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[En zonas de guerra. Editorial de NYT.]

Si los estadounidenses tuvieran prohibido demandar al gobierno por mala conducta en una zona de guerra, no habría modo de hacer que los oficiales rindieran cuenta por las violaciones más graves de los derechos constitucionales en esas circunstancias. Ese resultado causaría un daño extraordinario a los principios de la ley y proporcionaría una insostenible protección a los funcionarios, que recurren al argumento del interés de la seguridad nacional para encubrir su mala conducta.
La Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de Estados Unidos debe volver a procesar un caso sobre este tema el miércoles. Vance v. Rumsfeld implica a dos hombres que trabajaban para una firma de seguridad estadounidense en Iraq y fueron detenidos por fuerzas militares estadounidenses durante tres meses y seis semanas, respectivamente, después de que expresaran su temor de que la firma estuviese implicada en actividades ilegales, incluyendo el tráfico de armas. Dijeron que fueron torturados por los militares mientras estuvieron detenidos. Finalmente fueron liberados sin cargos.
El verano pasado, en una votación de 2 a 1, una comisión de la Corte de Apelaciones resolvió que los dos hombres podían demandar a funcionarios de gobierno, incluyendo a ex secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, exigiendo indemnización por daños por malos tratos intencionados, incluso si esa conducta ocurrió en una zona de guerra. El juez David Hamilton escribió que la falta denunciada “viola los términos más básicos del pacto constitucional entre nuestro gobierno y los ciudadanos de este país” –y que la demanda fue admitida bajo la histórica doctrina Bivens, que permite que los ciudadanos demanden a funcionarios por daños relacionados con la violación de sus derechos constitucionales.
El juez disidente de la comisión, Daniel Manion, alegó que fallos previos de la Corte Suprema han sido muy cautos sobre la extensión del derecho de demanda a nuevas circunstancias y que el Congreso debería en realidad tratar los “factores especiales” planteados por el caso. El disidente expresa vigorosamente su preocupación por el “riesgo de que el poder judicial empiece a escudriñar en asuntos de seguridad nacional o interrumpir la ejecución eficiente de una guerra”.
En un caso similar a Bivens, implicando a José Padilla, un tribunal de la Corte de Apelaciones del Cuarto Distrito mencionó el mes pasado preocupaciones de seguridad nacional en un fallo que prohíbe que un ciudadano abusado [por las autoridades] en la guerra contra el terrorismo pueda exigir indemnización por daños relacionados con malos tratos.
El problema fundamental con esta visión es su fracaso en reconocer la diferencia entre la deferencia judicial a la rama ejecutiva y la abdicación de la responsabilidad de la corte en cuanto a garantizar la división de poderes. Se aplica la doctrina Bivens en esos casos en que no hay otro remedio disponible.
Como escribió el juez John Harlan en 1971, es “indemnización o nada” cuando es demasiado tarde para impedir el daño con un tipo diferente de acción legal. Imponer indemnización también puede ayudar a disuadir malas conductas similares.
Esas demandas son necesarias para asegurarnos de que el gobierno esté operando dentro de la ley. Aludir a una necesidad de seguridad nacional no permite que los funcionarios violen los derechos constitucionales con impunidad. Es deber de los jueces defender la Constitución, sin excepción.
10 de febrero de 2012
6 de febrero de 2012
©new york times 
cc traducción c. lísperguer

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