[Nuevo proyecto de ley termina con el límite de veinticinco por ciento de interés que impone la ley contra la usura. Editorial NYT.]
Nueva York tiene algunas de las leyes contra la usura más duras del país. Pero eso podría cambiar si un proyecto de ley profundamente torcido pendiente en la legislatura sigue adelante. El proyecto permitirá que las casas de cambio y préstamos, que son habituales en las zonas pobres, carguen tasas de interés más altas y entren al negocio de los préstamos.
Los préstamos usureros son un problema nacional. Richard Cordrady, director del Buró para la Protección Económica del Consumidor, prometió solucionarlo. Dijo que la agencia debería prestar especial atención a las instituciones en gran parte no reguladas como los prestamistas, cuyos préstamos cargan tasas de interés anual de hasta el cuatrocientos por ciento.
El proyecto en Albany excluiría a los negocios de casas de cambio y préstamos de una ley de 1976 que penaliza como delito si el prestamista cobra por encima del veinticinco por ciento de interés. La medida no fija un nuevo límite a los intereses, exigiendo solamente que los funcionarios bancarios del estado tomen en cuenta la rentabilidad y costes de operación de los prestamistas al determinar la tasa.
Varios estados que han cambiado sus leyes para permitir tasas de interés más altas para préstamos pequeños de corto plazo han vivido lo suficiente como para lamentarlo. Ohio, por ejemplo, liberó a los prestamistas de la ley contra la usura del veintiocho por ciento en 1995. Los abusos obligaron a su legislatura a reimplantar la ley en 2008.
Si Nueva York libera a las casas de cambio y préstamos, poderosos cabilderos se encargarán de que la exención se extienda finalmente a otras instituciones financieras, incluyendo bancos que ya usan el abusivo sistema de préstamos del día de pago en otros estados.
Los legisladores del estado que argumentan que su electorado no tiene acceso a servicios bancarios ni a créditos –que es a menudo el caso- no deberían confundir el problema exponiendo a sus electores a otra forma de explotación económica. Aunque el proyecto prohíbe a los prestamistas amarrar a sus clientes en una sucesión de nuevos préstamos si no han pagado la deuda original –una práctica habitual y rentable-, esta disposición será difícil de implementar. En lugar de eso, los legisladores deberían encontrar modos de llevar servicios financieros legítimos a las comunidades que los necesitan desesperadamente.
[Imagen viene del blog Basta con Entidades Financieras.]
1 de febrero de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer
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