[El Cairo, Egipto] [Organización denuncia que en cárceles oficiales y privadas libias se tortura a detenidos por causas políticas.]
[Liam Stack] Torturas y asesinatos mientras se está detenido se han convertido en extendidos problemas en la Libia de posguerra, declararon ayer jueves organizaciones humanitarias internacionales, una inquietante indicación de que algunos abusos de la era de Gadafi continúan bajo el fracturado mandato del gobierno interino del país y de las milicias regionales.Amnistía Internacional dijo en una declaración que “varias” personas fueron torturadas hasta la muerte mientras se encontraban detenidas, “por entidades militares y de seguridad reconocidas oficialmente”, así como por “una miríada de milicias armadas”.
Amnistía Internacional dijo que sus investigadores en Libia visitaron a detenidos -en cárceles en las ciudades de Trípoli, Misurata, Gheryan y sus alrededores- con lesiones consistentes con torturas, incluyendo una herida abierta en sus cabezas, miembros y espalda. Muchos dijeron haber sido suspendidos en posiciones estresantes y golpeados y sometidos a descargas eléctricas.
La mayoría de las víctimas eran libios de los que se creía que siguieron siendo leales al gobierno del coronel Moamar al-Gadafi durante el conflicto de nueve meses que terminó con su derrocamiento, pero algunos eran africanos subsaharianos. Africanos de fuera de Libia han sido a menudos acusados de haber trabajado como mercenarios gadafistas durante la rebelión.
Médicos Sin Fronteras, una organización que se especializa en brindar ayuda de emergencia médica en zonas de conflicto, dijo el jueves que suspendería sus operaciones en centros de detención en Misurata, diciendo que algunos de los 115 detenidos que había tratado por lesiones relacionadas con torturas desde agosto, volvieron repetidas veces con más heridas.
“Nos trajeron los pacientes en medio de los interrogatorios para que los atendiéramos médicamente, para que pudieran volver a interrogarlos”, dijo Christopher Stokes, director general de la organización, en una declaración. “Esto es inaceptable. Nuestro rol es proveer cuidados médicos a detenidos enfermos y con heridas de guerra, no tratar repetidas veces a los mismos pacientes entre sesiones de tortura”.
Human Rights Watch documentó “persistentes torturas” en centros de detención libios en los últimos seis meses, dijo Sidney Kwiram, investigador de la organización, que ha estudiado las condiciones en cárceles en Libia desde febrero pasado y en Misurata, una ciudad al oeste del país, desde abril.
“Se sigue torturando y se usa la tortura para obtener confesiones o como castigo”, dijo Kwiram, por teléfono desde Misurata.
Dijo que la persistencia de la tortura no era tanto un reflejo de una política de las autoridades interinas nacionales como de la debilidad de las instituciones libias después de nueve meses de guerra y cuatro décadas de gobierno de Gadafi.
“En algunos casos, los comandantes forman sus propios feudos, así que no importa lo que diga el gobierno”, dijo. “Lo que importa es quién está a cargo de una instalación. Hay líneas punteadas entre los niveles nacional y local, y tienen que ser despuntadas”.
Refugiados de la ciudad libia de Tawergha contaron historias similares de torturas y asesinatos en entrevistas el mes pasado en un campamento improvisado en Trípoli, la capital.
Tawwergha fue en gran parte destruida en septiembre durante ataques por venganza emprendidos por paramilitares rebeldes de la vecina Misurata, que acusan a los habitantes de participar en un sangriento sitio de cuatro meses de su ciudad por fuerzas de Gadafi que le costó la vida a más de mil personas.
Casi todos los –tres mil- habitantes de Tawergha huyeron, pero los combatientes de Misurata han continuado atacando, deteniendo, torturando y en algunos casos asesinando a personas de la ciudad, incluso después de que huyeran a otras partes del país, dijeron refugiados y activistas.
Gheit Abubakr, 46, un tawerghano en el campamento en Trípoli, llevaba el certificado de defunción de su hermano, cuidadosamente doblado, en el bolsillo de su abrigo, junto con una docena de fotografías de su cuerpo mutilado, cubierto de oscuros moretones y profundos tajos.
Su hermano, Abdulla, 36, fue detenido el 13 de septiembre por la Brigada Sumoud, de Misurata.
La familia no recibió información sobre su paradero durante más de un mes, hasta que un amigo de Misurata en un puesto de control en Trípoli les contó que creía que el cuerpo del hombre desaparecido estaba en un hospital cercano. Los familiares fueron al hospital, donde encontraron su cuerpo envuelto en una sábana blanca en un suelo de linóleo húmedo.
La familia pidió ayuda a la policía, a la que Abubakr acusó de tener “miedo a la milicia”.
“La policía dijo: ‘No podemos hacer todo, porque todo el mundo tiene armas’, dijo. ‘No podemos ayudarle y no podemos ir con usted a hablar con la Brigada Sumoud’”. “Lo golpearon hasta matarlo, aunque él no hizo nada”, agregó. “No era de las fuerzas armadas y no tenía un arma. Era un civil”.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Navi Pillay, dijo al Consejo de Seguridad que estaba preocupada por la tortura y otros males de las cárceles privadas libias.
“La falta de supervisión de parte de las autoridades centrales crea un ambiente que tolera la tortura y los malos tratos”, dijo Pillay el miércoles. “Mi personal recibió informes alarmantes de que esto está ocurriendo en lugares de detención que fueron visitados por ellos”.
Pillay instó al gobierno interino a poner las cárceles bajo control de las autoridades judiciales y a brindar a los detenidos un juicio justo o a dejarlos en libertad. El director del programa de Naciones Unidas en Libia, Ian Martin, contó al consejo que el Ministerio de Justicia se había encargado de seis cárceles de las brigadas rebeldes que lucharon para derrocar al coronel Gadafi.
El gobierno interino ha tratado de decir a las milicias que hacen prisioneros, que todos los que no hayan cometido un crimen o participado en “masacres”, deberían ser dejados en libertad, dijo al consejo el enviado libio en Naciones Unidas, Abdurrahman M. Shalgam. Shalgam dijo que había más de ocho mil prisioneros solamente en Trípoli, pero no especificó cuántos otros no estaban bajo control del gobierno.
El gobierno interino libio ha intentado durante meses ejercer autoridad, incluso en las calles de la capital, que está controlada en gran parte por un mosaico de milicias regionales cuyos miembros solo obedecen a sus propios comandantes, no a las fuerzas de seguridad del gobierno.
El gobierno central fijó dos fechas límites, una en noviembre y otras en diciembre, para que las milicias de fuera de la ciudad abandonen la capital. Las dos fueron ignoradas.
En las últimas semanas, el gobierno interino ha hecho frente a crecientes críticas sobre su dirección del país. Muchos se quejan de que sus operaciones y presupuesto son demasiado opacos y que algunos miembros están manchados por lazos, reales o imaginados, con el gobierno de Gadafi.
El sábado, una turba en Bengasi, una ciudad al este del país y ex capital rebelde, saqueó las oficinas del gobierno interino, lo que condujo a la renuncia del enviado de gobierno y a la suspensión de varios delegados de Bengasi.
El lunes, milicianos de la ciudad de Bani Walid, en el pasado un bastión del derrocado dictador y una de las últimas ciudades en caer en manos rebeldes, expulsaron violentamente a paramilitares alineados con el gobierno interino. Dos días después, las autoridades centrales accedieron a reconocer para la ciudad un gobierno local basado en las tribus.
[Neil MacFarquhar contribuyó al reportaje desde Naciones Unidas.]
31 de enero de 2012
26 de enero de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer
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