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[Claudio Lísperguer] [Durante un allanamiento masivo en una comunidad mapuche en Ercilla, una bala calibre 38 terminó con la vida de uno de los agentes. No se sabe quién la disparó.]

Una bala calibre 38 mató al sargento segundo Hugo Albornoz en Ercilla. No se sabe todavía quién es autor de su muerte. La prensa informó originalmente que se trataba de una bala calibre 9, que es el calibre habitual que es posible encontrar ilegalmente en manos de civiles. Las armas calibre 38 son usadas preferentemente por fuerzas policiales.
Sobre su muerte habrá todavía mucho que decir. Es un hecho lamentable, cualquiera sea su responsable.
Pero desde ya se pueden constatar irregularidades y falsedades en el parte policial. Según las declaraciones del sacerdote jesuita que se encontraba en la comunidad a la hora del allanamiento y que fue testigo ocular directo de los acontecimientos, al lugar llegaron cerca de cincuenta carabineros fuertemente armados para realizar un allanamiento. El incomprensible exceso de fuerza es evidente en la composición de la caravana policial, que incluía una tanqueta, un zorrillo, un bus blindado y varias camionetas. Es evidente que este contingente paramilitar para realizar un allanamiento es desproporcionado. Detener a una vecina mapuche por poseer un pasamontañas y un cartucho de escopeta es igual de arbitrario que absurdo. Nada de eso constituye delito. Su detención es totalmente ilegal.
Las afirmaciones de Carabineros de que fueron emboscados son igualmente falsas. Según las declaraciones del sacerdote, no había manifestantes ni hubo enfrentamientos. En las colinas cercanas se podía observar a sólo dos encapuchados. No es creíble que sean los autores del disparo que terminó con la vida del sargento Albornoz.
Por otro lado, el Observatorio Ciudadano, también sobre la base del testimonio del sacerdote católico, constató que se trató de un allanamiento innecesariamente violento en el que los carabineros de fuerzas especiales irrumpieron en la comunidad “violentando a hombres, mujeres y niños, rompiendo puertas y dejando orificios en las paredes en las viviendas de la comunidad” . Como ya es una deleznable práctica policial, los carabineros aprovecharon la oportunidad para robar “materiales de trabajo, vestuario y dinero en efectivo”. Esta práctica ha sido denunciada en numerosas ocasiones. Es casi una costumbre que en allanamientos policiales en sectores pobres o en casas de familias pobres, los carabineros destruyen y roban todo lo que pueden, incluyendo, delitos como el robo de ganado y abusos sexuales contra las mujeres. Estos actos aberrantes y completamente ilegales, lo mismo que la tortura de detenidos, ocurren a vista y paciencia de las autoridades políticas y policiales.
Es hora de que Carabineros se convierta en una institución que guarde genuinamente las leyes y no las utilice como excusa para cometer abusos como los descritos.
No sabemos todavía quién mató al sargento Albornoz, ni sabemos qué abusos cometió. Pero el contexto en que ocurrió su muerte hay demasiada violencia, demasiados abusos y humillaciones, demasiada destrucción y robos, demasiados asesinatos cometidos por fuerzas especiales como para sorprenderse.
Lo peor, en este contexto, es que la ciudadanía no puede esperar demasiado ni de las autoridades judiciales ni de la clase política. Los carabineros en Chile matan con práctica y absoluta impunidad, reciben penas ridículamente bajas en sus propios tribunales militares y, con las fiscalías, tienen el hábito de falsificar las evidencias, o crearlas enteramente. Cuando en septiembre de 2007 una bala mató al cabo Vera (véase Mérici), se culpó y encarceló a un joven que es evidentemente inocente de esa muerte, con argumentos fantasmagóricos: según el tribunal, y pese a los testimonios de expertos, una bala calibre 9, disparada a más de setenta metros, habría atravesado el escudo y casco del carabinero Vera, causándole la muerte tras atravesar su cráneo y volver a salir para perderse para siempre. En ese caso, lo más probable no fue nunca investigado: que el cabo Vera fue asesinado, quizá accidentalmente, por otro carabinero, pues su muerte fue provocada por una bala de grueso calibre, incluso, según peritos, por un arma de guerra (calibre 38 o 45, o quizá un fusil de 7mm o un rifle M16 o un AK 47). En el asesinato anterior de un manifestante (Cristián Castillo Díaz), en septiembre de 2005, el autor –un carabinero- negó durante un año haber sido el autor del disparo que mató al joven, pero finalmente confesó y declaró que era una práctica habitual, tolerada u ordenada por sus superiores, llevar armas de grueso calibre para reprimir manifestaciones sociales. Las armas debían ser ilegales, para poder desviar la investigación en caso de que se usaran, y tenían la orden de negar toda participación en ese tipo de crímenes.
Estos antecedentes no nos permiten esperar ni transparencia ni justicia. La doctrina de Carabineros parece reñida con la verdad. Las instigaciones de la institución y las insólitas declaraciones del ministro del Interior nos hacen esperar lo peor.

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