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[Un tribunal militar no es la mejor manera de demostrar el compromiso de Estados Unidos con el respeto por el estado de derecho. Editorial NYT.]

Cuando el fiscal general Eric H. Holder Jr. anunció en 2009 que Khalid Shaikh Mohammed y otros cuatro acusados por la conspiración del 11 de septiembre de 2001 serían juzgados por un tribunal federal civil, dijimos que su decisión “hace una elocuente declaración sobre la determinación del gobierno de Obama de vengar a las víctimas del terrorismo en el marco del estado de derecho”. Pero los cinco acusados no llegaron nunca a un tribunal civil; en lugar de eso, gracias a desarrollos en la política interior, están siendo juzgados por homicidio y otros cargos por una comisión militar en Bahía Guantánamo.
La comisión no es, como afirman algunos de sus detractores, una farsa improvisada para garantizar la condena y ejecución de los acusados. Pero tanto substantiva como simbólicamente, es una alternativa inaceptable a los juicios en los que sí se ha condenado exitosamente a otros terroristas.
Las reuniones de la comisión empezaron poco auspiciosamente cuando los acusados se negaron a presentar peticiones de clemencia y montaron una silenciosa protesta contra la legitimidad del tribunal. Los abogados de la defensa se han quejado de que están siendo restringidos cuando hablan con sus clientes sobre su tratamiento en manos de interrogadores de la CIA, y la ACLU [Unión Americana de Libertades Civiles] está impugnando una “orden de protección” propuesta por el gobierno que consideraría las declaraciones de los acusados sobre su interrogatorio como “preventivamente secretas” y por tanto sujetas a censura.
No hay ninguna garantía de que los acusados no se comporten de un modo similarmente obstructivo en un juicio civil. Tampoco se impediría en un tribunal federal que la fiscalía solicite al juez que retenga información clasificada. Y los defensores de las libertades civiles que ven el juicio del autoproclamado cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y sus cómplices como una oportunidad para ventilar el uso por parte de la CIA de la tortura conocida como el submarino [simulacro de asfixia por inmersión] y otros métodos abusivos de interrogatorio podrían toparse con un juez civil igual de reluctante que uno militar a llevar a juicio a la CIA.
Dicho eso, las diferencias entre los dos tipos de juicios son importantes. El actual sistema militar, revisado por el Congreso en 2009, es más creíble que las comisiones militares establecidas unilateralmente por el gobierno de George W. Bush. Este exige una prueba de culpabilidad más allá de toda duda razonable, prohíbe juzgar a una persona dos veces por la misma causa y, lo más importante, prohíbe la admisión de evidencias obtenidas mediante torturas o “tratos crueles, inhumanos o degradantes”. (Mohammed fue torturado con el submarino repetidas veces.) Sin embargo, en otros aspectos defiende menos a los acusados que un juicio civil. Aunque las evidencias obtenidas mediante torturas son inadmisibles y las confesiones deben ser voluntarias, los críticos dicen que otro tipo de declaraciones obtenidas mediante “coerción” –particularmente de terceras partes- sí son permitidas. El sistema de las comisiones también acepta los testimonios de oídas.
Tan importante como estos particulares defectos es el hecho de que el juicio de los acusados por los atentados del 11 de septiembre se está realizando bajo la égida de las mismas fuerzas armadas que los tienen encarcelados, y que los ha retenido durante casi una década sin llevarlos a juicio. Independientemente de las mejoras en el sistema de comisiones desde el gobierno de Bush, simplemente no ofrece a los acusados el patrón oro de la justicia estadounidense. Si Mohammed fuera sentenciado a muerte en un juicio civil, Estados Unidos podría señalar el hecho de que proporcionó todo el debido proceso a alguien que asesinó a casi tres mil personas inocentes. No podrá decir eso si lo hace una comisión militar. Y aunque a las familias de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001, comprensiblemente, pueda no interesarles la opinión pública internacional, el gobierno de Obama reconoció que servía los intereses del país –especialmente después de las denuncias de torturas y el secuestro de terroristas acusados en cárceles secretas- que Mohammed y los otros reciban un juicio que no sólo fuera justo, sino que además fuera percibido como justo.
Eso no va a ocurrir. Gran parte de la culpa la tiene el Congreso, que frustró efectivamente el plan original del gobierno de proporcionar un juicio civil a los acusados prohibiendo el traslado a Estados Unidos de los detenidos en Guantánamo. Pero el gobierno también cometió errores. Al anunciar que el juicio se realizaría en Nueva York, Holder provocó una fuerte reacción de los residentes y funcionarios públicos que temían que la ciudad fuera nuevamente blanco de los terroristas. Habría sido políticamente más inteligente si el gobierno hubiese propuesto un juicio civil en un lugar más remoto y protegido. Más tarde, después del endurecimiento de la oposición a un juicio civil en cualquier parte, el presidente decidió no gastar su capital político insistiendo en su plan original.
Un juicio civil para Mohammed y los otros habría dramatizado el compromiso de Obama en los primeros días de su gobierno de apartarse decisivamente de las políticas del gobierno de Bush en la guerra contra el terrorismo. El presidente debería haber luchado más activamente por su idea original de justicia.
22 de mayo de 2012
17 de mayo de 2012
©los angeles times
cc traducción c. lísperguer

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