[España / Chile] [Piden procesar a 7 ex jefes de la DINA por asesinato de Soria. Fiscal de la Audiencia Nacional solicitó que se pida a Santiago la extradición de 6 de los imputados y al Gobierno de Washington la del séptimo, Michael Townley. El magistrado estimó que la justicia española es competente para investigar el crimen del diplomático hispano en 1976, porque su persecución en Chile “no ha sido efectiva”.]
La Fiscalía de la Audiencia Nacional española pidió este jueves el procesamiento de 7 ex responsables de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena por su presunta participación en el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria (foto), ocurrido en 1976.
El fiscal Carlos Bautista solicita también al juez Pablo Ruz que se dicten contra ellos órdenes de detención internacional, además de pedir a Chile la extradición de 6 de los imputados y a Estados Unidos la del séptimo.
Justicia Competente
Manuel Contreras suma condenas por cerca de 250 años por diversas violaciones de derechos humanos.
Según el fiscal, que califica los hechos como constitutivos de un delito de genocidio, asesinato y detención ilegal, la jurisdicción española es competente para investigarlos porque su persecución en Chile “no ha sido efectiva”.
El fiscal sostiene asimismo, que el proceso fue cerrado en Chile por una amnistía que “no resulta aplicable en nuestro ordenamiento, a diferencia de lo que sucede con la Ley (de Amnistía) española”, y recalca que supone un “obstáculo que hace imposible la persecución eficaz del delito en el lugar de los hechos”.
Este procedimiento surge a raíz de una querella presentada por la Fundación Española Presidente Allende contra 15 ex militares a los que relaciona con la muerte de Soria y que el juez Baltasar Garzón admitió a trámite en 2001.
Contreras y Townley
Bautista pide el procesamiento del ex director delegado de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda, al considerar que fue quien ordenó “de forma directa” al jefe de la brigada Mulchen, el capitán Guillermo Humberto Salinas Torres, el secuestro y asesinato de Soria.
El resto de peticiones se refieren a los capitanes Jaime Lepe Orellana y Pablo Belmar Labbe, al teniente René Patricio Quiloth Palma y al sargento José Remigio Ríos Sanmartín, todos ellos miembros de esa brigada.
El jefe de la agrupación Quetropillán de la DINA, Michael Vernon Townley Welch, es el séptimo reclamado, ya que, según el fiscal, cedió la casa en la que fue torturado y asesinado el diplomático español porque funcionaba como centro clandestino de interrogatorios.
Tortura y Asesinato
La Fiscalía sostiene que los hechos ocurrieron el 14 de julio de 1976, cuando Soria, que trabajaba para la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe (Cepal) en Santiago de Chile, regresaba a su casa en su vehículo y Ríos Sanmartín y Lepe Orellana -vestidos de carabineros- “pretextaron una infracción de tráfico”, lo detuvieron y se lo llevaron a la vivienda ocupada por Townley.
“Soria fue torturado -maniatado y con la cara vendada- durante varias horas, en las cuales le fracturaron todas las costillas (…) a fin de que les dijera si tenía relación con el Partido Comunista de Chile y cuál era su misión en el país, y ya con la idea de asesinarle y hacer pasar su muerte como un accidente de tráfico, le inyectaron (…) media botella de pisco”, detalla el escrito.
También agrega que el interrogatorio fue dirigido por el capitán Lepe Orellana y en el participaron el capitán Juan Delmas (ya fallecido), Belmar, Quiloth, Ríos y Salinas, que fue el autor del “estrangulamiento manual” del diplomático español.
Para encubrir el asesinato, llevaron el vehículo de Soria y su cadáver hasta el Canal del Carmen y allí hicieron que se precipitara al vacío y tiraron el cuerpo al canal, que fue encontrado el día 16 con una nota -“simulada por sus captores”- en la que un supuesto amigo le contaba presuntas infidelidades de su esposa, dice el documento.
“Autoamnistía” en Chile
El relato del fiscal sostiene que este asesinato se produjo dentro del “proceso de represión sistemática y eliminación de opositores al régimen militar emprendido por la dictadura chilena”, en la que la DINA sólo obedecía y respondía ante la Junta Militar de Gobierno y más tarde, exclusivamente, ante el dictador fallecido Augusto Pinochet.
Bautista recuerda que este procedimiento fue archivado en Chile en 1996 por aplicación de la ley de amnistía, que, a su juicio, es un “acto material de autoamnistía” de la dictadura militar que “se camufló bajo la apariencia de norma jurídica, no obedeciendo a decisión alguna de un parlamento democrático en el ejercicio de la soberanía del país”.
“No fue una reivindicación considerada necesaria e indispensable para desmontar el entramado del régimen militar, sino una garantía de futuro autoconcedida por el régimen. No tuvo un sentido de reconciliación, sino de imposición”, señala el escrito.
24 de mayo de 2012
©la nación
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