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[La ejecución de Carlos DeLuna muestra que una pena de muerte más rápida y barata es una idea peligrosa].

[James S. Liebman] Este otoño los californianos votarán si abolir o no la pena de muerte. Los proponentes de la moción dicen que es necesaria porque la pena capital es demasiado cara. Los opositores argumentan que los costes pueden ser reducidos racionalizando el sistema.
Pero sea que uno esté contra o a favor de la pena capital, tratar que el proceso sea más barato y rápido es una idea terrible y peligrosa.
Hace poco mis co-autores y yo publicamos los resultados de una amplia investigación de cuatro años sobre la ejecución de Carlos DeLuna en Texas, un joven latino con el intelecto de un niño que fue condenado por homicidio. Su caso recorrió los tribunales. Todo el proceso, desde su detención hasta la inyección letal, sólo tomó seis años –la mitad del promedio nacional para casos capitales.
Sin embargo, ahora está prácticamente comprobado que DeLuna era inocente. Sólo una acusación y un proceso de apelación más cuidadoso y consecuentemente más largo y caro podrían haber evitado la tragedia.
Durante nuestra investigación, cuatro detectives y más de una decena de estudiantes de derecho revisaron cientos de documentos obtenidos en los archivos jurídicos públicos de Texas, entrevistaron a más de cien personas y encargaron a expertos la realización de nuevos análisis forenses.
En breve, así es cómo se descarrilló la justicia.
DeLuna fue arrestado en 1983 y acusado de asesinar a Wanda López, una madre soltera que fue apuñalada hasta la muerte con un cortaplumas cuando trabajaba en una tienda de abarrotes en Corpus Christi.
DeLuna estaba en los alrededores y –contó después- vio a un hombre atacar a López, un hombre al que conocía. Cuando oyó las sirenas, huyó porque, como explicó más tarde, estaba con libertad condicional y no quería tener problemas con la policía.
Cuarenta minutos después del asesinato, la policía detuvo a DeLuna oculto debajo de una camioneta. DeLuna no tenía manchas en sus ropas, pese a que el sitio del suceso estaba lleno de sangre y el asesino y su víctima habían forcejeado mientras ella se desangraba. Ninguna evidencia física, ni muestras de ADN o huellas digitales relacionaban a DeLuna con el crimen. La principal evidencia contra él fue la identificación de un solo testigo ocular nocturno después de que la policía lo llevara esposado a la escena del crimen.
Una cinta con los informes de la radio policial indica que los agentes persiguieron durante treinta minutos a otro hombre antes de que DeLuna atrajera su atención a un kilómetro y medio de distancia. Sin embargo, los jurados y la defensa nunca lo supieron. Eso lo descubrimos en la cinta veinte años después.
Desde el momento de su detención, DeLuna insistió en que él no había cometido el crimen. En el patrullero que lo llevó a la comisaría se ofreció para ayudar a la policía a cambio de que lo ayudaran a él. Más tarde dio a sus abogados y a su familia el nombre del hombre que dijo que había visto cometer el asesinato: Carlos Hernández.
En la época, la insistencia de DeLuna en que otro hombre había cometido el crimen fue desechada. Carlos Hernández era un “fantasma” de la imaginación de DeLuna, dijo un fiscal al jurado. El hombre no había podido ser localizado, dijeron los abogados a DeLuna y su familia. Probablemente Hernández ni siquiera existía, concluyó el juez federal que trató su caso a toda prisa en el proceso de apelación.
Pero, como reveló nuestra investigación, Carlos Hernández no sólo existía; era conocido por la policía como un delincuente violento que había asaltado varias gasolineras, que tenía una notoria predilección por los cortaplumas –como el que abandonó en la escena del crimen- y una inclinación para usarlos, además de otras armas, contra mujeres. Hernández había sido hacía poco el principal sospechoso del asesinato de otra mujer, a la que le habían grabado, con un cuchillo, una X en la espalda. Su descripción inicial se ajustaba mucho mejor que DeLuna al hombre que había atacado a Wanda López.
Poco después del asesinato en la gasolinera, un detective de la policía informó haber oído de informantes que Hernández había dicho que él, no DeLuna, había matado a la dependienta. En realidad, como descubrió nuestra investigación, Hernández pasó años fanfarroneándose en Corpus Christi de que él, no DeLuna, había cometido ese crimen. Los dos hombres se parecían tanto entre sí que incluso sus propios familiares los confundían en las fotos.
Es una tragedia cuando muere una víctima y se ejecuta a un hombre equivocado. Es peor cuando el culpable continúa aterrorizando a otros.
Dos meses después del asesinato de López, Hernández fue detenido con un cuchillo frente a una tienda de abarrotes. Varios meses después, atacó a otra mujer y sus hijos con el mango de un hacha. Poco antes de la ejecución de DeLuna, Hernández usó un cortaplumas para hacer una incisión en el estómago de una joven latina –un crimen del que reconoció su culpabilidad. Sin embargo, nadie se tomó la molestia de comunicar a los abogados de DeLuna o a los tribunales que Hernández el “fantasma” estaba preso en Corpus Christi.
Diez años después de la ejecución de DeLuna, Hernández murió de una enfermedad al hígado en una cárcel de Texas. Tenía 44 años y estaba nuevamente en prisión por atacar a un vecino con un cuchillo.
Las fallas en el sistema que condenó a DeLuna –un testimonio ocular falso, una representación legal deficiente y evidencias que no fueron comunicadas a la defensa- continúan haciendo correr riesgo de ejecución a personas inocentes. Cameron Willingham, David Spence, Ruben Cantu, Larry Griffin, Gary Graham y Troy Davis son algunos de los reos ejecutados pese a las evidencias de que no eran culpables. Lo que no sabemos es cuántos más, como Carlos DeLuna, han sido ejecutados erróneamente sin que nadie se enterara.
El caso de DeLuna desmiente el mito de que podemos salvar la pena de muerte generando ejecuciones más “rápidas y sucias”. La pena de muerte está resquebrajada. Estados como California han tratado, con importantes esfuerzos y costes, de arreglarla, pero han fracasado. La única solución es abolirla.
[James S. Liebman es profesor de derecho de la Universidad de Columbia y principal autor de ‘Los Tocayos Carlos’, un extenso estudio del caso de Carlos DeLuna que fue publicado en el número de primavera de la revista Columbia Human Rights Law Review].
13 de julio de 2012
1 de junio de 2012
©los angeles times
cc traducción c. lísperguer

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