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[Fuerzas armadas colombianas proponen rebaja de penas, incluyendo los casos de falsos positivos, que dicen que fueron crímenes cometidos en tiempos de guerra].

[Claudio Lísperguer] El gobierno colombiano viene anunciando desde hace años que los autores de ejecuciones extrajudiciales de civiles (mérici) no implicados (no guerrilleros) en el conflicto civil en Colombia, llamados popularmente “falsos positivos”, serían llevados a justicia y juzgados severamente. El comandante en jefe de las fuerzas militares colombianas, general Freddy Padilla, declaró en 2008, en relación con el asesinato de cerca de treinta jóvenes del barrio de Soacha en Bogotá, que sus perpetradores, que esperaba no fueran militares, serían castigados severamente (“si se comprueban conductas indebidas, seremos absolutamente severos”).
Los falsos positivos son usualmente jóvenes señalados por reclutadores para ser asesinados, vestidos con el uniforme de la guerrilla y declarados como combatientes muertos en combate. El gobierno, que efectivamente pregona el asesinato de los enemigos, pagaba hasta el año pasado, 2.500 dólares por cada guerrillero asesinado. Los militares empezaron a matar a civiles para cobrar las recompensas. Hasta hoy, han asesinado a más de 3.350 colombianos, pero solo 170 militares han sido condenados. El relator de la ONU para Colombia concluyó que estos asesinatos eran sistemáticos y formaban parte de un plan centralizado. Pero la evidente implicación de las fuerzas armadas no ha sido investigada nunca.
Los falsos positivos son civiles no implicados en el conflicto que opone a paramilitares y militares contra guerrilleros en el campo colombiano. Los asesinatos forman parte de una campaña de limpieza social dirigida por las fuerzas armadas. Los militares consideran que los chicos pertenecen a categorías de personas que no tienen derecho a la vida: jóvenes pobres, desempleados, delincuentes juveniles, vendedores ambulantes, homosexuales, drogadictos y discapacitados mentales y físicos.
Es chocante que ahora, desaparecidos el general Padilla y su protector el ex presidente Álvaro Uribe, tanto el gobierno como las fuerzas armadas, después de denunciar y condenar estos asesinatos, decidan ahora considerar esos crímenes como acciones cometidas en tiempos de guerra y propongan una suerte de amnistía encubierta, haciendo equivaler los delitos cometidos por guerrilleros con los cometidos por militares y paramilitares, sin considerar la índole de los delitos. Según la amnistía propuesta, matar a un chico de 18 justificando el crimen diciendo que era comunista para cobrar la recompensa es lo mismo que herir a un enemigo en el campo de batalla. Para hacer más aceptable esta aberrante propuesta, las fuerzas armadas proponen rebajar las penas tanto de militares como guerrilleros para poner fin al conflicto. En realidad, el gobierno colombiano ya empezó a implementar la llamada justicia transicional, que permite que los más atroces crímenes queden prácticamente impunes –con una pena máxima única de ocho años- si sus autores confiesan y reparan sus crímenes, como es el caso de los paramilitares. Ahora lo que quieren las fuerzas armadas y el gobierno simplemente es incluir en este acuerdo los delitos comunes cometidos por miembros de las fuerzas armadas, entre ellos los 3.350 asesinatos de falsos positivos.
¿Cómo o qué entender con la idea de que estos secuestros y asesinatos fueron cometidos en tiempos de guerra y que por ello no merecen ser tratados con la misma severidad con que lo haría la justicia civil? ¿Engañar a un civil inocente, trasladarle bajo engaño a otra ciudad y entregarlo a militares que lo asesinarán enseguida para cobrar la recompensa es un delito comprensible en tiempos de guerra? Este es un punto de vista indefensible. Quizá los perpetradores no entiendan todo el horror que implica que unos militares, que exigen privilegios por su lucha contra las guerrillas, y licencia para matar, vuelvan las armas contra ciudadanos inocentes o no implicados en el conflicto, muchas veces en zonas ajenas al conflicto, para asesinarles por un motivo pueril: cobrar una recompensa exigua que, además, debía ser compartida con otros. Está claro que estos militares ven como presa a su propia población civil.
Pero la espantosa magnitud de estos crímenes (3.350 o más desde 2001), y la práctica impunidad de la inmensísima mayoría de ellos (170 casos llevados a juicio), hace sospechar que la verdad es mucho más espantosa y que incluso el motivo de la recompensa puede ser secundario o simplemente una pista falsa. Es imposible entender que hayan ocurrido y sigan ocurriendo en todo el país ni que no se haya eliminado la recompensa por comunista muerto. Por lo que se deducido de los casos llevados a tribunales, muchos de los soldados que participaron en esos asesinatos simplemente obedecieron órdenes. Es también significativo que los soldados que participaban en esos crímenes recibían beneficios de sus superiores, como ascensos y vacaciones.
Es evidente que la campaña de ejecuciones extrajudiciales de civiles viene desde arriba. No se trata de crímenes aislados y ocasionales. Esta es una estrategia que fue implementado en Colombia a escala nacional desde 2001. Junto con los paramilitares, las fuerzas armadas colombianas montaron un plan de exterminio de personas de categorías sociales vulnerables.
En 2008, cuando se descubrió el caso de Soacha, se especulaba que las fuerzas armadas, con estos asesinatos, inflaban la lista de bajas del enemigo y causaban la impresión de que iban ganando el conflicto que ahora quieren que se llame guerra. Es una conducta aberrante, pero militarmente comprensible si crees que tienes un enemigo. Se trata de hacerle creer al enemigo que vas ganado la guerra, de empujarlo a tomar decisiones que ya has calculado de antemano. Esos asesinatos son una maniobra de guerra. (Como, por ejemplo, la falsa desmovilización de una compañía guerrillera que no existía).También se secuestra y hace desaparecer para intimidar a la población civil. Muchos de estos asesinatos son además ejecutados de manera conscientemente torpe, como poniendo armas en el brazo derecho de un zurdo, o clasificando como terrorista a un discapacitado mental, o vistiendo a las víctimas con tallas arbitrarias. Se describe el crimen mal porque francamente no importa. Ese es el mensaje de terror que querían difundir las fuerzas armadas. Que van a hacer lo que quieren. Otros podrían argumentar, como hacían los paramilitares justificando el asesinato de campesinos inocente, que sólo eliminaban preventivamente a personas que podrían eventualmente ser reclutadas por la guerrilla.
Pero estos crímenes eran, además, sistemáticos y atacaban solo a algunas categorías sociales. El propósito de las campañas de “limpieza social” era exterminar a categorías sociales vulnerables –como discapacitados mentales y físicos, vendedores ambulantes, delincuentes juveniles y otros pobres- a los que los militares colombianos negaban el derecho a la vida. De paso se llenaban los bolsillos. Como ese general chileno que vendía en el mercado los dientes de oro que extraía de los detenidos que asesinaba.
Bueno, por todo eso me parece simplemente espantoso que el ejército colombiano, después de haber condenado abiertamente esos crímenes y anunciado penas severas, se empeñe ahora en que esos crímenes fueron cometidos en el contexto de una guerra en gran parte imaginaria. Hasta la intuición se horroriza cuando las fuerzas armadas que deben defender el país asesinan a sus propios ciudadanos diciéndoles que son demasiado pobres o demasiado retardados como para tener derecho a la vida, e inscriben esos crímenes en la lucha contra la subversión. Corren ahora los colombianos el grave peligro de que los autores de estos atroces crímenes queden impunes y no sepa nunca la verdad sobre la desaparición y muerte de sus seres queridos.
lísperguer

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