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[Colombia] [La Corte Suprema condenó a los ex congresistas Jorge Luis Feris, José María Imbett y al ex gobernador Jesús María López por haber firmado con paramilitares el pacto de Ralito.]

La Corte Suprema de Justicia condenó al ex gobernador de Córdoba Jesús María López Gómez y a los ex representantes a la Cámara por Sucre y Bolívar, Jorge Luis Feris Chadid y José María Imbett Bermúdez, por sus nexos con paramilitares al mando de Salvatore Mancuso. Los políticos tendrán que pagar una pena de siete años y cinco meses en prisión, luego de que el Tribunal comprobara su participación en el conocido Pacto de Ralito.
El Alto Tribunal pidió al CTI de la Fiscalía su recaptura para que cumplieran su condena en un penal aun por definir.
Los políticos habían sido procesados en 2009 en los juzgados especializados de Cundinamarca, sin embargo la Corte Suprema de Justicia retomó sus casos valiéndose de una jurisprudencia de ese tribunal emitida el 15 de septiembre de 2009, con la que reasumió la competencia para juzgar a políticos con fuero especial como congresistas y gobernadores, así éstos hubiesen renunciado a su investidura.
En octubre de ese año, los tres políticos se defendieron de las acusaciones que los vinculaban con los paramilitares de Mancuso, asegurando que asistieron a la reunión en Ralito sin saber que allí se sellaría un pacto con los paramilitares. Algunos de ellos esgrimieron que fueron engañados y obligados a firmar una hoja en blanco, a la que después las Auc supuestamente le agregaron el polémico pacto.
Sin embargo, ese año un fiscal antiterrorismo pidió condenarlos basado en los testimonios del ganadero Joaquín García y de los ex jefes paramilitares Salvatore Mancuso y ‘Diego Vecino’, que incriminaba a los políticos con las Auc.

El Papel de los Políticos en Ralito
Según lo dio a conocer el Fiscal, en ese entonces, el ex gobernador de Córdoba, Jesús María López, aseguró que durante su administración el político no combatió a los paramilitares y que para la época, estos grupos armados crecieron con impunidad en Córdoba.
Aunque el fiscal advirtió que la participación de López en Ralito pudo haber sido circunstancial, el ex jefe de las Auc, Salvatore Mancuso aseguró que el político fue favorecido por el ex jefe paramilitar Salomón Feris Chadid alias ‘08’ durante las elecciones a la gobernación de Córdoba en 2000.
De igual forma, el fiscal responsabilizó a López por la firma de cuatro contratos por 200 millones de pesos (por concepto de salud) durante su administración que fueron a parar a los grupos paramilitares.
De acuerdo con la Fiscalía, el ex representante a la Cámara, José María Imbett también cometió el delito de concierto para delinquir no sólo por la firma del Pacto de Ralito, sino por su asistencia a la reunión de la finca El Caramelo en 2002 a la que fueron políticos y comandantes paramilitares, entre ellos Mancuso, y en la que Imbett buscó el apoyo de las autodefensas para la candidatura a la gobernación de Bolívar de Libardo Simancas.
La Fiscalía consideró que la participación de Imbett en Ralito y en El Caramelo es “prueba suficiente de su adhesión al proyecto político de las Auc”, y por tanto, era necesaria su condena.
En el caso del ex representante a la Cámara (y hermano del ex jefe paramilitar Salomón Feris Chadid alias ‘08’), Jorge Luis Feris Chadid, en ese entonces, el Juzgado decidió procesarlo por separado ante la renuncia del abogado que llevaba su caso.
En la decisión final, el Alto Tribunal halló responsables a los tres ex políticos del delito de concierto para delinquir agravado al pactar beneficios políticos con los grupos paramilitares.

