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[Qué está pensando el otro lado sobre la despenalización de la marihuana. Editorial del conservador The Washington Post].

El gobernador de Nueva York, Andrew M. Cuomo (demócrata) anunció este mes que presentará una nueva política sobre la marihuana en el Estado de Nueva York, en la que la tenencia pública de pequeñas cantidades de marihuana pasa de ser un delito penal a una infracción con una multa de cien dólares. California, Connecticut y un puñado de otros estados ya tienen leyes similares y en Nueva Jersey los legisladores empezaron a considerar la adopción de una versión de esa política el mes pasado.
A medida que la marihuana se hace culturalmente más aceptable y que los legisladores han analizado los abultados costes de las políticas anti-marihuana estrictas, estados y localidades han propuesto toda una plétora de malas maneras de aflojar las penas. Cuomo es más sensible que muchos otros.
El año pasado, la policía de Nueva York detuvo a cincuenta mil personas –la mitad de menos de veinticinco años y el 82 por ciento negros o latinos- por tenencia pública de marihuana, y muchas de ellas fueron arrestadas durante los polémicos procedimientos de detención y cacheo. Aunque los fiscales no siempre acusan a los detenidos, los arrestos por marihuana, incluso por la tenencia de pequeñas cantidades de la droga, pueden manchar los antecedentes de una persona, haciendo más difícil que pueda encontrar empleo o alejarse de la delincuencia a gran escala. Eso no parece ni justo ni deseable.
Sin embargo, muchas de las maneras en que algunos estados y funcionarios locales –o, en algunos casos, votantes- han tratado de aflojar las restricciones sobre la marihuana tampoco han sido inteligentes. En los años setenta, ciudades como Berkeley, California, prohibieron explícitamente a la policía que implementara las ordenanzas contra la marihuana del estado, las que socavaban el respeto básico de las leyes. Más recientemente, algunos estados han experimentado con la “marihuana médica” como una suerte de una apenas velada legalización. Colorado y el estado de Washington considerarán la legalización total este noviembre, lo que podría aumentar drásticamente el consumo de la droga y entraría en directo conflicto con la política federal.
¿Quizás la respuesta es, entonces, que los departamentos de policía o los agentes individuales hagan la vista gorda en lugar de detener a todo joven sorprendido con un porro? Eso podría conducir a una implementación arbitraria de la ley y a una disparidad racial de los detenidos.
La solución de Cuomo reconoce el reto de mantener el respeto por la ley sin enviar a grandes cantidades de jóvenes a la cárcel por violaciones de poca monta a la ley contra la marihuana. El gobernador seguirá imponiendo un castigo –la multa de cien dólares- y es más probable que la policía aplique la ley de manera consistente. Eso mejoraría la implementación y aumentaría la aceptación de la política de “ventanas rotas”, que reposa en la idea de que la policía no debería dejar que los delincuentes de poca monta se salgan con la suya.
La opinión pública parece estar moviéndose hacia el aflojamiento de las leyes contra la marihuana, quizás eventualmente hacia la legalización de la droga. A medida que los líderes reaccionan, deben también seguir oyendo los legítimos reclamos del otro lado del debate sobre la seguridad pública, los daños que provoca el uso de drogas, la honestidad en el diseño de políticas y el respeto por la ley.
19 de junio de 2012
14 de junio de 2012
©washington post
cc traducción c. lísperguer

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