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[Estados Unidos] [Una ley prohíbe mentir sobre uno mismo, aunque con ello no se perjudique a nadie ni haya intención dolosa.]

[William Bennett Turner] Xavier Álvarez es un mentiroso. Lo dice incluso el escrito presentado en su nombre ante la Corte Suprema de Estados Unidos: “Xavier Álvarez mintió”. Nos cuenta que contó grandes mentiras cuando decía que jugaba hockey para los Detroit Red Wings, que estaba casado con una estrella de cine mexicana y que había rescatado al embajador estadunidense durante la crisis de los rehenes en Irán. Pero como nos lo recuerda el escrito, “ninguna de esas mentiras constituye un delito”.
Empero, otra de sus falsedades sí violaba la ley. En 2007, mientras se presentaba a sí mismo en una sesión de la junta del agua de California, dijo que era un infante de marina retirado que había recibido la Medalla de Honor (ambas cosas mentiras). Fue rápidamente denunciado como mentiroso y ridiculizado en la comunidad y prensa como un “idiota” y “un baboso”.
Pero la censura no terminó ahí. El gobierno federal lo procesó por la Ley de Valentía Robada, que prohíbe afirmar falsamente que había recibido una medalla militar, con una pena aumentada (hasta un año de cárcel) por proclamar que había recibido la Medalla de Honor. Álvarez fue condenado, aunque recurrió la sentencia ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, que resolvió que la ley violaba la Primera Enmienda.
El gobierno ha llevado el caso a la Corte Suprema, que debe oír sus argumentos durante esta semana. La pregunta que debe resolver la corte no es si la mentira es un “derecho” constitucional. Más bien, debe responder una pregunta sobre el alcance del poder del estado sobre los individuos –si el gobierno puede convertir en delito decir falsedades sobre uno mismo incluso si no implican ningún perjuicio para ninguna persona identificable, ni se tiene el propósito de engañar a alguien ni de sacar ventaja, ni recibir nada de valor ni interferir en la administración de justicia ni ningún otro interés imperioso del gobierno.
La corte debería resolver a favor de Álvarez. La mentira inofensiva no debe convertirse en un delito federal.
El Ministerio de Justicia alega que la Ley de Valentía Robada defiende un “importante” interés oficial: preservar la integridad y credibilidad del programa de medallas militares. Las afirmaciones falsas, dice, diluyen la reputación y significado de las medallas.
Pero el gobierno no ha presentado evidencias de que mentiras de chalados como Álvarez hayan perjudicado de algún modo el honor o prestigio de los soldados que han recibido la medalla.
Unos pocos casos de personajes turbios que mienten sobre las medallas no exige que el gobierno despliegue toda la artillería pesada de las sanciones judiciales. Estados Unidos ha tenido medallas militares desde la Guerra Revolucionaria, pero los padres fundadores no pensaron que esas protecciones legales fueran necesarias, como tampoco lo hizo el Congreso hasta 2006, cuando aprobó la ley.
Tampoco ha demostrado el gobierno que la ley sea necesaria y redactada cuidadosamente para proteger algún interés legítimo del gobierno. Aquellos que afirmen falsamente haber recibido medallas, podrían ser fácilmente denunciados si el gobierno mantuviera una base de datos online de los galardonados; el gobierno podría incluso avergonzar a conocidos mentirosos publicando sus nombres.
La Ley de Valentía Robada es también peligrosamente amplia: convierte en delito la sátira y la parodia. El comediante Stephen Colbert no podría realizar un sketch en el que su petulante personaje patriota dijera tener una medalla. La ley no exige ninguna prueba de que alguien creyera en la mentira o fuera engañado por ella.
Si la Corte Suprema aceptara el argumento del gobierno, podría seguir otra desconcertante ley. El Congreso podría aprobar una ley que penalice las afirmaciones falsas de los candidatos a cargos políticos en cuanto a sus cualificaciones para el cargo, o afirmaciones falsas sobre sus rivales. Ciertamente el gobierno tiene un “importante” interés en prevenir que se engañe a los votantes. Pero por más que queramos estimular la verdad en nuestros políticos, ¿realmente queremos que el gobierno persiga judicialmente, por ejemplo, el senador Marco Rubio, el republicano de Florida que afirmó falsamente en su página web del Senado que sus padres abandonaron Cuba después de que Fidel Castro se hiciera con el poder –en lugar de antes? ¿Quién de nosotros no ha dicho cosas sobre uno mismo que no son verdaderas? ¿Quién no ha exagerado o embellecido algunos detalles para contar mejor una historia?
La humillación pública que sigue después de semejante exposición, es castigo suficiente. El reconocido remedio constitucional contra las mentiras, como dijo famosamente el juez Louis D. Brandeis, no es la supresión, sino “más libertad de expresión”. La corte debería rechazar el intento del Congreso de controlar lo que decimos sobre nosotros mismos.
[William Bennett Turner dicta un curso sobre libertad de expresión en la Universidad de California, Berkeley, y es autor de ‘Figures of Speech: First Amendment Heroes and Villains’.]
28 de marzo de 2012
2 de marzo de 2012
19 de febrero de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer

2 pensamientos en “la mentira como derecho

  1. Los expertos jurístas nos dicen que …………. La humillación pública que sigue después de semejante exposición, es castigo suficiente; por lo tanto no es necesario crear leyes que pueden suprimir la libertad de expresión….!!!

  2. Los expertos jurístas nos dicen que …………. La humillación pública que sigue después de semejante exposición, es castigo suficiente; por lo tanto no es necesario crear leyes que pueden suprimir la libertad de expresión….!!!

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