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[Para evitar mayores injusticias, algunos gobiernos estaduales quieren exigir que las fiscalías pongan todas las evidencias a disposición de los acusados, les sean o no favorables. Editorial NYT.]

Los fiscales tienen el derecho constitucional de revelar evidencias importantes que sean favorables a un acusado. Pero demasiado a menudo ese deber, como lo explicó en 1963 la resolución de la Corte Suprema en el caso Brady contra Maryland, es ignorado.
Para asegurar su cumplimiento, algunos fiscales, abogados criminalistas y juristas han concluido sensiblemente que los expedientes de los fiscales, como regla general, deberían ser accesibles a los acusados. En casos en los que entregar evidencias podría poner en peligro a un testigo, por ejemplo, un juez podría admitir una excepción.
Un pequeño número de gobiernos locales y estaduales han adoptado políticas de expedientes abiertos que exigen que los fiscales pongan a disposición de la defensa, antes del juicio, toda la información favorable disponible, sin pararse a considerar si esa información pueda influir en el resultado del caso. Carolina del Norte y lugares como Milwaukee han resuelto que esas políticas hacen que los juicios sean más justos y las sentencias menos erróneas. El ministerio de Justicia debería unirse a este movimiento y sentar un ejemplo nacional. Pero en lugar de eso, continúa adoptando medidas a medias en respuesta a su propia incapacidad para cumplir con las exigencias de la entrega [de evidencias al acusado].
El ministerio respondió a varios casos de violaciones de la resolución Brady por sus propios abogados –entre ellos la egregia mala conducta del fallecido senador Ted Stevens- proporcionando más adiestramiento y encomendando a todas las fiscalías de Estados Unidos que expongan claramente su versión de la política Brady del ministerio, que es entregar solamente las evidencias favorables “materiales”, lo que probablemente quiere decir las que hacen una diferencia en el resultado del caso.
Esos cambios no son suficientes porque la regla Brady es demasiado fácil de ser eludidas. Permite que los fiscales retengan evidencias favorables que no consideran materiales, dejando a los abogados de la defensa inconscientes de evidencias que debían ser entregadas. Noventa y seis por ciento de los casos criminales federales se resuelven con acuerdos, de modo que pone a los acusados en desventaja en las negociaciones: sin acceso a la información en los expedientes del gobierno, ignoran a qué evidencias deben hacer frente y no pueden evaluar sus posibilidades en el juicio.
Esta debilidad en la regla Brady también significa que no hay modo de saber cuántas violaciones son encubiertas por los acuerdos. Las pocas que se conocen, en juicios o en apelaciones posteriores al juicio, no constituyen un índice de las verdaderas dimensiones del problema, pero sí pueden mostrar lo profundamente enraizadas que está este.
Después de que el Ministerio de Justicia dejara caer la acusación contra el senador Stevens en 2009 por mala conducta fiscal, incluyendo la retención de evidencias exculpatorias, el juez Emmet Sullivan, de la Corte de Distrito federal en Washingtonn D.C., antes que confiar esta tarea al Ministerio de Justicia decidió nombrar a un abogado externo para que investigara qué salió mal.
En 2009, el juez Mark Wolf en Boston constató similarmente que el prolongado problema erosionó su confianza en los fiscales federales. “En el Distrito de Massachusetts”, escribió, “el gobierno ha mostrado una persistente dificultad para cumplir oportunamente con su deber de revelar informaciones exculpatorias materiales a los acusados”.
Tanto en el sistema judicial federal como estadual, es esencial que las normas sobre la revelación de evidencias sean acatadas de modos que fomenten la justicia. Y la política de expedientes abiertos se acercaría a cumplir con esta importante norma.
2 de abril de 2012
14 de marzo de 2012
27 de febrero de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer

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