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[No es justo imponer al acusado, que tiene un IQ de 70, que demuestre su retraso mental con exigencias más estrictas que las normales para que se conmute su condena a muerte por presidio perpetuo calificado. Editorial NYT].

Hace diez años la Corte Suprema de Justicia federal abolió la pena de muerte para condenados con discapacidad mental, pero aparentemente Georgia no se ha enterado. Es el único estado con una ley que exige que el acusado satisfaga la onerosa e injusta exigencia de probar su retraso mental más allá de toda duda razonable. Esta estricta norma puede ser fácilmente manipulada por expertos, lo que podría resultar en ejecuciones inconstitucionales.
En una resolución aprobada con cuatro contra tres votos, la Corte Suprema del estado mantuvo erróneamente la ley sobre la base de que la Corte Suprema de Estados Unidos dejó a los estados la elaboración de procedimientos para decidir sobre el retraso mental. Esta injusta exigencia en realidad niega la protección debida a los discapacitados mentales, como exige la Octava Enmienda.
Esta semana, Georgia emitió una orden de ejecución de Warren Lee Hill Jr., un convicto por homicidio en el corredor de la muerte que tiene un IQ de setenta. La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Georgia es la válvula de seguridad del sistema penal del estado, que tiene el mandato de ejercer misericordia cuando el sistema judicial no logra llegar a un veredicto justo. Este es claramente el caso. El juez de primera instancia constató que Hill era mentalmente retardado al aplicar la normativa más justa de la “preponderancia de la prueba” a la hora de determinar su discapacidad mental.
Sin embargo, la Corte Suprema del estado resolvió que Hill tenía que probar su retraso mental más allá de toda duda razonable. La recomendación disidente argumentó correctamente que aplicar el criterio más severo es inconstitucional porque supone un riesgo muy alto de que el fallo de la corte sea erróneo. Esta recomendación descansó en la Corte Suprema de Estados Unidos que sostiene que es inconstitucional exigir que el acusado pruebe que es incompetente para ser sometido a juicio según normas más altas que la preponderancia de la prueba.
La Corte de Apelaciones del Decimonoveno Circuito de Estados Unidos evitó corregir el grave error constitucional de la corte, alegando que una ley federal impone severos límites sobre la aceptación del recurso de amparo, de modo que Hill tenía que demostrar que “ningún jurista justo” podía aceptar el dictamen de la corte de Georgia. En junio, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó reconsiderar el caso de Hill. Será ejecutado este mes.
Los jurados del caso dijeron que ellos habrían sentenciado a Hill a prisión perpetua calificada si hubiesen tenido esa opción. La familia de la víctima declaró que Hill no debería ser ejecutado. La junta de indultos tiene la discreción y el deber de conmutar su sentencia por prisión perpetua a firme. Los antecedentes objetivos y jurídicos imponen claramente este fallo justo.
7 de julio de 2012
6 de julio de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer

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