El Pacto de Ralito
El 23 de julio de 2001, varias camionetas con vidrios polarizados irrumpieron en las trochas polvorientas de Santa Fe de Ralito.
Los vehículos atravesaron raudos los cinco anillos de seguridad dispuestos por los paramilitares alrededor de la finca de ‘08’. En algún de esos “retenes”, las camionetas eran detenidas con el propósito de confirmar quienes eran los ocupantes de los vehículos. Otros llegaron en buses.
Mientras los invitados iban llegando a la finca, Salvatore Mancuso y los otros jefes paramilitares se reunían a pocos kilómetros de distancia en la finca ‘La 06’, en compañía de Jesús María López, gobernador de Córdoba, y su sobrino, el ex senador, Juan Manuel López Cabrales. El político intentaba que Mancuso le perdonara la vida, ya que é lo había declarado objetivo militar. Según el paramilitar López se salvó por la intervención de su tío el entonces gobernador Jesús María López. Pero también porque el gobierno amenazó a Mancuso con extraditarlo si le llegaba a pasar algo al entonces senador.
Una vez solucionado el impasse con López, Mancuso se desplazó a la finca de ’08’ para encabezar la reunión. En una casona de palma y al aire libre estaban políticos influyentes como senadores, representantes, caciques y gobernadores mezclados con concejales y alcaldes de pequeñas poblaciones de la costa. La idea del paramilitar era convocar y obtener el apoyo de las “elites regionales” para consolidar un proyecto político que “expresara” los intereses del movimiento de las Auc.
Las invitaciones se extendieron a través del entonces gobernador de Córdoba, Jesús María López, a quien Mancuso consideraba como “su segundo padre” y se hicieron a nombre de las Auc semanas antes, y “de ninguna manera” se hizo bajo amenaza.
Los cerca de 100 políticos y funcionarios de Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena se encontraron cara a cara con jefes paramilitares que ya ejercían control sobre esos departamentos, entre ellos, ‘Don Berna’, Salvatore Mancuso, ‘Diego Vecino’ y ‘Jorge 40’.
Para el ex jefe paramilitar, era más viable incluir a estos políticos tradicionales dentro del proyecto político de los paramilitares, en lugar de intentar lanzar candidatos propios y desconocidos a aspirar a puestos de elección popular. Otro ex paramilitar que aportó su testimonio al proceso fue ‘Ernesto Báez’, éste ratificó que la alianza entre ‘paras’ y políticos se hizo sin ningún tipo de presión porque se veían como aliados naturales en las zonas controladas por los paras.
“Por el poder, los políticos se aliaban hasta con el diablo”, anota Ernesto Báez en una de sus declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia. Según el paramilitar, la elección de Eleonora Pineda como congresista fue una demostración de la capacidad de las Auc para posicionar a candidatos propios. No obstante, la alianza con las elites locales seguía siendo la salida más segura y rápida frente a su idea de expansión.
A su llegada, Mancuso instaló oficialmente la reunión y después de unas breves palabras, le dio paso a conferencistas provenientes de universidades extranjeras, para hablar sobre temas como la globalización y conflicto armado.
Mientras los conferencistas hablaban, Mancuso y sus escoltas “pulían” el documento que él mismo había elaborado en días pasados y en el que plasmaba la intención de formalizar una alianza con los políticos locales que tuviera como propósito “refundar la patria”, “crear un nuevo pacto social” y “construir una nueva Colombia”. Uno de los guardaespaldas de Mancuso elaboró un listado con los participantes más “reconocidos” de la reunión y posteriormente lo agregó a la versión final del documento.
De acuerdo con el ex jefe paramilitar, una vez se agregó esta lista de participantes y terminaron las conferencias, Mancuso hizo lectura del ‘Pacto’ frente a todos los asistentes y después lo pasó de mano en mano. Según él, de las casi 100 personas que estuvieron ese día, una tercera parte, la más ‘relevante’ políticamente, firmó el pacto.
Entre los firmantes estaban Salvador Arana (ex gobernador de Sucre, condenado a 40 años de cárcel), Jesús María López (ex gobernador de Córdoba hoy condenado), Alfonso Campo Escobar (ex representante por Magdalena condenado a 6 años de prisión), William Montes (ex senador de Bolívar investigado por la Corte), Juan Manuel López Cabrales (ex senador condenado a 74 meses de prisión), Luís Carlos Ordosgoistia (ex representante a la Cámara por Córdoba, absuelto) y Miguel de la Espriella (ex representante a la Cámara por Córdoba condenado a 45 meses de prisión), entre otros.
La existencia del Pacto fue revelada solo a finales de 2006 por el ex senador Miguel de la Espriella, quien después fue condenado a 45 meses de prisión por este hecho. No obstante, en una declaración reciente, la Fiscalía aseguró quien filtró el Pacto fue el mismo Salvatore Mancuso, y que, por presiones y declaraciones de este jefe paramilitar, De la Espriella se vio obligado a confesar su existencia.
El texto del documento se hizo público en enero de 2007. Desde entonces la justicia continúa procesando a los políticos que estuvieron en Ralito y que estamparon su firma sobre el polémico acuerdo.
9 de febrero de 2012
8 de febrero de 2012
cc verdad abierta

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