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[Cada vez más los jueces de tribunales estaduales envían a la cárcel a deudores e imponen penas pecuniarias y multas para rellenar el presupuesto judicial. Estas son prácticas indefendibles. Editorial NYT].

Un principio del sistema jurídico estadounidense es que trata igual a ricos y pobres. La Corte Suprema lo dejó en claro en 1970, 1971 y 1983, fallando que es fundamentalmente injusto y viola la igualdad de protección ante la ley garantizada por la Constitución que un juez encarcele a un indigente o a una persona desempleada porque no puede pagar una multa por exceso de velocidad o por una falta.
Sin embargo, se ha vuelto rutinario que los jueces envíen a prisión a personas para hacerles pagar multas incluso cuando no tienen dinero para ello. Como informó Ethan Bronner la semana pasada en el Times, los condenados por faltas que no pueden pagar una multa o que adeudan honorarios o servicios son a menudo encarcelados.
Y los autores de delitos graves que han cumplido sus sentencias en la cárcel a menudo son enviados de vuelta cuando no pueden pagar multas u honorarios porque en la prisión no pudieron ganar dinero. A menudo estos acusados no son informados de que tienen derecho a un abogado nombrado por el tribunal para impugnar sus detenciones.
Este devastador problema ha empeorado terriblemente en los últimos años como resultado de tribunales estaduales con aprietos de presupuesto que buscan fuentes de ingreso y más gente pobre que nunca terminan enredadas en el poder judicial. Durante décadas las estructuras judiciales estaduales han sido relegadas en el proceso presupuestario y a menudo se encuentran sin recursos. Desde que empezara la recesión, los tribunales han empezado a velar por sí mismos imponiendo honorarios por los abogados defensores penales para tapar las brechas en el presupuesto. En el condado de Cambria, Pensilvania, por ejemplo, la Corte de Causas Comunes dictó veintiséis emolumentos a una mujer condenada por un delito relacionado con drogas, incluyendo ocho dólares por sellos postales y uso de ordenadores del tribunal.
Estas prácticas orientadas a la recaudación de ingresos se ven empeoradas por el creciente uso de firmas de cobranza que trabajan para los tribunales. Agregan sus propias y onerosas tarifas para engordar sus ganancias y han presionado a jueces para emitir órdenes de detención contra personas morosas, sin ninguna necesidad aparente de considerar la capacidad de pago de la persona.
Las autoridades judiciales de los estados deben oponerse a estas prácticas indefendibles. Deberían exigir que los jueces de primera instancia evalúen la capacidad de pago de los individuos y reduzcan las multas a lo que puedan pagar los infractores o dictar penas de servicio comunitario en lugar de imponer multas. También deben controlar y sancionar a los jueces que continúan permitiendo que los pobres sean encarcelados, burlándose de la Constitución, de fallos de la Corte Suprema y de nuestro sentido básico de justicia.
[La imagen viene del blog Mark Wellaw].
21 de julio de 2012
14 de julio de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer

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