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[La CPI ha cometido su cuota de errores. Algunos son problemas de ejecución de su propia hechura. Al mismo tiempo, corre el tóxico riesgo de ser utilizada en beneficio de los objetivos políticos de algunas potencias.]

[Richard Dicker] Hace diez años, cuando el tratado que creó la Corte Penal Internacional entró en vigor, la perspectiva de obligar a jefes de estado y poderosos señores de la guerra a rendir cuenta por asesinatos masivos parecía ciencia ficción.
Hoy los letreros que portan manifestantes sirios exigiendo “Assad a La Haya” son un potente testimonio de que la presencia de la corte se está sintiendo.
Pero mientras crece la influencia de la CPI, su promesa de impartir justicia imparcialmente en los peores casos de crímenes en el mundo corre el riesgo de ser socavada por la política internacional.
La CPI ha cometido su cuota de errores. Algunos son problemas de ejecución de su propia hechura. Al mismo tiempo, corre el tóxico riesgo de ser utilizada en beneficio de los objetivos políticos de algunas potencias.
Para una corte con un mandato para investigar y perseguir judicialmente el delito de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, lo que se juega políticamente es inherentemente alto. Entre sus actuales sospechosos de encuentran dos jefes de estado, un ex vicepresidente, un ministro de defensa, un gobernador de estado y algunos comandantes rebeldes. La corte también está autorizada para imputar a sospechosos durante conflictos armados, una autoridad que algunos dicen que es un obstáculo para alcanzar la paz.
Pero la autoridad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para otorgar atribuciones a la CPI para investigar atrocidades cometidas en países que no son miembros ha aumentado considerablemente el riesgo de contaminación política, porque la legitimidad judicial depende de la no interferencia del gobierno.
El papel del consejo, que ayuda a extender el mandato de la corte para investigar crímenes masivos donde de otro modo no podría intervenir, está garantizado por el estatuto de la CPI. Sin embargo, los problemas de la corte son exacerbados por la dominante influencia de los cinco miembros permanentes del consejo. Tres de estos –Estados Unidos, Rusia y China- no han reconocido a la corte. Mediante su poder de no-ratificación y de veto, se han aislado de la CPI.
También han blindado a presidentes de algunos de los “estados clientes”. Aunque el Consejo de Seguridad ha denunciado a Sudán por la situación en Darfur ante la CPI, Siria personifica este estatus por sobre la ley. El presidente Bashar al-Assad es inmune a la persecución judicial de la CPI debido a la protección rusa.
La lista de “zonas libres de responsabilidad” del Consejo de Seguridad se extiende a otros estados. Incluye Sri Lanka, Israel y los territorios palestinos ocupados.
El uso de este poder de blindar afecta el terreno global en que se mueve la CPI, marcándolo con una fea desigualdad donde la misma ley no se aplica a todos por igual. Algunos gobernantes literalmente se salen con la suya cuando cometen asesinatos sistemáticos, y con ello socava la credibilidad de la corte.
Decididos partidarios de la rendición de cuentas, en su justificado rechazo del obvio doble estándar, ventilan su frustración contra la corte.
Gobernantes de gobiernos represivos, a instigación de estados como Sudán, denuncian cínicamente los prejuicios políticos cuando en realidad lo que temen es el creciente alcance del imperio de la ley. Esos países hablan a menudo sobre la importancia de los juicios nacionales, pero estos a menudo no persiguen a nadie en absoluto. Cuando lo hacen, es frecuentemente en una corte gravemente torcida.
La desigualdad política es también exacerbada por algunos estados poderosos que a veces abogan por la justicia, inician las denuncias en el Consejo de Seguridad, pero luego las dejan caer cuando se alteran las circunstancias políticas.
Examinando este viciado terreno, serios proponentes de la justicia deben llamar la atención sobre el doble estándar, junto con las deficiencias de la corte, y trabajar para corregirlo.
Al mismo tiempo no se sirve ni a la justicia ni a la víctima convirtiéndola en el enemigo perfecto del bien. Negar justicia a los que han sido víctimas de horrendos crímenes en Darfur no proporcionará justicia a las víctimas en Gaza a las que se niega su acceso a la CPI.
Algunas medidas de corto plazo podrían minimizar el escandaloso doble estándar.
Primero, los 121 países que han ratificado el tratado que fundó la CPI –casi dos tercios de la Asamblea General de Naciones Unidas- deben ejercer presión sobre los otros para incorporarlos al club. Otras medidas hacia la universalidad podrían avergonzar al cada día más disminuido círculo de los que se niegan a reconocer a la CPI. Ratificaciones adicionales también implicarían menos impunidad en todas partes.
Segundo, países que se preocupan profundamente sobre la justicia deberían presionar al Consejo de Seguridad para poner fin a la hipocresía y hacer que las denuncias antes la CPI sean aceptadas sobre la base de la gravedad de los delitos, y no sobre la lealtad de los perpetradores. Esto elevaría el coste político de un veto en el Consejo de Seguridad.
Tercero, los países deben usar sus leyes nacionales para perseguir judicialmente a aquellos en su territorio que pudieran ser responsables de graves crímenes cometidos en otros lugares.
Se han hecho avances sin precedentes en cuanto a limitar la impunidad asociada durante largo tiempo con los más graves crímenes internacionales.
Pero los cambios que están en juego son nada menos que geológicos. Nivelar la cancha de la responsabilidad no será fácil, pero depende de esto brindar al mundo una justicia creíble.
[Richard Dicker es director del Programa Justicia Internacional de Human Rights Watch.]
2 de junio de 2012
22 de mayo de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer

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