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[David Carr] [Pese a sus elogiosas palabras sobre los periodistas que buscan la verdad –dos de ellos recientemente muertos en Siria-, el gobierno de Obama se ha caracterizado por una agresiva campaña justamente contra los periodistas que buscan la verdad en Estados Unidos.]

El miércoles pasado en la sala de prensa de la Casa Blanca, el secretario de prensa del gobierno, Jay Carney, inició su rueda con una nota sombría, mencionando la muerte de Marie Colvin y Anthony Shadid, dos periodistas que murieron “para informar sobre la verdad” mientras cubrían la situación en Siria.
Jake Tapper, corresponsal en la Casa Blanca para ABC News, señaló que el gobierno había elogiado más de una vez sus valientes reportajes en países lejanos, y luego preguntó: “¿Cómo se concilia eso con el hecho de que su gobierno ha tratado agresivamente de detener el periodismo agresivo en Estados Unidos recurriendo a la Ley de Espionaje para llevar a tribunales a los denunciantes?
Luego sugirió que el gobierno parecía creer que “se debería conocer la verdad en el extranjero, pero no aquí”.
Es un argumento razonable. El gobierno de Obama, que prometió durante su transición al poder, que mejoraría “las leyes sobre las denuncias para proteger a los funcionarios federales”, ha estado más inclinado que cualquier otro gobierno en la historia para tratar de silenciar y perseguir a los funcionarios federales.
La Ley de Espionaje, promulgada en 1917 para castigar a los que ayudaban a nuestros enemigos, fue usada tres veces durante todos los gobiernos anteriores para proceder contra funcionarios de gobierno acusados de proporcionar informaciones confidenciales a la prensa. Desde que el actual presidente asumió el cargo, la ley ha sido usada en seis ocasiones.
Dejando de lado el caso del soldado raso Bradley Manning, analista de inteligencia que está acusado de haber robado miles de documentos secretos, la mayor parte de los juicios recientes parecen tener mucho que ver con el secreto administrativo y muy poco con la seguridad nacional.
En caso tras caso, la Ley de Espionaje ha sido utilizada como una especie de Ley de Secretos Oficiales ad hoc, que no es una ley que haya encontrado simpatía en Estados Unidos, un país donde el derecho de los ciudadanos a saber es considerado más importante que el derecho del gobierno a ocultar sus asuntos.
En el caso más reciente, John Kiriakou, ex agente de la CIA que se convirtió en miembro del personal demócrata en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, fue acusado por la Ley de Espionaje de filtrar información a periodistas sobre otros agentes de la CIA, algunos de los cuales estaban implicados en el programa de interrogatorios de la agencia, en el que se incluía la tortura conocida como el submarino.
Para los que lleven la cuenta, ninguno de los individuos implicados en esa tortura o autorizados para recurrir al submarino [simulacro de muerte por asfixia] en interrogatorios de sospechosos de terrorismo, ha sido llevado a juicio, pero Kiriakou está en la mira del gobierno federal, acusado a hablar con periodistas y organizaciones de prensa, incluyendo el New York Times.
Tapper dijo que no había pensado en tocar el tema, pero oír a Carney repetir el elogio por los periodistas que excavan en profundidad para descubrir la verdad en otros países le llamó la atención.
“He estado siguiendo este caso, y no se trata de casos en que funcionarios del gobierno estén filtrando la ubicación de sitios nucleares secretos” dijo Tapper. “Son clásicos casos de denuncia que tienen que ver con conductas cuestionables de parte de funcionarios de gobierno o sus agentes cuando actúan con la pretensión de que están protegiendo a Estados Unidos”.
Carney dijo en la sesión informativa que pensó que era apropiado “rendir homenaje a la valentía” de Colvin y Shadid, pero eludió la pregunta más amplia de Tapper, diciendo que no podía dar información sobre casos específicos. No respondió el email que le enviamos pidiendo su comentario.
En uno de los ejemplos más extraordinarios del agresivo enfoque del gobierno, Thomas A. Drake, ex empleado de la Agencia de Seguridad Nacional, fue procesado el año pasado por la Ley de Espionaje y podría ser condenado hasta 35 años de cárcel.
¿Su delito? Cuando su agencia se disponía a gastar cientos de millones de dólares en un programa de software comprado al sector privado para supervigilar datos digitales, habló con un periodista del Baltimore Sun. Sugirió un programa desarrollado internamente que costaba mucho menos, era más efectivo y no violaba la privacidad del modo en que lo hacía el producto del vendedor. (Tenía razón, dicho sea de paso).
Fue imputado por diez cargos que lo acusaban de mentir a los investigadores y obstruir a la justicia. El verano pasado, la acusación en su contra se derrumbó y se declaró culpable de una sola falta: el mal uso de un ordenador del gobierno.
Jesselyn Radack, directora de seguridad nacional y derechos humanos en el Proyecto de Contraloría del Gobierno, fue uno de los abogados que lo representó.
“El gobierno de Obama ha sido bastante hipócrita sobre sus promesas de claridad, transparencia y rendición de cuentas”, dijo. “Los presidentes odian las filtraciones, pero perseguir a los denunciantes como si fueran espías es injustificadamente severo y no se sostiene en la ley”.
Mark Corallo, que trabajó para el fiscal general John D. Ashcroft durante el gobierno de Bush, le dijo este mes a Adam Liptak, del New York Times, que estaba “consternado” por la cantidad de juicios durante la presidencia de Obama. “Deberíamos haber sido crucificados por esto”, dijo.
Como señaló Liptak, en la era digital se ha hecho más fácil identificar a los denunciantes, pero justamente que se pueda hacer no significa que se deba hacer.
Este tipo de persecución puede tener repercusiones más allá de los procedimientos inmediatos. Dos periodistas de Washington que trabajan en temas de seguridad nacional dijeron que los fallos habían creado un gélido ambiente entre periodistas y las personas que trabajan en varias agencias del gobierno.
En un momento de la historia cuando nuestro gobierno fue acusado de enviar a prisioneros a recintos secretos donde se dice que fueron torturados y la CIA está realizando guerras dirigidas por control remoto en países alejados, no es un buen momento para tratar como espías a la gente que ayuda a publicar información crítica.
Y vale la pena señalar que el énfasis del gobierno en el secreto viene y va según las noticias. Los periodistas fueron informados inmediata e interminablemente sobre la operación “secreta” que localizó y asesinó a bin Laden. Y el programa de aviones no tripulados en Pakistán y Afganistán sale a la luz de un modo muy organizado y sistemático toda vez que una misión termina exitosamente.
Hay bastantes filtraciones autorizadas, pero estas vienen desde arriba. Las filtraciones en los escalones más bajos, especialmente las que puedan molestar al gobierno, han sido tratadas de modo muy diferente.
7 de abril de 2012
13 de marzo de 2012
27 de febrero de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer

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