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[Eric L. Lewis] [El gobierno británico cometerá desacato al tribunal esta semana si no entrega físicamente a un prisionero de guerra que sus fuerzas especiales capturaron en 2004 y luego entregaron a soldados estadounidenses.]

El drama jurídico empezó en febrero de 2004, cuando dos comerciantes arroceros paquistaníes -Yunus Rahmatullah y Amanatullah Ali- desaparecieron en un viaje de negocios a Irán. Fueron mantenidos en régimen de aislamiento –incomunicados- durante casi un año hasta que sus familias se enteraron de que habían sido secuestrados por tropas británicas en Iraq y luego entregados a soldados estadounidenses.
Los dos hombres fueron transferidos en conformidad con un acuerdo entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia de respeto de las Convenciones de Ginebra y que estipula que los prisioneros deben ser retornados, si así se exige, al país que los transfirió originalmente.
Varias semanas después, tropas estadounidenses subieron a los dos hombres a un avión y los enviaron a la Base Aérea Bagram en Afganistán, donde fueron retenidos durante los últimos siete años en condiciones mucho peores que en Bahía Guantánamo. Durante esos siete años, no se les formuló ningún cargo, y tanto el gobierno británico como el estadounidense se han negado a dar una explicación por su prolongado encierro.
Una organización británica de derechos humanos, Reprieve, presentó un recurso de amparo en tribunales británicos en nombre de Rahmatullah. Una organización estadounidense de derechos humanos, la Red de Justicia Internacional, en cuya junta directiva me encuentro yo, presentó un hábeas corpus en nombre de Ali en tribunales estadounidenses. Un baluarte contra la detención arbitraria o la incomunicación desde el siglo catorce, el hábeas corpus exige que el carcelero entregue al reo a tribunales y proporcione al tribunal una justificación legal para la prolongación de su detención.
En la suerte de Catch-22 que ocurre diariamente en el mundo de la detención, los británicos argumentaron que el hábeas corpus no se aplicaba porque el gobierno ya no tenía al reo y no sabía si podía recuperarlo, pese a sus derechos establecidos en el tratado. El gobierno de Estados Unidos declaró que el hábeas corpus no se aplicaba porque los tribunales estadounidenses no tenían autoridad sobre la base Bagram, que era una zona de guerra, pese al hecho de que Ali había sido llevado a esa zona de guerra [y no secuestrado en ella].
La Corte de Apelaciones de Gran Bretaña ha aceptado el recurso y resuelto que los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa entreguen a Rahmatullah en la Real Corte de Justicia en Londres el 14 de febrero so pena de cometer desacato al tribunal. La resolución informa a los ministros que si no entregan al reo, el tribunal se verá obligado “a enviarlo a prisión por su desacato al no obedecer el dicho recurso”. (Los tribunales estadounidenses no han emitido todavía una decisión en el caso de Ali, y aquellos de nosotros que lo representamos podríamos presentar una demanda en Gran Bretaña).
La resolución de la corte inglesa es un intento valiente y serio de poner fin al peligroso minué jurídico de Estados Unidos y Gran Bretaña. “Privar a un prisionero de guerra de su derecho a un juicio justo y debido”, sostuvo la corte, es un grave quebrantamiento de las Convenciones de Ginebra.
La Tercera Convención de Ginebra exige que los prisioneros de guerra sean “liberados y repatriados sin demora después del cese de hostilidades”. Como anunció orgullosamente el gobierno de Obama en diciembre, la guerra en Iraq terminó. Y eso significa que ahora deben ser liberados todos los prisioneros.
La Cuarta Convención de Ginebra prohíbe que los prisioneros sean trasladados de un lugar a otro como si se tratase de ganado dentro o fuera de territorios ocupados y zonas de combate activo. “Las deportaciones o traslados ilegales” o el “confinamiento ilegal” de una persona protegida viola la Convención –lo mismo que la entrega de detenidos en una zona de combate activo.
Estos hombres fueron trasladados de una zona de guerra a otra. Sin embargo, Estados Unidos ha señalado hipócritamente que el hecho de estar detenidos en una zona de guerra excluye cualquier control de los tribunales de la detención de estos y otros cientos de prisioneros. El tratamiento que brinda Estados Unidos a estos hombres viola las Convenciones de Ginebra, y Gran Bretaña ha colaborado y amparado estas violaciones.
La responsabilidad por seres humanos no puede cambiar de manos como en un juego de trile diplomático. Cuando Gran Bretaña entregó a esos hombres a los estadounidenses, no abdicó su responsabilidad por sus destinos y por eso es responsable por haber colaborado y condonado los quebrantamientos de las Convenciones de Ginebra. Y el gobierno de Estados Unidos, que trasladó a estos hombres de un teatro de guerra a otro, no puede usar eso como excusa para evadir responsabilidades.
Las relaciones de Estados Unidos con Pakistán están en estos días en el filo de un cuchillo. Enviar a estos paquistaníes a casa dejaría en claro que Estados Unidos respeta la dignidad del individuo, que cumplirá con las obligaciones del tratado y el estado de derecho, y que espera que otros países hagan lo mismo.
Gran Bretaña ha pedido a Estados Unidos que devuelvan a Rahmatullah a las autoridades británicas en conformidad con los términos del tratado. El gobierno de Obama ha indicado que quiere liberar a los prisioneros. Sin embargo, Washington no quiere ser visto como capitulando ante la resolución de un tribunal extranjero.
Pero este no es un asunto de orgullo nacional o de posicionamiento partidario; es urgente que Washington respete el estado de derecho. La pelota está en nuestra cancha.
[Eric L. Lewis es un litigante internacional.]
27 de marzo de 2012
3 de marzo de 2012
14 de febrero de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer

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