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[Colombia] [Magistrado pidió vigilar bienes entregados por paramilitares. A Justicia y Paz le preocupa que algunos de los bienes entregados por los paramilitares en Meta y Vichada sigan enredados en líos jurídicos y que eso demore la reparación a las víctimas.]

La Fiscalía 59 de Justicia y Paz y un Magistrado del Tribunal de Justicia y Paz advirtieron que algunos de los bienes entregados por el ex jefe paramilitar José Baldomero Linares alias ‘Guillermo Torres’ y otros desmovilizados de las Autodefensas de Meta y Vichada están abandonados, y que además en el proceso de subasta las ofertas han sido inferiores al precio real de los terrenos o están a la espera de una audiencia ante los Tribunales de Cundinamarca para determinar su destino.
La advertencia fue realizada durante una audiencia parcial de imputación de cargos contra dos ex paramilitares de este grupo, cuando la Unidad de Justicia y Paz presentó un informe sobre los bienes de este bloque ante el Tribunal de Cundinamarca.
Uno de los bienes que se encuentra en estado de abandono es La Porfía, una finca ubicada en la vereda Caño Negro en San Rosalía, en Vichada, que fue ofrecida por alias ‘Guillermo Torres’ y que tiene una extensión de 493 hectáreas.
El predio fue entregado el 10 de marzo de 2010 a Acción Social, ahora Departamento de la Prosperidad Social, que impuso medidas de secuestro y fue avaluado en $1.234 millones de pesos.
Sin embargo, según el informe de la Fiscalía, el predio quedó a disposición de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, una sociedad de economía mixta del orden nacional, encargada de administrar y subastar bienes de este tipo. El dinero producto de las ventas o los arriendos de esos predios van a un fondo nacional para reparar a las víctimas del conflicto.
Pero en este caso, como ha sucedido con otros bienes confesados por ex paramilitares, la Fiscalía dijo que “el predio no ha sido objeto de negocios jurídicos”.
Por este motivo, el magistrado de Justicia y Paz le pidió al a Fiscalía compulsar copias para que Acción Social y la SAE den respuesta sobre esta finca. “Son funcionarios del Estado y al ser servidores públicos pueden estar cometiendo delitos contra la administración pública”, dijo el magistrado Raúl Gutiérrez durante la audiencia.
Otra de las fincas que puede estar corriendo la misma suerte es Lucitania, que fue ofrecida por alias ‘Guillermo Torres’ y de la que aún no se ha podido disponer de la misma porque está enredada por el avalúo. El predio está ubicado en la inspección de San Miguel, en Puerto Gaitán, Meta, y según el informe de la Fiscalía fue entregado a la SAE en diciembre de 2009 pero la oferta para la adjudicación, presentada en 2010, fue casi 50% inferior al valor real del predio.
En las actas de Acción Social, los peritos describieron que el terreno tiene 400 hectáreas y está sembrado con palma africana. La Fiscalía reportó que el último avalúo del predio supera los 2 mil millones de pesos por el tipo de cultivo.
La Subunidad Especializada de Persecución de Bienes se hizo cargo del caso y solicitó una audiencia ante un magistrado para escuchar a los peritos que fueron al terreno. Esta dependencia ordenó más pruebas antes de que la SAE lo vuelva a ofertar en una subasta pública.
Con otros predios de menor extensión, ubicados en Villavicencio, uno de ellos entregado en 2007 y otro en 2009, la Fiscalía dijo que está pendiente de los informes que le rindan el Departamento para la Prosperidad Social y la SAE. El primero fue arrendado “y se encuentra pendiente que rindan el informe de la administración del bien”. Respecto al otro inmueble, “está pendiente que se rinda informe si se han recibido propuestas de intención de compra y si se incluyó en el listado de bienes para subastas”, dijo la Fiscal durante la audiencia.
Otros de los bienes entregados por los ex paramilitares del Meta y de Vichada, conocidos localmente como ‘Carranceros’, han sido una red eléctrica de 103 kilómetros en Puerto Gaitán, tres predios entregados por José Delfín Villalobos alias ‘Alfa Uno’, y por lo menos 85 millones de pesos en efectivo entregados por varios desmovilizados del bloque.
“Es importante saber si las medidas de embargo y secuestro sobre estos predios son suficientes para garantizar que estos bienes no sean vendidos a terceros. Es importante solicitar las medidas de protección”, concluyó el magistrado durante la audiencia.
Las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, conocidas en la región como ‘Carranceros’, delinquieron en estos departamentos y de forma esporádica en Casanare, dejando 800 víctimas en los Llanos, según los registros de Justicia y Paz.
5 de abril de 2012
9 de marzo de 2012
cc verdad abierta

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