[Las cárceles son prácticamente sinónimo de abusos y malos tratos de los detenidos. Sin embargo, persisten.]
[Thomas Gammeltoft-Hansen] El 12 de octubre de 2010, Jimmy Mubenga fue deportado de Gran Bretaña. El angoleño de 46 años había llegado al país como refugiado dieciséis años antes. Pero después de su participación en una riña en un bar y una subsecuente condena criminal, el gobierno decretó su expulsión. Tres guardias de seguridad privados lo escoltaron a través del Aeropuerto de Heathrow hacia el vuelo 77 de British Airways a Luanda, Angola. No está claro qué pasó después exactamente y el caso es materia de una investigación criminal.
Varios pasajeros a bordo del avión informaron que Mubenga se quejó repetidas veces de que no podía respirar y los guardias de seguridad lo habían reducido obligándolo a meter la cabeza entre sus rodillas. Cuando el avión aterrizaba en la pista en Londres, Mubenga perdió el conocimiento y más tarde murió.
El control de la inmigración ha sido visto tradicionalmente como una función soberana inalienable del estado. Pero el control de la inmigración hoy está siendo encargada cada vez más a contratistas privados. Los defensores de la privatización se han apresurado a argumentar que el uso de contratistas no significa que el estado pierda el control. Sin embargo, la privatización introdujo un velo corporativo que desdibuja tanto la fiscalización como su responsabilidad legal.
Pese a esfuerzos de introducir inspectores externos, informes de rendimiento y otros mecanismos de supervisión, la naturaleza privada de estas compañías rompe la línea de mando administrativo corriente, colocando tanto al estado como a la ciudadanía en desventaja en términos de asegurar la transparencia.
Las empresas privadas rara vez tienen interés en asegurar la fiscalización, ya que toda crítica puede implicar consecuencias económicas negativas. La Australasian Correctional Management, que administró centros de detención en Australia entre 1998 y 2004, era conocida por exigir de miembros del personal médico o maestros que entraban en sus recintos que firmaran contratos de confidencialidad para impedirles revelar información concerniente a los detenidos o a la administración de los centros. Como extranjeros, los inmigrantes y los refugiados lo han tenido siempre muy difícil a la hora de acceder a mecanismo de reclamos externos y a instituciones de ayuda. Como contara a un periodista de este diario un empleado a cargo de revisar los casos disciplinarios en el local de la Corrections Corporation of America en Houston: “Yo soy la Corte Suprema”.
El velo corporativo también distorsiona las líneas de la responsabilidad legal. La legislación de derechos humanos está diseñada en gran parte sobre la suposición de que son los estados, y no las empresas privadas, las que ejercen poderes soberanos, como la detención o el control de las fronteras. Exigir legalmente responsabilidades de gobiernos por violaciones a los derechos humanos cometidas por contratistas exige el paso adicional de mostrar que es el estado y no solamente la compañía o empleado en particular el que es responsable de algún ilícito.
El caso de Mubenga no es único. Se han conocido numerosos informes sobre mala conducta, violencia y abusos perpetrados por contratistas que realizan labores en relación con la inmigración. Los tres guardias de seguridad responsables de la deportación de Mubenga trabajaban para la firma de seguridad privada anglo-danesa G4S. Antes de la muerte de Mubenga, G4S tenía el contrato exclusivo con la U.K. Border Agency para proveer escoltas para detenidos por Inmigración y deportados. Posteriormente la firma perdió el contrato, aunque no terminó su participación en el control de inmigración.
Como la compañía de seguridad privada más grande del mundo, con más de 650 mil empleados, G4S está implicada en una plétora de funciones de inmigración en todo el mundo, desde la operación de centros de detención de inmigrantes en Gran Bretaña hasta la revisión de pasajeros en aeropuertos en Europa, Canadá y Oriente Medio. En Estados Unidos, G4S opera una flota de buses blindados hechos a medida que sirven para el transporte de inmigrantes ilegales capturados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. El mes pasado, la U.K. Border Agency firmó un nuevo contrato con G4S por un valor de 337 millones de dólares para albergar a solicitantes de asilo.
El éxito de G4S en este mercado muestra que la deportación, la detención y el control de fronteras son grandes negocios. El contrato actual de Boeing para instalar y gestionar un sistema de vigilancia de fronteras de alta tecnología a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México tiene un valor de 1.3 billones de dólares e involucra a unos cien subcontratistas. El Geo Group, con base en Florida y uno de los principales competidores de G4S, administra siete mil camas en centros de detención en Estados Unidos y hasta hace poco en el centro de detención de Bahía Guantánamo, adonde se traslada a los inmigrantes interceptados en el Caribe. Las ONGs y organizaciones internacionales también sacan provecho. En 2010, la Organización Internacional para las Migraciones recibió 265 dólares para ayudar a los gobiernos a devolver a los inmigrantes a sus países de origen, entre otras actividades.
La industria del control de inmigración cubre no solamente las detenciones y deportaciones sino también el control de fronteras. Hoy, muchas aerolíneas emplean a agentes de inmigración o contratan ellas mismas a firmas de seguridad para controlar las falsificaciones de documentos y descripciones exigidas por los estados de destinación. En Israel, los puestos de control en Cisjordania están siendo transferidos gradualmente a firmas de seguridad privadas.
Poner la responsabilidad en niveles más bajos podría blindar a los gobiernos contra las demandas. En el caso de Mubenga, los tres guardias de seguridad privada implicados en la deportación fueron originalmente detenidos. Después de acusaciones de empleados de G4S de que la gerencia había ignorado repetidas veces avisos internos sobre el adiestramiento deficiente y técnicas de sujeción poco seguras, cargos contra la firma que ahora están siendo estudiados. Sin embargo, no es probable que alguna de estas demandas trate el tema de si la U.K. Border Agency debería ser emplazada por su responsabilidad criminal por la muerte de Mubenga debido a su decisión de, en primer lugar, tercerizar las deportaciones.
Incluso si los gobiernos quieren restablecer el control estatal de la inmigración, no es tan fácil. Las promesas políticas de renacionalizar los centros de detención de inmigración en Gran Bretaña hasta el momento no han sido cumplidas, pese a repetidos informes sobre abusos y malos tratos. Y la privatización, una vez ejercida, es difícil de revertir.
Estados Unidos lo descubrió cuando, entre las secuelas de los atentados del 11 de septiembre de 2001, se vio enfrentado al reto de contratar a 45 mil nuevos empleados para la recién creada Administración de la Seguridad en el Transporte para recuperar el control soberano sobre la seguridad de los aeropuertos, previamente en manos privadas. Y los contratistas privados también se mueven para influir en políticas. Cuando se aprobó el infame proyecto de ley SB 1070 de Arizona, treinta de los treinta y seis co-patrocinadores habían recibido donaciones de compañías de cárceles privadas o de sus cabilderos.
Hoy, la tercerización oficial ha dado origen a una industria que abarca casi todos los aspectos del control de inmigración en países de todo el planeta. El cambio tiene un precio: elimina la responsabilidad del gobierno y se lleva por delante los derechos de los que están sometidos al control de las empresas privadas. Y a menos que el gobierne recupere el control de lo que fuera previamente una función soberana esencial del estado, morirán muchos otros como Jimmy Mubengas.
[Thomas Gammeltoft-Hansen es investigador en el Instituto Danés de Estudios Internacionales y co-editor del libro de inminente aparición ‘The Migration Industry’.]
18 de abril de 2012
2 de abril de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer
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