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[Argentina] [Ledesma iniciará acciones legales porque se señalizó la complicidad de la empresa con la dictadura. A Blaquier le molesta verse en un cartel. La semana pasada, la Secretaría de Derechos Humanos y el gobierno jujeño impulsaron la instalación de carteles marcando lugares en los que la empresa azucarera colaboró con la represión ilegal. Pedro Blaquier, citado por la Justicia, contraatacó.]

[Alejandra Dandan] El Ingenio Ledesma parece estar inquieto. Mientras gota a gota, van apareciendo nuevas pruebas de lo que los sobrevivientes y ex detenidos políticos denuncian desde hace 36 años como la relación entre la compañía de Pedro Blaquier y los ejecutores del terrorismo de Estado, el empresario acaba de anunciar que iniciará acciones legales para exigir que saquen los carteles del frente del Ingenio, que señalan el lugar como uno de los espacios donde se cometieron crímenes de lesa humanidad. “Recurriremos a la Justicia para que el cartel sea removido”, indica el comunicado de la empresa ubicado en el portal oficial. “Ya que se trata de un prejuzgamiento explícito en una causa judicial que investiga hechos del año 1976, de los que somos totalmente inocentes.” El cartel tiene ya algunas señales de daño.
La política de señalización de espacios que estuvieron ligados a los crímenes del terrorismo de Estado avanza en todo el país, en ocasiones antes de que esos mismos lugares sean señalados con sentencias judiciales. Como sucedió hace años con los escraches, los organismos de derechos humanos, los ex detenidos y las políticas del Ejecutivo van instalando marcas que empiezan a funcionar en los distintos territorios como espacios de memoria, e impulsan a la vez procesos de reconocimiento social. El miércoles pasado eso sucedió en el departamento General San Martín de Jujuy. En el cruce de la Ruta 34, ante la frontera que marca el comienzo del polo industrial y la entrada al barrio de los poderosos directivos del ingenio, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y distintas áreas del Ejecutivo provincial instalaron un letrero de las mismas características que el que se colocó en la planta de Ford en marzo de este año.
Con muchísimo cuidado, el cartel da cuenta de lo que sostienen los testimonios que están en el Archivo Nacional de la Memoria –continuación de la Conadep–, dice Judith Said, encargada del archivo. En ese sentido, bajo el nombre de la empresa y la definición de “Aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad”, el letrero recoge una descripción de los hechos que durante años vinieron denunciado los ex detenidos sobrevivientes y las familias de los desaparecidos. “En este departamento de Ledesma, previo al golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 y con mayor intensidad desde esa fecha –dice al comienzo–, las fuerzas armadas y de seguridad detuvieron ilegalmente a obreros, ex trabajadores y delegados sindicales que reclamaban por sus derechos laborales ante la empresa Ledesma, así como a sus familiares, militantes políticos y sociales.”
Los carteles se replicaron en otros tres espacios del mismo departamento. Lugares por donde pasaron los secuestrados: la comisaría de Calilegua y la sede de la comisaría y la Gendarmería que están aún ubicadas adentro del barrio de la empresa, a metros de la llamada La Rosadita, la mansión de los Blaquier, a la que los lugareños reconocen como el espacio desde donde él mismo intentó emular las condiciones estéticas del poder.
Los carteles que llevan los logos de los organismos del Estado que trabajaron en la instalación ahora son motivo de críticas de parte de la empresa, que emitió un comunicado este último domingo.
“El 11 de julio pasado, organizaciones de DD.HH., con el apoyo de las secretarías de DD.HH. de la Nación y de la provincia de Jujuy, instalaron un cartel ilegal frente a la planta de producción de Ledesma S.A.A.I., ubicada en Libertador General San Martín (Jujuy), que pretende vincular a la empresa con el terrorismo de Estado ejercido durante la década del ’70”, indica. “Manifestamos nuestro más enérgico repudio a esta acción ilegal, que vulnera nuestros más elementales derechos.” Y luego de hablar del repudio, explicaron que “no existe una sola sentencia judicial contra Ledesma S. A. ni contra ningún empleado o directivo de Ledesma en ninguna causa de derechos humanos, mucho menos por la falsa acusación contenida en ese cartel”.
