[Claudio Lísperguer] [Empezó en Argentina el juicio contra algunos represores por apropiación ilícita de bienes y propiedades de secuestrados durante la dictadura. Un capítulo no muy estudiado de las dictaduras latinoamericanas. La Secretaría de Derechos Humanos argentina identificó 604 casos de expropiaciones y apropiaciones ilícitas durante la dictadura.]
Hace unos días empezó en Buenos Aires el juicio entablado por los hermanos Alejandro y Carlos Iaccarino contra los personeros de la dictadura Bruno Trevisán y Jorge Rómulo Ferranti por secuestro y apropiación ilícita de los bienes de la familia. En 1976 los tres empresarios lecheros (Rodolfo es el tercero, fallecido) fueron detenidos y trasladados a la cárcel secreta conocida como “El infierno”, a cargo de los dos acusados, donde fueron torturados durante meses, y amenazados, para que traspasasen sus acciones, campos y propiedades e incluso un avión ejecutivo a funcionarios de la dictadura. Todo, a cambio de sus vidas.
Secuestrados en noviembre de 1976, estuvieron veintidós meses desaparecidos. Recobraron su libertad el 4 de septiembre de 1978. “Para entonces, su padre ya había firmado la cesión de 25 mil hectáreas de producción agropecuaria en Santiago del Estero y de un avión”.
Los perpetradores están acusados de extorsión, privación ilegal de la libertad y torturas. Para presionar a los hermanos detenidos, llegaron incluso a torturar a su madre, a la que detuvieron durante catorce días, haciéndola dormir en el suelo y alimentándola con mate.
Casos como este son explicados a menudo como incidentes aislados que no representan ni implican una acción sistemática y sostenida del estado usurpado. En Argentina ha habido casos que han causado enorme repercusión, como los agentes de seguridad que terminaron agarrándose a tiros por el botín de varias decenas de miles de dólares que habían encontrado en un allanamiento y que querían repartirse después de asesinar a la pareja propietaria. Otro caso increíble es el del grupo de ministros del gabinete que tenían su propio escuadrón de la muerte secreto para realizar secuestros extorsivos.
Pero la verdad es que también se trató de una política sistemática de despojo de los perseguidos y enriquecimiento ilícito permitido por las fuerzas. El motivo no estaba ni remotamente asociado con la política. Al menos, no con lo que se entiende por política en los países relativamente normales. Quizá algún fascista encuentre que el despojo o el botín son privilegios legítimos de los vencedores de una guerra, pese a que la guerra que usa como justificación nunca existió, y por tanto el cobro de botín es un acto político legítimo. (Y de muchos episodios sólo tenemos las declaraciones de los criminales, porque precisamente a la gente se la hizo desaparecer para que la opinión pública no se enterase ni qué les habían hecho ni sobre las arbitrarias y estúpidas acusaciones que les formulaban.)
En Argentina, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación identificó nada menos que 604 casos de apropiaciones ilegales del tipo que describimos arriba. Los casos que más revuelo han causado son los de Graiver (Papel Prensa), Gutheim (textil Sadeco), Paskyan (emprendimiento avícola), Saiegh (Banco Latinoamericano) y Cerrutti (industria vitivinícola). En muchos casos, las propiedades pasaban directamente a propiedad de funcionarios de la dictadura, que les daban uso privado. En algunos casos, en algunas provincias, como en la Alemania nazi, los bienes de los despojados eran llevados a bodegas del ejército donde una unidad se encargaba de su distribución o reducción.
Es indesmentible que los militares –muchos jefes y muchos subalternos- actuaron movidos por la codicia y el afán de poder cuando aceptaron y participaron en las dictaduras del Cono Sur. El general Augusto Pinochet recibió dos millones de dólares por el golpe. Los asesinos del general Schneider –que fundarían después el partido que hoy se llama UDI- recibieron cincuenta mil dólares. Muchos subalternos podían llevarse a sus casas los productos de los sistemáticos saqueos de las casas de los detenidos. En Argentina se conocen casos de allanamientos realizados con camiones para transportar los bienes de los detenidos. Hay generales que se enriquecieron con estas apropiaciones ilícitas –como otros con los secuestros extorsivos. Y eran militares que decían que actuaban movidos por la defensa de la patria contra la amenaza comunista y en salvaguarda de nuestra civilización occidental y católica –declaraciones todas tomadas con mucha seriedad, pese a su evidente absurdo.
Eso, o simplemente, en la mentalidad fascista, el ejercicio del poder admite la irracionalidad y el arbitrio como expresión constitutiva de ese poder. No necesita motivos válidos para actuar. Admite o necesita las argumentaciones absurdas y psicopatológicas. No era necesario que los despojados fueran de izquierda. Poseer esa riqueza específica que poseían y sobre la cual los fascistas habían puesto los ojos, los convertían en enemigos del régimen. El despojo, la apropiación y expropiación ilícitas, el pillaje, el botín de guerra, la usurpación ideológica (pretenderse católicos), la subversión lingüística (llamar guerra a una campaña de exterminio contra civiles desarmados), son privilegio del poder. Apoderarse de las posesiones de los detenidos era tanto cálculo pequeño como una concepción aberrante del ejercicio y propósito del poder.
lísperguer
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