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[Las faltas a la ética en el poder judicial. ¿Cómo se castigan las conductas de fiscales que violan el debido proceso? Editorial NYT.]

Michael Morton fue exonerado este mes gracias a los resultados de un análisis de ADN después de haber sido condenado injustamente por el asesinato de su esposa y pasar casi veinticinco años en una cárcel de Texas. Cuando trataban de probar la inocencia de Morton, sus abogados hallaron hace poco en documentos judiciales desclasificados evidencias de que el fiscal del juicio original, Ken Anderson, había ocultado importantes evidencias que podrían haber ayudado a Morton.
El juez que revisa el caso permitió que los abogados de Morton, incluyendo a los del Proyecto Inocencia -que representan a reos que buscan la exoneración mediante análisis de ADN-, reunir hechos sobre la conducta del fiscal. El informe del Proyecto Inocencia alega convincentemente que Anderson, ahora juez del estado, desacató “una orden directa del tribunal, de entregar los informes policiales exculpatorios que estaban en poder del principal investigador” en el caso.
Los abogados de Morton han pedido al juez que recomiende una “comisión de investigación” para indagar si Anderson violó la ley y si debe ser llevado a juicio. Aunque este proceso es un asunto urgente para Morton, es también una prueba para la justicia estadounidense: a saber, si un fiscal que incumple su deber constitucional de revelar evidencias cruciales a un acusado, debe o no recibir una sanción significativa.
Los fiscales ejercen un enorme poder a la hora de determinar a quién castigar criminalmente, porque gozan de una amplia discreción cuando formulan cargos criminales. Se supone que la moción Brady, instituida por la Corte Suprema en 1963, es un importante contrapeso a ese poder. Exige que los fiscales revelen evidencias que sean favorables al acusado. Pero su incumplimiento es rara vez descubierto e incluso entonces los fiscales no son castigados casi nunca.
La Corte Suprema, en una escandalosa decisión a principios de año, debilitó aun más la capacidad del imputado de responsabilizar a los fiscales, otorgándoles una inmunidad casi absoluta contra demandas civiles. El juez Clarence Thomas justificó la resolución observando que un “abogado que viola sus obligaciones éticas está sujeto a una disciplina profesional, incluyendo sanciones, suspensión o inhabilitación”. Pero los colegios de abogados rara vez castigan estas conductas; los jueces rara vez disciplinan a los fiscales por estas irregularidades, y las sanciones penales son rara vez impuestas a fiscales.
Es por esto por lo que la investigación de Morton es crucial. El informe del Proyecto Inocencia constató que el fiscal Anderson deliberadamente no reveló partes policiales que indicaban que otro hombre había cometido ese crimen y aconsejó a su sucesor en la fiscalía “oponerse a todas las mociones posteriores a la sentencia de Morton de petición de someterse a un análisis de ADN”. Si el tribunal confirma estas conclusiones, debe exigir de Anderson que asuma su responsabilidad. De lo contrario, enviará a fiscales en Texas y otros estados el mensaje de que el sistema de justicia penal es incapaz de disuadir o sancionar estas conductas.
Sin embargo, hay un pequeño pero creciente grupo de fiscalías en todo el país que manejan sistemas que impiden fallos groseramente injustos, como el de Morton. Como la del Distrito del Condado de Nueva York, permiten estas fiscalías llevar registros abiertos de modo que los acusados tengan copia de casi todo en el expediente, y apoyan la idea de fiscalizar su cumplimiento de la moción Brady.
Los tribunales deben supervisar más estrechamente a los fiscales, recurriendo a sesiones previas al juicio donde los fiscales deben especificar qué evidencias están revelando en virtud de la moción Brady y qué otras están reteniendo. Los fiscales deben entender que serán llamados a rendir cuentas –con severas sanciones penales- cuando violen sus obligaciones constitucionales.
22 de febrero de 2012
29 de diciembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

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