[Corte Suprema debe poner fin definitivo a las prácticas discriminatorias y humillantes que permite la actual ley anti-latinos del estado de Arizona. Editorial NYT].
Cuando el sheriff Joe Arpaio fue a juicio esta semana en Arizona por discriminación contra latinos y por usurpación de atribuciones federales con sus extensas redadas contra inmigrantes indocumentados, una coalición de individuos y organizaciones interpuso una demanda relacionada en otra corte federal. La acción judicial pide a la corte que prohíba la implementación del Artículo 2(B) del proyecto de ley 1070, la notoria ley de Arizona que compele a los cuerpos de policía del estado a implementar el método de Arpaio de acosar y someter a humillaciones [a los inmigrantes ilegales].
El mes pasado, la Corte Suprema rechazó la premisa de la ley 1070 sobre la base de que la formulación de la política exterior –de la cual forma parte la ley de inmigración- es una atribución federal. Pero mantuvo el artículo de la ley que obliga a los inmigrantes a mostrar sus documentos de residencia cuando así se los exigen los agentes de policía que deben controlar la situación de inmigración de las personas que paran en la calle, y arrestarlas o detenerlas si los agentes tienen una “sospecha razonable” de que la persona se encuentra ilegalmente en el país. El dictamen mayoritario del juez Anthony Kennedy dijo que la corte no podía asumir que la ley sería aplicada de modos reñidos con las leyes federales sino hasta que entrara en vigor –como ocurrió después del fallo.
El proyecto para acoger el Artículo 2(B) “implica exigencias adicionales, evidencias, y lesiones irreparables más allá de lo que la Corte Suprema podía presumir”. La recusación justifica perjuicios tan obvios e inconstitucionales que el juez no necesita mayor prueba sobre los efectos del artículo para bloquearla. La Legislatura “quería explícitamente que el Artículo 2(B) codificara las prácticas” de Arpaio, dice la moción, incluso después de que sus atribuciones fueran restringidas por investigaciones anteriores y recusaciones de su discriminación racial. Las prácticas a las que se refiere la demanda incluyen prolongadas paradas y detenciones de latinos para verificar sus documentos de residencia o para otros propósitos relacionados con la inmigración. Comentarios públicos de funcionarios policiales dejan pocas dudas de que tenían la intención de utilizar estas tácticas.
Estas prácticas no las contempla la legislación federal y viola la Cuarta Enmienda de la Constitución, que prohíbe los cacheos y requisas irrazonables debido al largo tiempo que implican las paradas y detenciones. Además violan la práctica de la igualdad ante la ley debido a la intención discriminatoria del Artículo. La moción dice: “Un ánimo discriminatorio permeó la secuencia de acontecimientos que condujeron al Artículo 1070, influyó en la interpretación de la ley de los legisladores y finalmente inundó toda la legislación con prejuicios anti-latinos y anti-mexicanos”.
Los querellantes también están solicitando a la corte acoger otra ley de Arizona, que convierte las presuntas violaciones de la ley federal contra el otorgamiento de refugio [a los inmigrantes documentados] en un delito estadual. La ley federal prohíbe introducir en Estados Unidos a inmigrantes indocumentados, o protegerlos. Las cortes han acogido leyes similares en Georgia, Alabama y Carolina del Sur.
A menos que se bloqueen las dos leyes de Arizona, los perjuicios que pueden sufrir los querellantes son severos y aterradores: lo que Arpaio ha hecho contra demasiados latinos, y lo que la legislatura de Arizona tenía la intención de infligir sobre muchos latinos más.
[Foto viene del blog Vecinos en Conflicto].
28 de julio de 2012
21 de julio de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer
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