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[Washington, Estados Unidos] [Jueces prohíben pena de prisión perpetua prescriptiva para menores de edad].

[Adam Liptak y Ethan Bronner] Cerca de dos mil menores que cumplen penas de prisión perpetua calificada (sin posibilidad de ser excarcelados) recibieron el lunes una buena noticia de parte de la Corte Suprema de Justicia. La corte falló que las leyes que determinan que jóvenes condenados por homicidio sean sentenciados prescriptivamente a la pena capital viola la Octava Enmienda, que prohíbe los castigos crueles o inusuales.
El fallo de cinco votos contra cuatro dividió a la corte a lo largo de líneas ideológicas. El juez Anthony M. Kennedy se unió a los cuatro miembros del ala liberal. El juez Kennedy también entregó el voto decisivo en otros dos fallos dictados el lunes –sobre la ley de inmigración de Arizona y en una secuela de la decisión de la corte en el caso de la campaña de finanzas de Citizens United.
Escribiendo para la mayoría en el fallo sobre los delincuentes juveniles, la jueza Elena Kagan, dijo que la Constitución prohíbe “exigir que todos los menores condenados por homicidio sean condenados a reclusión perpetua sin posibilidad de liberación, independientemente de su edad y características relacionadas con la edad y la naturaleza de sus delitos”.
Al prohibir la pena perpetua por asesinatos cometidos antes de los dieciocho, la jueza Kagan se basó en dos precedentes, ambos en el ámbito de la jurisprudencia sobre la pena de muerte.
El primero tiene que ver con las severas penas impuestas a delincuentes juveniles. En 2005, en el caso Roper v. Simmons, la corte eliminó la pena de muerte para menores. En 2010, en el caso Graham v. Florida, la corte falló que sentenciar a delincuentes juveniles a prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación también era inconstitucional, pero solo por delitos que no implicaran homicidios. Esa decisión afectó a cerca de 130 reos condenados por cometer, antes de cumplir los dieciocho, delitos como violación, asalto a mano armada y secuestro.
El segundo fallo no trazó una línea categórica. En lugar de eso, la mayoría recurrió a una segunda línea de casos, aquellos que prohíben las sentencias de muerte obligatorias e insistiendo en lugar de eso en que jueces y jurados, en palabras de la jueza Kagan, “consideren las características de un acusado y los detalles de su delito antes de dictar sentencia”.
Los casos ante el tribunal tenían que ver con dos hombres implicados en asesinatos cuando tenían catorce años.
Uno de ellos, Kuntrell Jackson, acompañaba a otros dos muchachos mayores cuando intentaron asaltar una videoteca en Arkansas en 1999. Uno de los chicos mayores disparó y mató al dependiente.
El otro, Evan Miller, y otro chico mayor, golpearon a un vecino de 52 años en 2003 en Alabama después de que los tres pasaran la noche fumando marihuana y bebiendo. Los chicos incendiaron su casa; el vecino murió por inhalación de humo.
El problema con las sentencias obligatorias, escribió la jueza Kagan, es que “los menores reciben la misma sentencia que todo el resto –los de diecisiete y los de catorce, el que disparó y el cómplice, el niño de una familia estable y el niño de una familia caótica y violenta”.
“La sentencia obligatoria a perpetua para un menor excluye la consideración de su edad cronológica y sus rasgos característicos, entre ellos la inmadurez, la impetuosidad, y la incapacidad de evaluar riesgos y consecuencias”, agregó la jueza Kagan. “Impide tomar en cuenta a la familia y el entorno familiar –y del cual normalmente no puede desprenderse-, por más que sean brutales o disfuncionales”.
Bryan Stevenson, director ejecutivo de Equal Justice Initiative, un bufete sin fines de lucro de Alabama que representó a los acusados en el fallo, la describió como “una importante victoria para los menores de edad”.
“El fallo de hoy exige que los tribunales de menor cuantía realicen nuevas audiencias en las que los jueces tendrán que considerar el carácter individual del menor y sus circunstancias de vida, incluyendo la edad, así como las circunstancias del delito”, dijo. Pero agregó que las nuevas sentencias deben ser iniciadas por los reos, que muchos de ellos no tenían recursos para pagarse un abogado, y que la Corte Suprema dijo que los reos que pedían nuevas audiencias no tenían derecho constitucional a la defensa.
De acuerdo a la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, cerca de 2.500 reos están cumpliendo sentencia de reclusión perpetua por delitos cometidos cuando eran menores, incluyendo más de dos mil –el ochenta por ciento- sentenciados según el sistema de sentencias obligatorias prohibidas el lunes por la corte.
Estados Unidos es uno de los pocos países que no han firmado la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que prohíbe las sentencias perpetuas calificadas y la ejecución de menores de dieciocho, dijo Connie de la Vega, profesora de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Francisco. También dijo que mientras muchos países ejecutaban a más criminales que Estados Unidos, pocos tenían leyes que permitan encarcelar a un adulto –para no mencionar a los menores- de por vida sin la posibilidad de excarcelación.
Los jueces Kennedy, Ruth Bader Ginsburg, Stephen G. Breyer y Sonia Sotomayor se unieron a la jueza Kagan en su opinión en los dos casos unificados, Jackson v. Hobbs, No. 10-9647, y Miller v. Alabama, No. 10-9646.
En una deliberación, el juez Breyer, respaldado por la jueza Sotomayor, dijo que la Octava Enmienda también debería prohibir las sentencias a reclusión perpetua calificada para menores que participaron en delitos que terminaron en homicidios, pero que no tenían la intención de matar.
El presidente del tribunal supremo, John G. Roberts Jr., en una recomendación disidente respaldada por los jueces Antonin Scalia, Clarence Thomas y Samuel A. Alito Jr., dijo que la corte estaba confundiendo decencia con indulgencia. Agregó que las sentencias más severas y obligatorias se habían introducido solo a partir de los años ochenta, haciendo difícil alegar que su abolición fue parte de la evolución de las normas de decencia del país.
“Es una terrible tragedia cuando un menor comete un homicidio –sobre todo para las víctimas inocentes”, escribió el juez Roberts. “Pero también para el asesino, cuya vida se torció tan tempranamente. Y también para la sociedad, que ha perdido a uno de sus miembros en un acto de violencia deliberada, y debe castigar severamente a otro”.
En una disidencia separada leída desde el estrado, una inusual ocasión que indicaba la profundidad del desacuerdo con la opinión mayoritaria, el juez Alito hizo un alegato similar con palabras más duras.
“Incluso un menor de diecisiete años y medio que pone una bomba en un centro comercial lleno de gente o asesina a tiros a una docena de estudiantes y profesores es un ‘menor’ y debe tener la posibilidad de convencer al juez de que permita su reingreso en la sociedad”, escribió sobre las consecuencias del fallo mayoritario. “Nada en la Constitución justifica esta usurpación de la autoridad legislativa”.
30 de junio de 2012
26 de junio de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer

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