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[Washington, Estados Unidos] [Cualquiera sea el motivo de la detención.]

[Adam Liptak] El lunes la Corte Suprema falló en una votación dividida de cinco contra cuatro que los funcionarios penitenciarios pueden realizar registros o cacheos exhaustivos (incluyendo el desnudo) en personas detenidas cualquiera sea el motivo, incluso si se trata de un delito menor, antes de ingresarlos en cárceles, incluso si los funcionarios no tienen motivos para sospechar la presencia de artículos prohibidos.
El juez Anthony M. Kennedy, respaldado por el ala conservadora de la corte, escribió que los tribunales no están en posición de cuestionar los juicios de los funcionarios penitenciarios que deben considerar no solamente la posibilidad de detectar armas y drogas escondidas, sino también la salud pública e información sobre el entorno de las pandillas.
“Todos los detenidos ingresados a la población general deben ser primero desnudados y sometidos a una meticulosa inspección visual”, escribió el juez Kennedy, agregando que cerca de trece millones de personas son ingresadas cada año en las cárceles del país.
Los procedimientos endorsados por la mayoría están prohibidos por ley en al menos diez estados y contravienen las instrucciones de las autoridades federales. De acuerdo a un escrito presentado por el Colegio de Abogados de Estados Unidos, tratados internacionales de derechos humanos también prohíben los procedimientos.
Las cortes de apelaciones federales se han dividido sobre este asunto, aunque la mayoría de ellas prohíbe los registros exhaustivos a menos que se basen en sospechas razonables de que se intenta entrar algo de contrabando. La Corte Suprema no dijo que todos los nuevos detenidos deban ser registrados exhaustivamente; más bien, lo que falló es que las garantías de los registros arbitrarios de la Cuarta Enmienda no los prohíben.
Daron Hall, presidente de la Asociación Correccional de Estados Unidos y sheriff del condado de Davidson, Tennessee, dijo que la asociación acogía la flexibilidad que ofrecía la decisión. Las normas actuales de la asociación desalientan las políticas de registros exhaustivos.
La marcadamente dividida decisión se produjo en una corte cuyas diferencias ideológicas están bajo tensa vigilancia después de los alegatos de la semana pasada sobre la ley de seguro médico del presidente Obama. El fallo se dictó menos de dos semanas después de que un par de importantes fallos divididos en votación de cinco contra cuatro sobre el derecho a hacerse defender por un abogado en convenios judiciales, aunque en ello el juez Kennedy se unió al ala liberal de la corte. Las opiniones de la mayoría y las disidentes acordaron el lunes que los procedimientos de registro que permitía el fallo –inspección visual meticulosa realizada por un gendarme mientras el detenido se encuentra desnudo- eran más intrusivos que ser observado durante la ducha, pero no implicaba contacto corporal.
El juez Stephen G. Breyer, escribiendo por los cuatro disidentes, dijo que los registros exhaustivos que permitía la mayoría eran “una grave afronta a la dignidad humana y a la privacidad de la persona” y debería recurrirse a ellos sólo cuando había una buena razón para hacerlo.
El juez Breyer dijo que la Cuarta Enmienda debería ser entendida como prohibiendo los registros exhaustivos de personas detenidas por faltas menores que no implican ni drogas ni violencia, a menos que los funcionarios tengan sospechas razonables de que los detenidos estaban implicados en una operación de contrabando.
La decisión del lunes se sumó a una reciente tendencia, de cortes de apelaciones de Atlanta, San Francisco y Filadelfia, que permite los registros exhaustivos de todos los que ingresados a la población general de la cárcel. Por otro lado, al menos otras siete cortes de apelaciones han resuelto que esos registros son apropiados sólo si existe una sospecha razonable de que la persona detenida llevaba artículos de contrabando.
De acuerdo a recomendaciones en los tribunales inferiores, las personas pueden ser registradas exhaustivamente después de ser detenidas por sacar a pasear al perro sin correa, por conducir sin licencia o por no pagar la alimentación. Mencionando ejemplos de escritos presentados a la Corte Suprema, el juez Breyer escribió que las personas han sido sometidas a “la humillación de una inspección corporal visual exhaustiva” después de ser detenidas por conducir con un silenciador ruidoso, por no usar el intermitente y por andar en bicicleta sin un timbre audible.
Una monja fue registrada exhaustivamente, escribió, después de ser detenida por invasión de morada durante una demostración contra la guerra.
