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[La injustificable privatización del sistema carcelario está minando las funciones del estado].

[Paul Krugman] En los últimos días, el New York Times ha publicado varios espeluznantes informes sobre el sistema de los centros de reinserción de Nueva Jersey, que son gestionadas por particulares y un componente normal del sistema carcelario. La serie es un modelo de periodismo de investigación y debería ser leída por todo el mundo. Pero también hay que verla en su contexto. Los horrores descritos son parte de una estructura más amplia en la que las funciones fundamentales del estado están siendo privatizadas y degradadas.
Antes que nada, sobre esos centros de reinserción: en 2010, Chris Christie, el gobernador del estado –que mantiene estrechos lazos personales con la Community Education Centers [Comunidad de Centros de Educación], el más grande operador de estos establecimientos, y que en el pasado fue cabildero de la empresa-, describió las operaciones de la empresa diciendo que representaba “lo mejor del espíritu humano”. Pero en lugar de eso los informes del Times muestran algo más parecido al infierno que otra cosa: un sistema con carencia de personal, pobremente administrado, con una fuerza de trabajo desmoralizada, del que escapan a menudo peligrosísimos individuos para cometer sus estragos, mientras que infractores de relativa poca peligrosidad deben sobrevivir al terror y abusos que sufren a manos de otros reos.
Es una historia terrible. Pero, como dije, tenemos que examinarlo en el contexto más amplio de una iniciativa nacional de parte del derecho de Estados Unidos a privatizar las funciones del estado, incluyendo sobre todo la administración de prisiones. ¿Qué está detrás de esta iniciativa?
Podríamos tentarnos y decir que la iniciativa refleja la creencia conservadora en la magia del mercado, en la superioridad de la economía de libre mercado sobre la planificación del estado. Y es así ciertamente como los políticos de derecha quieren formular el problema.
Pero si lo pensamos un instante, nos daremos cuenta de que una cosa que las empresas que forman el complejo carcelario industrial –empresas como Community Education o el gigante de las cárceles privadas, la Corrections Corporation of America- definitivamente no están haciendo, es competir en un mercado libre. En lugar de eso, están viviendo de los contratos del estado. Allí no existe el mercado y por ello tampoco ninguna razón para esperar avances mágicos en eficiencia.
Y, obviamente, pese a las numerosas promesas de que la privatización de las cárceles implicará importantes ahorros en los costes, esos ahorros –como concluía un comprehensivo estudio de la Oficina de Ayuda Jurídica [Bureau of Justice Assistance], del Ministerio de Justicia de Estados Unidos- “simplemente no han ocurrido”. Si los operadores privados de las cárceles logran ahorrar dinero, lo hacen a través de “reducciones de personal, beneficios marginales y otros costes en el trabajo”.
Así que veamos: las cárceles privadas ahorra dinero empleando menos gendarmes y otros empleados, y pagándoles mal. Y entonces oímos historias de horror sobre cómo se administran esas cárceles. ¡Qué sorpresa!
¿Qué hay detrás realmente de la iniciativa de privatizar las cárceles, y prácticamente todo lo demás?
Una respuesta es que la privatización puede servir como una forma encubierta de pedir préstamos el estado, en la que los gobiernos evitan registrar los gastos de operaciones (o incluso recaudar dinero vendiendo instalaciones existentes) mientras aumentan los costes a largo plazo de modos que los contribuyentes no pueden ver. Oímos a menudo sobre las deudas ocultas en que han incurrido estados bajo la forma de pensiones, pero no sabemos nada sobre las deudas ocultas que se están acumulando bajo la forma de contratos a largo plazo con empresas privadas contratadas para administrar prisiones, escuelas y otros servicios.
Otra respuesta es que la privatización es un modo de deshacerse de los empleados públicos, que tienen el hábito de sindicalizarse y tienden a votar por los demócratas.
Pero ciertamente la principal respuesta es seguir el dinero. Qué importa lo que la privatización haga o no haga con los presupuestos de los estados; en lugar de eso, pensemos en lo que significa tanto para los cofres de las campañas y las finanzas personales de los políticos y sus amigos. A medida que más y más funciones del estado son privatizadas, los estados se convierten en paraísos por encargo en el que tanto las contribuciones políticas y los contratos para los amigos y parientes se han convertido en un quid pro quo para conseguir negocios con el estado. ¿Están las empresas captando a los políticos, o los políticos a las empresas? ¿Importa?
Ahora, ciertamente alguien señalará que el gobierno no-privatizado tiene sus propios problemas de influencia impropia, que los sindicatos de gendarmes y maestros también tienen repercusiones en la arena política y estas repercusiones a veces distorsionan las políticas públicas. Es justo. Pero esa influencia tiende a ser relativamente transparente. Todo el mundo sabe sobre las pensiones públicas demostrativamente excesivas; se necesitó una investigación de siete meses del Times para sacar a la luz el infierno de los centros de reinserción.
El punto, entonces, es que no debemos pensar que lo que descubrió el Times sobre la privatización de las cárceles en Nueva Jersey es un ejemplo aislado de mala conducta. En realidad, es casi ciertamente una ventana a la envolvente y creciente realidad de la presencia de un nexo corrupto de privatización y patronazgo que está minando al estado en gran parte de nuestro país.
22 de junio de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer

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