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[Washington, Estados Unidos] [Sin embargo, mantiene partes clave de la ley de Arizona].

[Robert Barnes] La Corte Suprema derogó el lunes varias partes cruciales de la severa ley de Arizona contra los inmigrantes ilegales, pero dejó inalterada una polémica disposición que obliga a la policía a controlar la situación de residencia de las personas que detiene y sospecha que residen ilegalmente en el país.
El dictamen, adoptado por cinco contra tres votos, mantiene la disposición llamada popularmente “muéstreme sus papeles”, fue emitido con la advertencia de que los tribunales deben velar por su implementación. El gobernador de Arizona, Jan Brewer (republicano) se declaró victorioso y dijo que la policía podía implementar la ley sin recurrir a un perfilamiento racial.
Pero el fallo, que refuerza la primacía del gobierno federal en cuanto a la política de inmigración, también reivindicó la decisión del gobierno de Obama de impugnar la ley de Arizona casi desde el momento en que fue aprobada.
Los jueces resolverán el jueves sobre la constitucionalidad de la prioridad más importante del presidente Obama ante la corte: la ley del seguro médico, su logro doméstico más destacado. Será el último día de un periodo que ha estado dominado por preguntas sobre las atribuciones del gobierno federal.
La decisión sobre inmigración se produce cuando el tema ocupa un lugar central en la vida política y en la agenda del país, pese a que la cantidad de inmigrantes ilegales que llegan al país se ha reducido. Es probable que sea solo uno de una serie de fallos de la corte sobre el papel que deben jugar los estados en la lucha contra la inmigración ilegal; cinco estados han adoptado leyes similares a la de Arizona, y otros esperan la ocasión.
Hace poco Obama encendió una nueva polémica al anunciar que muchos inmigrantes menores de treinta años que fueron traídos ilegalmente a este país por sus padres, no serían deportados. En un inusual momento el lunes, el juez disidente Antonin Scalia mencionó la política de Obama cuando habló desde el estrado criticando el dictamen de la mayoría.
En los alegatos orales sobre la ley de Arizona, los jueces parecieron escépticos de la visión del gobierno sobre el rol subordinado que deben jugar los estados en asuntos de inmigración.
Pero el juez Anthony M. Kennedy deletreó el rol limitado de los estados, pese a que reconoció las críticas de que el fracaso del Congreso y del Poder Ejecutivo para elaborar una estrategia de inmigración comprehensiva ha conducido a serias dificultades.
“Arizona puede tener comprensibles frustraciones por los problemas que causa la inmigración ilegal mientras continúa ese proceso”, escribió, “pero el estado no puede adoptar políticas que socaven las leyes federales”.
La corte rechazó tres disposiciones semejantes de la ley de Arizona. Declaró que los estados no pueden convertir en delito que los inmigrantes no lleven consigo documentos de residencia; no pueden criminalizar que un inmigrante ilegal busque empleo; no pueden autorizar a agentes de policía de los estados a que detengan a alguien basándose en la impresión de que la persona ha cometido un delito que hace posible su deportación.
Kennedy redactó el dictamen que fue aprobado por el juez presidente John G. Roberts Jr. y los jueces Ruth Bader Ginsburg, Stephen G. Breyer y Sonia Sotomayor. La jueza Elena Kagan se inhabilitó en el caso, presumiblemente porque había trabajado en este cuando se desempeñaba como procuradora general de Obama.
Scalia y los jueces Clarence Thomas y Samuel A. Alito Jr. escribieron dictámenes disidentes del fallo. Al leer su recomendación, Scalia dejó en claro la intensidad de su desacuerdo.
“Arizona ha tomado decisiones para proteger su soberanía –no en contradicción con las leyes federales, sino que en completa conformidad con ellas”, escribió. “Si defender su territorio de esta manera no está dentro de las atribuciones de Arizona, deberíamos dejar de referirnos a este estado como estado soberano”.
