[Florida, Estados Unidos] [Por asesinatos.]
[Julia Preston] Un juez de inmigración de Florida ha allanado el camino para la deportación de Estados Unidos del general Carlos Eugenio Vides Casanova, ex ministro de Defensa de El Salvador, concluyendo que había participado en actos de tortura y asesinatos cometidos por soldados bajo su mando durante la guerra civil en el país, incluyendo los notorios asesinatos de varios estadounidenses.
La decisión del juez James Grim, de la Corte de Inmigración de Orlando, es la primera vez que fiscales federales de inmigración establecen que un alto comandante extranjero puede ser deportado por violaciones a los derechos humanos según una ley aprobada en 2004 como una de las secuelas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2011, cuya intención es impedir que violadores de derechos humanos se establezcan en Estados Unidos.
El juez Grim determinó que el general Vides participó en el asesinato de cuatro religiosas estadounidenses en un camino rural en El Salvador en 1980, un crimen que causó conmoción en Washington y presagió la sangrienta violencia que asoló a ese país centroamericano durante los siguientes diez años. El fallo del juez de inmigración es la primera vez que el general Vides es llamado a rendir cuentas por esos asesinatos en una corte de justicia.
Cinco soldados de la Guardia Nacional salvadoreña fueron finalmente condenados por los asesinatos y cumplieron prolongadas penas de prisión. El general Vides era comandante de la Guardia Nacional en la época en que se cometieron esos asesinatos.
Los intentos de funcionarios del Departamento de Seguridad Interior para conseguir la deportación del general Vides, que fue ministro de Defensa de El Salvador entre 1983 y 1989, representa un giro radical en la política exterior de Estados Unidos. El militar fue un estrecho aliado de Washington durante la guerra contra las guerrillas salvadoreñas en los años ochenta, y fue saludado como un reformista, pese a las flagrantes violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas bajo su mando.
El juez Grim también determinó que el general Vides había participado en la tortura de dos salvadoreños, Juan Romagoza y Daniel Alvarado, que declararon en su contra en audiencias de la corte de inmigración de Orlando en la primavera pasada.
“Este es el primer caso en que el Departamento de Seguridad Interior ha aplicado esta ley relativamente nueva al más alto comandante militar de su país en un intento por obtener su extradición”, dijo Carolyn Patty Blum, abogado del Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, organización jurídica sin fines de lucro de San Francisco que representó a varias víctimas de tortura en el caso. Calificó la decisión de “enormemente significativa” para futuros intentos de llevar a inmigración casos de violaciones a los derechos humanos contra comandantes militares y funcionarios oficiales de los más altos niveles.
Muchos detalles de la decisión del juez no estaban disponibles el jueves, ya que en conformidad con la práctica general de las cortes de inmigración, el fallo no fue publicado. Sus principales conclusiones fueron descritas por abogados familiarizados con el caso.
Diego Handel, abogado del general Vides, dijo que no había tenido ocasión de leer la extensa decisión y no podía hacer comentarios.
El caso de deportación contra el general Vides fue presentado por fiscales del Centro para Crímenes de Guerra y Violadores de Derechos Humanos, una unidad de la Oficina de Inmigración y Aduanas creada en 2003 para impedir que violadores de derechos humanos entren a Estados Unidos y deportar a los que se encuentren aquí.
El general Vides rechazó los cargos diciendo que no tuvo ninguna responsabilidad directa, y ni siquiera conocimiento de los asesinatos y torturas señaladas por el gobierno. En las audiencias, testigos, incluyendo a ex diplomáticos estadounidenses, dijeron que el general se había esforzado por detener las violaciones a los derechos humanos cometidas por soldados salvadoreños y cambiar la cultura de las fuerzas armadas salvadoreñas, conocidas por su brutalidad.
La decisión del juez Grim confirmó que el general Vides puede ser deportado sobre la base de las acusaciones por violaciones a los derechos humanos entabladas por el gobierno. Funcionarios federales y abogados de inmigración advirtieron que todavía faltan varios pasos antes de que el juez decida si emitir una orden final para la deportación del general. Pero abogados dijeron que ahora sería considerablemente más difícil para el general Vides eludir esa orden.
Una portavoz de la Oficina de Inmigración y Aduanas, Nicole Navas, dijo que “como asunto de principios, no puedo hacer comentarios sobre asuntos que están todavía pendientes en una corte de inmigración”.
El general Vides dejó de ser ministro de Defensa en 1989, en medio de los elogios de funcionarios estadounidenses por su desempeño, y viajó a Estados Unidos para establecerse en Florida como residente permanente.
Pero los familiares de las cuatro religiosas asesinadas, así como de algunos salvadoreños que pudieron sobrevivir después de prolongadas torturas durante la guerra, han sido tenaces en sus intentos de que el general Vides rinda cuenta por los crímenes de esa era.
En 2000, un juez de Florida absolvió al general Vides y a José Guillermo García, otro ex ministro de Defensa salvadoreño que se retiró en Florida, de responsabilidad por el asesinato de las religiosas. Pero en 2002, en una acusación presentada por el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, otro jurado de Florida determinó que los dos oficiales eran responsables por la tortura de tres salvadoreños y les condenó a pagar una indemnización de 54 millones de dólares. El procedimiento de extradición del general Vides proviene de esa decisión.
Las cuatro religiosas asesinadas son Sor Dorothy Kazel, de la Orden de las Ursulinas; Jean Donovan, una misionera laica; Sor Maura Clarke y Sor Ita Ford, ambas de la Orden de las Maryknoll. El hermano de Ita, Bill Ford, que intentó vigorosamente llevar a juicio al general Vides, murió en 2008.
“Desde que las mujeres fueran asesinadas, mi padre convirtió la búsqueda de justicia en el propósito de su vida”, dijo su hijo, Bill Ford Jr., el jueves. Ford, que es director de la Escuela Secundaria Cristo Rey de Nueva York en Manhattan, dijo que “estoy seguro que sabe y está agradecido de que uno de los responsables del asesinato de las mujeres o de su encubrimiento no puedan vivir en este país para disfrutar de los frutos de su brutalidad”.
31 de marzo de 2012
14 de marzo de 2012
24 de febrero de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer
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