[Washington, Estados Unidos] [Tras detención en territorio estadounidense.]
[Charlie Savage] La Cámara de Representantes está preparando una nueva votación sobre una controversia no resuelta legalmente: si las fuerzas armadas pueden encarcelar a sospechosos de terrorismo capturados en territorio de Estados Unidos sin someterlos a juicio. El renovado debate se produce cuando un juez federal ha prohibido que el gobierno implemente una ley que codifica las atribuciones del gobierno en cuanto a la detención indefinida.
Los legisladores están considerando [introducir algunas enmiendas] a la Ley de Autorización de la Defensa Nacional. Una de ellas, patrocinada por el representante Adam Smith, de Washington, demócrata, y el representante Justin Amash, de Michigan, republicano, reduciría una disposición vehementemente impugnada sobre la detención indefinida creada en la versión del año pasado de la ley, estableciendo que no se aplicará a detenciones efectuadas en el territorio nacional.
La disposición creada el año pasado expresaba la aprobación parlamentaria para la idea de que la rama ejecutiva había recibido implícitamente el poder de detener, sin juicio, a miembros sospechosos de al Qaeda, sus aliados y partidarios cuando en 2001 el Congreso autorizó el uso de fuerza militar contra los perpetradores de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Esa disposición fue furiosamente impugnada porque no distinguía entre ciudadanos estadounidenses y personas detenidas en suelo estadounidense. Los legisladores no se pusieron de acuerdo en si esa atribución ya existía o debería existir.
Finalmente decidieron dejar el asunto tal como estaba, agregando un renglón para decir que la disposición no cambiaba el alcance de la autoridad de detención otorgada en2001 –cualquiera fuese.
No es seguro que haya suficiente apoyo para implementar la enmienda Smith-Amash, la que también debería ser aprobada por el Senado. El debate el año pasado provocó una protesta ideológicamente variada contra la posibilidad de usar la detención indefinida en suelo estadounidense, alimentada en parte por conservadores del Tea Party. Y esta semana una resolución puso en duda la disposición sobre la detención indefinida.
Cuando el presidente Obama firmó el año pasado la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, dijo que su gobierno usaría el sistema de justicia penal solamente para tratar casos de terrorismo en suelo estadounidense. Un grupo de escritores y activistas demandaron al gobierno diciendo que tenían miedo de que sus actividades pudieran conducir a su detención indefinida.
El miércoles la jueza Katherine B. Forrest, del Distrito Sur de Nueva York, dictó una medida cautelar temporal bloqueando la implementación de la disposición de parte del gobierno. La magistrada dijo que la vaguedad de la ley –incluyendo lo que vale como el tipo de “apoyo” que podría provocar que una persona fuera detenida –probablemente violaba los derechos de la Primera y la Quinta enmiendas.
Los demandantes incluyeron a Chris Hedges, periodista que escribe extensamente sobre temas relacionados con el terrorismo e interactúa con terroristas como parte de sus reportajes. Otros demandantes incluyeron al pensador disidente Noam Chomsky y a varios partidarios de WikiLeaks.
La jueza Forrest, nombrada por Obama el año pasado, observó que los abogados del Departamento de Justicia se negaron a decir que la conducta de los demandantes no implicaría su detención. Su fallo fue celebrado por defensores de las libertades civiles como una inesperada victoria de los derechos individuales en una época en la que las cortes han en gran parte consentido las ampliadas atribuciones del gobierno en cuanto a la seguridad nacional.
Pero también cosechó una intrigada reacción de algunos juristas, que alegaron que el efecto práctico de la medida cautelar era incierto. Dijeron que no estaba claro que quería decir prohibir la implementación de una ley en la que el Congreso ofrece su interpretación de otra ley, la autorización del uso de la fuerza de 2001.
La jueza Forrest dijo también que su medida cautelar preliminar estaba “pendiente de otras diligencias en esta corte o las medidas correctivas del Congreso, poniendo en discusión la necesidad de diligencias semejantes”. La oportunidad de su decisión se correspondió estrechamente con un renovado intento en la Cámara de imponer límites explícitos a la autoridad del gobierno para usar la detención indefinida en casos que surjan en territorio nacional.
La enmienda ofrecida por Smith y Amash, que podría ser votada el viernes en medio de un gran número de propuestas, diría que las personas detenidas en Estados Unidos, ciudadanos o no, no pueden ser detenidas por fuerzas militares de manera indefinida. Smith y Amash han alegado que la Constitución exige que todo arrestado en territorio de Estados Unidos reciba el juicio habitual y completo.
Otros legisladores han alegado que la gente que se une a al Qaeda –incluso ciudadanos estadounidenses- pueden ser detenidas como prisioneros de guerra, independientemente de donde fueron capturados. En las primeras contiendas antes del debate, algunos críticos de la enmienda –incluyendo al representante Tom Rooney, republicano de Florida- dijeron que los terroristas no deberían recibir derechos adicionales “si logran introducirse ilegalmente en nuestro país”.
El gobierno de Bush clasificó a dos personas detenidas en territorio estadounidense como “combatientes enemigos” –uno de ellos ciudadano de Estados Unidos-, pero fueron ambos trasladados al sistema de justicia penal civil antes de que la Corte Suprema resolviera sobre el caso. En otro caso, la corte aprobó la detención de otro ciudadano estadounidense como detenido en tiempos de guerra después de que fuera capturado en un campo de batalla afgano.
27 de mayo de 2012
27 de mayo de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer
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