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[¿Quién está controlando al Ejecutivo? El Congreso debería dejar de pedir memorándums y examinar con atención la política de asesinatos selectivos].

[Vicki Divoll] Durante una reciente sesión de la Comisión Judicial del Senado, el presidente Patrick Leahy y el fiscal general Eric H. Holder Jr., compartieron una risita sobre temas relacionados con el asesinato selectivo de un ciudadano estadounidense por fuerzas del mismo país el año pasado. De acuerdo a los informes de prensa, Leahy recordó al fiscal general, de buen grado, que su comisión estaba todavía esperando una copia de un memorándum confidencial del Ministerio de Justicia en el que se justificaba, con argumentos jurídicos y constitucionales, el asesinato.
Riendo, Holder reconoció que no había acuerdo en el gobierno en cuanto a satisfacer la petición de Leahy. Algunos observadores expresaron sorpresa de que incluso reconociera la existencia de ese memorándum, y menos sugerir que alguien pudiera estar pensando en entregarlo al Congreso.
Ciudadano estadounidense, el sospechoso de estar implicado en actividades terroristas, Anwar Awlaki, nacido en Nuevo México, murió en un ataque de un avión estadounidense no tripulado en Yemen en septiembre del año pasado. Por supuesto, uno esperaría que cuando se propuso el asesinato de un ciudadano estadounidense, debió haberse presentado con un análisis legal, por escrito –y, aparentemente, así fue. Pero el júbilo sobre el derecho del Congreso, o su ausencia, a conocer el memorándum es un triste comentario sobre el estado actual de la separación de poderes entre el Ejecutivo y las ramas legislativas.
Los tribunales han reconocido en repetidas ocasiones que para que pueda realizar sus responsabilidades constitucionales básicas, el Congreso puede y debe obtener información del presidente y de los ministerios y reparticiones de la rama ejecutiva. El hecho de que el memorándum es extra confidencial no es una excusa, ni es probable que pertenezca a la estrechísima doctrina del privilegio del Ejecutivo, tal como fue enunciada por la Corte Suprema. Así que Leahy puede estar legítimamente picado.
Pero que el Congreso reciba o no el memorándum, ¿es realmente el meollo del asunto?
Holder ha descrito públicamente lo esencial del memorándum y es plausible que haya entregado más detalles en sesiones cerradas de la comisión. Pero ¿no debería Leahy pedir a su propia legión de abogados, que son al menos tan competentes como los de la rama ejecutiva que evalúen para él el estado de la ley?
Aquí, en pocas palabras, es lo que probablemente encontrarían: primero, la Corte Suprema (todavía) no ha resuelto que la cláusula del debido proceso de la Constitución prohíbe que el Ejecutivo, sin una revisión judicial, ataque y mate a un ciudadano estadounidense fuera de una zona de guerra. Segundo, no hay leyes que impidan que el presidente ordene una acción semejante. Tercero, cualquier orden presidencial u otras declaraciones de política pública puede ser interpretada de modo tal que impida que ese asesinato limite al presidente. Finalmente, puede ser que la justificación de la legítima defensa es suficientemente fuerte como para responder las interrogantes éticas y morales (aunque no conocemos los detalles de la posición del gobierno).
Así, senador Leahy, ahora puede usted dejar de pedir memoranda que no necesita ni es probable que le entreguen, y ponerse a trabajar. En los años setenta, el Congreso hizo exactamente eso, estudiando minuciosamente las actividades de inteligencia excesivas dentro de la rama ejecutiva. No le gustó lo que encontró, ni le gustó al pueblo estadounidense.
Meses de sesiones de comisiones de la Cámara y del Senado redundaron en nuevas leyes que limitan, principalmente, el poder del Ejecutivo a la hora de clasificar como objetivo militar a ciudadanos estadounidenses. Entonces estábamos indignados de que nuestros teléfonos pudieran ser interferidos sin una orden judicial y el Congreso aprobó la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera de 1978, la que exige control judicial. Con respecto a los asesinatos selectivos, la presión del Congreso obligó al presidente Ford a emitir una orden presidencial prohibiendo totalmente los asesinatos, aunque en esos días sólo estábamos matando a extranjeros.
Ahora estamos atacando no solamente los teléfonos sino la vida de estadounidenses y no existe ninguna doctrina constitucional ni legal ni orden presidencial que gire sobre el asunto. Es aquí donde los fundadores habrían esperado que la legislatura lo examinara seriamente.
Los fundadores –todos ellos realistas en política- no se sorprenderían, sin embargo, con el ensordecedor silencio sobre el tema en el Capitolio. Presumiblemente, la mayoría republicana en la Cámara está a favor de una estrategia agresiva, y la mayoría demócrata en el Senado podría mostrarse reluctante a dirigir la carga contra una estrategia adoptada por uno de los suyos en la Casa Blanca. Pero Leahy quiere hacer algo, así que está poniendo a prueba la supervisión pidiendo públicamente los memorándums antes que realizar sesiones para examinar si, una vez más, pudiéramos necesitar leyes para refrenar los excesos del Ejecutivo.
En los años setenta, el Congreso decretó la garantía de la revisión judicial antes de que el Ejecutivo pudiera realizar operaciones de espionaje electrónico de ciudadanos estadounidenses y de no-ciudadanos, dentro de Estados Unidos, por no confiar en que el Ejecutivo tomara esas decisiones por su propia cuenta. Y en 2008, la ley fue modificada para proteger los teléfonos y el correo electrónico de los estadounidenses también en el extranjero.
Leahy debería redirigir su atención, dejar de pedir esos memorándums al Ministerio de Justicia y concentrar su energía en el verdadero problema al que se enfrenta el Congreso: ¿debería el presidente de Estados Unidos poder ordenar el asesinato de un ciudadano estadounidense sin ninguna revisión excepto la de los propios asesores del Ejecutivo?
[Vicki Divoll es ex abogado general de la Comisión de Inteligencia del Senado y actualmente enseña administración política y la Constitución en la Academia Naval de Estados Unidos].
6 de junio de 2012
25 de marzo de 2012
©los angeles times
cc traducción c. lísperguer

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