[Finalmente los enemigos del juez Baltasar Garzón se salieron con la suya. Editorial NYT].
Esta semana el Tribunal Supremo español lo declaró culpable de aplicar mal la ley de interceptaciones telefónicas del país y lo inhabilitó durante once años.El juez Garzón ha jugado un importante papel en la transición española a la democracia, como el azote de políticos corruptos de izquierda y derecha y un poderoso defensor de la ley internacional de derechos humanos. Sus esfuerzos por procesar al ex dictador chileno, general Augusto Pinochet, e investigar los horrores de la Guerra Civil española, aunque sin éxito, fomentaron el principio de que no puede haber ni amnistía ni impunidad para los crímenes contra la humanidad.
El fallo del jueves se deriva de las escuchas de las conversaciones entre abogados y sus clientes en la cárcel que el juez ordenó en un caso de 2008 que implicaba sobornos presuntamente pagados a funcionarios locales del ahora gobernante Partido Popular. El juez Garzón no fue el único en ordenar esas escuchas, pero sólo él ha sido encausado, pese a que el fiscal nacional argumentó que no había bases para un proceso judicial. Condenar a un juez por un fallo judicial es un vergonzoso ataque contra la independencia del poder judicial. Las otras dos acusaciones en su contra están pendientes: la primera implica su pesquisa de las ejecuciones masivas durante la guerra civil y la dictadura de Franco, y la otra gira sobre un presunto conflicto de interés en un caso de fraude fiscal.
El juez Garzón está lejos de la perfección, pero la decisión del Tribunal Supremo español de excluirlo de la carrera judicial causa un daño terrible a las perspectivas de una justicia justa e imparcial. ¿Qué juez de instrucción se atreverá ahora a investigar casos políticamente sensibles? ¿Los crímenes cometidos durante la era de Franco, que dejaron cicatrizada a España durante dos generaciones, deben seguir ocultos?
El juez Garzón no puede apelar el fallo en el tribunal supremo. Pero sí puede impugnar la decisión ante el Tribunal Constitucional español y la Corte Europea de Derechos Humanos en Estrasburgo. Ojalá lo haga. Como demuestra abundantemente el injusto fallo de esta semana, España todavía necesita ayuda para mantener independiente y fuerte su poder judicial.
11 de febrero de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer
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