El juez Kennedy respondió que “las personas detenidas por delitos menores pueden resultar en los criminales más peligrosos y retorcidos”. Observó que Timothy McVeigh, ejecutado más tarde por su participación en el atentado en Oklahoma City en 1995, fue detenido primero por conducir sin una placa de matrícula. “Uno de los terroristas implicados en los atentados del 11 de septiembre [de 2001] fue detenido y multado por exceso de velocidad apenas dos días antes del secuestro del Vuelo 93”, agregó el juez Kennedy.
El caso fallado el lunes, Florence v. el Condado de Burlington, No. 10-945, surgió de la detención de Albert W. Florence en Nueva Jersey en 2005. Florence estaba en el asiento de pasajeros de su BMW cuando un policía del estado paró a su esposa, April, por exceso de velocidad. Un control de antecedentes reveló una orden de detención pendiente contra Florence por una multa impaga. (La información era errónea; la multa había sido pagada).
Florence estuvo detenido durante una semana en las cárceles de los condados de Burlington y Essex, y fue registrado exhaustivamente en todas ellas. Hay alguna disputa sobre los detalles, pero se supone que debía pararse desnudo frente a un guardia que le exigía mover las partes íntimas de su cuerpo. Los guardias no lo tocaron.
“Dese vuelta”, recordó Florece, en una entrevista el año pasado, que le dijeron los gendarmes de la cárcel. “Agáchese y tosa. Estire sus mejillas”.
“Yo me considero un hombre hecho y derecho”, dijo Florence, un ejecutivo financiero de una concesión automotriz. “Un metro noventa y dos. Un tipo grande. Fue humillante. Me hizo sentir menos que hombre”.
El juez Kennedy dijo que el precedente más importante era Bell v. Wolfisgh, que fue decidido en una votación de cinco contra cuatro en 1979. Permitía el registro exhaustivo de personas detenidas en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York después de encontrarse con visitantes.
Como en el caso Bell, escribió el juez Kennedy, los “indudables imperativos de seguridad implicados en la vigilancia de una cárcel anulan la aseveración de que algunos detenidos deben ser exentos del cacheo más invasivo en cuestión en ausencia de una sospecha razonable de posesión de un arma oculta u otro artículo prohibido”.
Las opiniones mayoritaria y disidente sacaron diferentes conclusiones de la información disponible sobre la cantidad de contrabando introducido en las cárceles y si agregar las inspecciones corporales integrales a los cacheos y los detectores de metales.
El juez Kennedy dijo que una persona detenida por desorden público en el estado de Washington “se las arregló para ocultar un encendedor, tabaco, agujas de tatuaje y otros artículos prohibidos en su cavidad rectal”. Funcionarios de San Francisco, agregó, “han descubierto artículos de contrabando en las cavidades corporales de personas detenidas por invasión de morada, ruidos molestos y hurto en tiendas”.
El juez Breyer escribió que había muy poco respaldo empírico de la idea de que los cacheos exhaustivos detectan piezas de contrabando que de otro modo no serían percibidos por funcionarios penitenciarios si hubiesen recurrido a métodos menos intrusivos, especialmente si los registros exhaustivos eran permitidos cuando los funcionarios tenían una sospecha razonable de que encontrarían algo.
Por ejemplo, en un estudio de 23 mil personas ingresadas en un recinto penitenciario en el condado de Orange, Nueva York, utilizando esa norma se encontró cuando mucho un caso de contrabando detectado que no hubiese sido detectado de otro modo, escribió el juez Breyer.
Las juezas Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan se unieron a la opinión disidente del juez Breyer.
El juez Kennedy dijo que los métodos más estrictos disuaden a las personas de ingresar a la cárcel objetos de contrabando.
El juez presidente John G. Roberts Jr. y los jueces Antonin Scalia y Samuel A. Alito Jr. se unieron todos a la opinión mayoritaria del juez Kennedy, y el juez Clarence Thomas apoyó la mayor parte de la explicación.
En un escrito, el juez Roberts, citando de un fallo anterior, dijo que las excepciones a la resolución del lunes eran todavía posibles “para asegurarnos de que no avergoncemos al futuro”.
El juez Alito escribió que se podrían aplicar reglas diferentes para personas detenidas pero no ingresadas a la población general o cuyas detenciones no hubiesen sido “revisadas por un funcionario judicial”.
23 de abril de 2012
3 de abril de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer

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