El comunicado continúa. No hace ninguna mención a la intrincada trama judicial que impidió durante años avanzar con la causa. No explica por qué, por ejemplo, uno de sus abogados fue antes juez federal de las causas que tenían a Blaquier entre los principales denunciados, en el boca a boca que durante años sostuvieron las víctimas y sus familiares. Habla, en cambio, de “este ataque a Ledesma” y a la “moral de sus empleados y directivos”. Menciona nuevamente las “agresiones de las que fue víctima” en las últimas semanas, en un escenario que refuerza la lógica de la victimización. Y agrega: “En este contexto de agresiones permanentes a sus derechos, Ledesma S. A. ratifica una vez más que nunca prestó camionetas a la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983, ni colaboró con ese gobierno de facto de modo alguno. Ledesma es una empresa argentina agroindustrial con más de cien años de vida. Emplea a casi 8000 personas y lidera los mercados del azúcar y papel para impresión, y el de cuadernos y repuestos escolares”.
Blaquier, en este momento, tiene dos frentes judiciales abiertos en la provincia, por las causas de lesa humanidad. Por un lado, la indagatoria todavía pendiente por las víctimas de la Noche del Apagón y la causa en la que está el ex intendente de General San Martín, Luis Arédez. Por otro, y casi sin quererlo, su nombre empieza a aparecer en el contraplano del primer juicio oral que empezó la semana pasada. Si bien allí no está entre los imputados, las testimoniales que vayan reconstruyendo el universo y las pruebas de las víctimas podrían ponerlo en escena. El viernes pasado, de hecho, empezó a suceder. En ese caso, el nombre de la empresa apareció en la declaración indagatoria de un imputado Mariano Braga, ex teniente, integrante de las patotas de secuestro. Aunque dijo que él era inocente de todo, Braga dio un dato del que la fiscalía tomó nota. “Una vez tuve un incidente con una camioneta de Ledesma que trasladaba a gendarmes”, dijo. Y explicó que su auto casi choca con un vehículo del ingenio de Pedro Blaquier. La camioneta, según contó, se dirigía al penal de Villa Gorriti, un dato que para la fiscalía y las querellas refuerza la hipótesis del vínculo entre la empresa y los ejecutores del terrorismo de Estado.
Desde el pueblo de Ledesma, en tanto, siguen llegando noticias. Los carteles todavía están en pie. Sin embargo, el más grande de todos, y más simbólico, aquel que está en el ingreso del Polo industrial, éste por el que está enojado Blaquier, amaneció en los últimos días con algunos agujeros. Para algunos las huellas de posibles piedrazos.
Los Testimonios Siguen Aún en la Feria
En una señal destinada a todo el Poder Judicial de la provincia de Jujuy, esta semana y la próxima continuarán las audiencias del primer juicio oral de lesa humanidad pese a la feria judicial. Miércoles, jueves y viernes declararán varios testigos a través de una video conferencia desde la sede del Consejo de la Magistratura en Buenos Aires. El primer testigo será Juan Martín, un ex integrante de la Juventud Universitaria Peronista y Montoneros que estuvo detenido ilegalmente en un centro clandestino de Tucumán antes de exiliarse. Martín es uno de los testigos convocados en la causa de Julio “Pampero” Alvarez García, una de las 43 víctimas del juicio, detenido en febrero de 1976 en Tucumán y luego liberado y vuelto a secuestrar en agosto de ese año en Jujuy, desde cuando continúa desaparecido.
La decisión de continuar con las testimoniales pese a la feria no es un dato menor. Está basada en el retraso histórico que tuvo el desarrollo de este juicio en Jujuy y la búsqueda de encontrar un conjuro para acelerarlo. El tribunal está integrado por René Casas en ejercicio de la presidencia, Mario Juárez Almaráz y Daniel Morín, de Jujuy, Salta y Buenos Aires, respectivamente. Morín y la cuarta jueza (suplente), Fátima Ruiz López, fueron designados desde la Cámara de Casación de Buenos Aires.
El testimonio de Juan Martín es esperado por las querellas. Inés Peña, la compañera de Julio “Pampero” Alvarez García, es una de las que lo está esperando hace tiempo. Inés declaró el sábado pasado, identificó al represor Mario Rafael Braga como la persona que encañonó a su suegro el 21 de agosto de 1976 entrando a la casa para llevarse a su esposo. Braga la estaba escuchando. “Sentí presión pero por las actitudes de él, de su mujer y el abogado defensor –dice Inés–, porque estábamos al lado y nos sentíamos mirados.”
17 de julio de 2012
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