[Daniel Robelo, investigador asociado de la Drug Policy Alliance, responde a un artículo el 11 de enero en el Times, ‘Gobierno mexicano trató de ocultar cifras sobre muertes de la guerra contra las drogas’.]
La reluctante publicación del gobierno mexicano de estadísticas de homicidios actualizadas revela los sombríos costes de una guerra fallida, y la creciente necesidad de una estrategia para salirse de ella.Como observa el Times, en los últimos cinco años al menos cincuenta mil personas han sido asesinadas debido a la guerra contra las drogas–casi tantas víctimas como las bajas de Estados Unidos en Vietnam. Muchas de esas víctimas no tenían ninguna relación con el tráfico de drogas.
Aunque el gobierno mexicano anunció una cifra ligeramente menor (47.515 personas en septiembre), expertos y activistas sugieren que el número de bajas real podría ser mucho más alto, ya que en México sólo se investiga el dos por ciento de los delitos. Además, el gobierno ha mostrado una total falta de transparencia, ejemplificada por su persistente rechazo a hacer públicos esos datos condenatorios.
Independientemente de la cifra exacta, el número de bajas es incomprensible e inaceptable. Y a este conteo se deben agregar las miles de personas desaparecidas, las cientos de miles que han sido desplazadas y los cientos de miles de niños que han quedado huérfanos durante ese mismo periodo de cinco años.
Si Estados Unidos no colabora con México para tratar la raíz del problema, que es la prohibición de la droga, esta crisis solo continuará.
Estos asesinatos no están relacionados con las drogas: están relacionados con la prohibición, y son cometidos por carteles que fueron engendrados por la prohibición de las drogas, que derivan su poder de los inflados beneficios de las substancias prohibidas pero al mismo tiempo en gran demanda y que operan en una economía sumergida en la que la violencia se emplea rutinariamente para resolver disputas o deshacerse de rivales en los negocios. Es similar a lo que ocurría en Estados Unidos durante la prohibición del alcohol, pero a una escala mucho más horrorosa.
Entretanto, la respuesta militar de México, con el respaldo de Estados Unidos, antes que reducir la violencia, ha resultado en violaciones sistemáticas y documentadas de los derechos humanos, incluyendo violaciones, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y tortura. Los abusos son tan graves y extendidos que abogados de derechos humanos han pedido al Tribunal Penal Internacional que investigue al presidente Felipe Calderón por crímenes contra la humanidad.
¿Qué reciben los mexicanos a cambio de este impensable precio? No demasiado. Los carteles no dan muestras de debilidad, y las drogas siguen siendo ampliamente consumidas y están disponibles en Estados Unidos, tanto o más que antes.
Por supuesto, las cifras no pueden contar la verdadera historia de lo que significa esta violencia para México. Después de todo, cada persona asesinada era hijo o hija, hermano o hermana, padre o madre. El artículo en el Times destaca a una de esas personas, Juan Francisco Sicilia, un estudiante de veinticuatro años asesinado en marzo pasado, cuyo padre, Javier, se ha convertido en el líder de un movimiento popular nacional contra la guerra contra las drogas. Con familiares de otras víctimas y con ciudadanos de a pie cansados de tener miedo, el movimiento de Sicilia busca humanizar a cada víctima. Inspirándose en el Memorial de los Veteranos de Vietnam en Washington, este creciente movimiento ha estado conmemorando a cada una de las víctimas colocando una placa con su nombre en paredes de edificios públicos en México.
Sicilia también propuso regular las drogas como una manera de reducir la devastación que ha causado la prohibición en México.
Líderes regionales concuerdan en que muchas de estas muertes pudieron haber sido evitadas –no golpeando más severamente a los carteles sino siendo más inteligentes sobre Estados Unidos y una estrategia global sobre las drogas. A fines de diciembre, México, Colombia, la República Dominicana, Chile y todo Centroamérica emitieron una declaración conjunta instando a Estados Unidos a frenar su demanda de drogas o, si no puede hacerlo, “explorar las alternativas posibles para eliminar las exorbitantes ganancias de los criminales, incluyendo para este fin opciones regulatorias u orientadas al mercado”.
La opinión pública estadounidense está lista para un cambio. De acuerdo a una encuesta Gallup en octubre, el cincuenta por ciento de los estadounidenses está a favor de legalizar la marihuana y tratarla como el alcohol, una modesta medida que privaría a los carteles de su principal fuente de ingresos, reduciendo su capacidad para comprar armas, pagar reclutas, sobornar a funcionarios y aterrorizar a los mexicanos.
Esos ciudadanos estadounidenses, que ya no son una minoría, esperan con impaciencia que sus gobiernos se unan al resto del hemisferio para repensar la fallida guerra contra las drogas. Nuestros vecinos sureños no pueden seguir esperando.
28 de enero de 2012
19 de enero de 2012
©los angeles times
cc traducción c. lísperguer
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