Scalia apuntó contra la nueva política de deportaciones de Obama en la declaración que leyó desde el estrado, así como en su opinión disidente, aunque el tema no estaba en la agenda de la corte.
“La gestión de escasos recursos policiales puede difícilmente ser la justificación de esto, ya que esos recursos serán consumidos enteramente por los considerables costes administrativos del programa de no implementación, que requerirá hasta 1.4 millones de controles de antecedentes y fallos bianuales sobre las peticiones de dispensación”, dijo Scalia.
Continuó: “Pero decir, como hace la corte, que Arizona contraviene las leyes federales al implementar aplicaciones de la ley federal de inmigración que el presidente Obama se niega a implementar me deja pasmado”.
Brewer, en una declaración, acentuó el lado positive del fallo sobre la ley de su estado. “Después de más de dos años de escollos jurídicos, lo esencial del proyecto 1070 puede ser ahora implementado con conformidad con la Constitución de Estados Unidos”, dijo.
Dijo que la ley no resultará en perfilamientos raciales: “Sobre la implementación de la ley se exigirá rendición de cuentas si la ley es mal usada de modo que viole los derechos civiles de los individuos”.
Los jueces dejaron en claro en los alegatos orales que no estaban examinando las acusaciones de que la disposición que permite que la policía controle la situación de residencia podría conducir a perfilamientos raciales. Kennedy explicó en su decisión que debido a que el gobierno había impugnado la ley antes de su implementación, ahora sería impropio bloquearla.
Pero dijo que las cortes deberían estar atentas. “Esta opinión no extingue el derecho de prevención y las impugnaciones constitucionales de la ley según se interpretó y aplicó después de su entrada en vigor”, escribió.
El gobierno de Obama ha adoptado una dura posición contra la ley de Arizona y otras leyes similares en la mayoría de los otros estados que las han implementado. Sus abogados fueron tempranamente a tribunales para bloquear el proyecto 1070 y ganó tanto a nivel de las cortes de distrito como en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos.
En una declaración el lunes, Obama dijo que estaba “complacido de que la Corte Suprema haya derogado disposiciones clave de la ley de inmigración de Arizona”. Agregó que la resolución deja en claro “que el Congreso debe iniciar una reforma comprehensiva de la inmigración”, ya que “un retazo de leyes estatales no es una solución para nuestro averiado sistema de inmigración”. Al mismo tiempo, dijo, sigue “preocupado sobre el impacto práctico” de la parte de la ley que quedó en pie.
“Ningún estadounidense debería vivir nunca bajo una nube de sospechas solo por su aspecto [físico]”, dijo Obama. “Debemos asegurarnos de que los agentes de policía de Arizona no implementen esta ley de manera que socaven los derechos civiles de los estadounidenses, como reconoce el fallo de la Corte”.
El candidato presidencial Mitt Romney dio a conocer una declaración que no incluye ningún comentario sobre los detalles del fallo, pero en lugar de eso dice que el fallo “subraya la necesidad de un presidente que vaya a la cabeza en este crítico tema y trabaje con los dos partidos para elaborar una estrategia nacional de inmigración”.
Obama “ha fracasado a la hora de ofrecer liderazgo sobre el tema de la inmigración”, dijo el ex gobernador de Massachusetts.
Romney no habló con los periodistas que lo acompañan en su viaje de campaña a Arizona y sus asesores se negaron a decir si está de acuerdo con la resolución de la Corte Suprema o si apoya la política de inmigración de Arizona.
“El gobernador apoya el derecho de los estados de elaborar leyes de inmigración cuando el gobierno federal no las proporciona”, dijo el portavoz Rick Gorka. “Eso es todo lo que vamos a decir sobre este caso”.
El caso es Arizona v. Estados Unidos.
[N.C. Aizenman y William Branigin en Washington y Philip Rucker en Scottsdale, Arizona, contribuyeron a este reportaje].
6 de julio de 2012
25 de junio de 2012
©washington post
cc traducción c. lísperguer

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