas palabras del juez Robert Jackson, el fiscal estadounidense en Nuremberg, “contiene el brazo de la venganza” y somete “a los enemigos capturados al imperio de la ley”.
Es por esto que los abogados defensores nombrados para representar a los detenidos –miembros de las fuerzas armadas estadounidenses que lucen orgullosos nuestro uniforme- han protestado enérgicamente contra los intentos de inmiscuirse en la relación abogado-cliente. Reconocen una importante verdad. Estados Unidos, y nuestra larga lucha contra la violencia terrorista, saldrá como perdedor si la baraja se arregla para que perjudique a los acusados en Guantánamo.
[El autor es profesor de derecho y director del Centro Burkle para las Relaciones Internacionales de la Universidad de California en Los Ángeles.]
27 de enero de 201215
18 de enero de 2012
©los angeles times
cc traducción c. lísperguer

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