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[Estados Unidos sigue apoyando al gobierno de Porfirio Lobo en Honduras, a pesar de las numerosas evidencias de responsabilidad de las fuerzas de seguridad en la ola de crímenes que sacude el país. Hoy, Honduras tiene la tasa de homicidios más alta del continente.]

[Danna Frank] Es hora de reconocer lo desastrosa que ha sido la política exterior estadounidense de apoyo al gobierno de Porfirio Lobo en Honduras. Desde el 28 de junio de 2009, el día del golpe que depuso al presidente elegido democráticamente, José Manuel Zelaya, el país ha ido cayendo cada vez más profundamente en un abismo en lo que se refiere a derechos humanos y seguridad. Ese abismo es en buena parte responsabilidad del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Los titulares han estado llenos de historias de horror sobre Honduras. De acuerdo a Naciones Unidas, el país tiene ahora la tasa de homicidio más alta del mundo, y San Pedro Sula, la segunda ciudad, es más peligrosa que Ciudad Juárez, México, ahora dominada por la violencia de los carteles de la droga.
En Estados Unidos, gran parte de la prensa atribuyó esta violencia solamente al tráfico de drogas y a las pandillas. Pero el golpe abrió las puertas a un fuerte aumento del narcotráfico y la violencia, y desató una continua ola de represiones patrocinadas por el estado.
El actual gobierno del presidente Lobo llegó al poder en noviembre de 2009 en unas elecciones manejadas por las mismas figuras que iniciaron el golpe. Para protestar, la mayoría de los candidatos de oposición se retiraron, y los principales observadores internacionales boicotearon la elección, excepto el Instituto Nacional Demócrata y el Instituto Nacional Republicano, financiados ambos por Estados Unidos.
El presidente Obama reconoció rápidamente la victoria de Lobo, incluso cuando la mayoría de los países latinoamericanos no lo hicieron. De hecho, el gobierno de Lobo es hijo del golpe. Conserva a la mayor parte de los militares que perpetraron el golpe, y nadie ha sido encarcelado por haberlo iniciado.
Esta cadena de eventos –un golpe que Estados Unidos no impidió, una elección fraudulenta que aceptó- ha permitido que crezca la corrupción. El poder judicial apenas si funciona. Reina la impunidad. Al menos 34 miembros de la oposición han desaparecido o sido asesinados, y, desde el golpe, más de trescientas personas han sido asesinadas por las fuerzas de seguridad del estado –de acuerdo a la organización de derechos humanos Cofadech. Al menos trece periodistas han sido asesinados desde que Lobo asumiera la presidencia, según el Comité para la Protección de los Periodistas.
Se cree que la policía en Tegucigalpa, la capital, asesinó al hijo de Julieta Castellanos, rectora de la universidad más grande del país, junto con uno de sus amigos, el 22 de octubre de 2011. Altos funcionarios policiales admitieron de inmediato que los sospechosos eran agentes de policía, pero no los detuvieron. Cuando prominentes figuras denunciaron que la policía estaba infestada de miembros de escuadrones de la muerte y traficantes de drogas, el denunciante más famoso era un ex jefe de policía, Alfredo Landaverde. Fue asesinado el 7 de diciembre. Sólo ahora empezó el gobierno a detener a agentes implicados.
La represión estatal continúa. De acuerdo a Cofadeh, en los últimos dos años y medio al menos 43 campesinos activistas de las luchas por la tierra en el Valle de Aguán han muerto a manos de la policía, las fuerzas armadas y el ejército de seguridad privado de Miguel Facussé. Facussé es mencionado en cables de la embajada estadounidense hechos públicos por WikiLeaks como el hombre más rico del país, incondicional partidario del régimen post-golpe y dueño de las propiedades utilizadas para el transporte de cocaína.
Sin embargo, a principios de octubre, en la Casa Blanca Obama elogió a Lobo por su liderazgo en la “restauración de las prácticas democráticas”. Desde el golpe, Estados Unidos ha mantenido y en algunas áreas aumentado el financiamiento militar y policial en Honduras y ha estado ampliando sus bases militares allá, de acuerdo a un análisis de la Fellowship of Reconciliation. Empero, el Congreso finalmente empezó a dar marcha atrás. En mayo pasado, 87miembros firmaron una carta dirigida a la secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton, llamándola a suspender la ayuda militar y policial a Honduras. El representante Howard L. Berman, de California, el funcionario demócrata en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, le escribió el 28 de noviembre, preguntándole si Estados Unidos estaba armando a un régimen peligroso. Y en diciembre el senador Patrick J. Leahy, demócrata de Vermont, y otros, lograron imponer condiciones sobre una pequeña proporción de la ayuda militar y policial asignada a Honduras para 2012.
¿Por qué apoya el Departamento de Estado al gobierno de Lobo a pesar de las brutales evidencias de la corrupción del régimen? En parte porque ha cedido al electorado cubano-americano de la representante Ileana Ros-Lehtinen, la presidenta republicana de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, y sus aliados. Han adoptado una actitud feroz sobre Honduras como la primera pieza de dominó que hará retroceder a los gobiernos de centro-izquierda y de izquierda que en América Latina vienen ganando elecciones desde hace quince años. Con su base militar estadounidense, Honduras es también crucial para la estrategia militar de Estados Unidos en América Latina.
Mientras Honduras se sumerge en un trágico abismo, finalmente es hora suspender toda la ayuda militar y policial. “Dejen de engordar al monstruo”, es como lo dijo Castellanos, la académica cuyo hijo fue asesinado. Ella, como otros activistas de derechos humanos, insisten en que el gobierno de Lobo no se puede reformar a sí mismo.
El Departamento de Estado está empezando a tratar la situación discretamente. Pero los activistas de derechos humanos hondureños, junto con muchos de los que, como nosotros acá en Estados Unidos, están preocupados por la situación en Honduras, no creen que este gobierno pueda, o deba, hacer una limpieza del mismo pozo séptico que ayudó a crear apoyando a un gobierno que debe su autoridad a un golpe.
En realidad, debemos respetar las propuestas de enfoques alternativos que activistas de derechos humanos y la oposición hondureños están empezando a formular. Estas provienen de personas que están todavía luchando contra el golpe y que continúan corriendo el riesgo de morir abatidos a tiros por las fuerzas de seguridad del estado.
Ellos, no el Departamento de Estado, tienen el derecho de dirigir su país hacia adelante.
[Dana Frank, profesora de historia en la Universidad de California en Santa Cruz, está escribiendo un libro sobre la intervención del AFL-CIO en el movimiento obrero hondureño.]
5 de febrero de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer

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